La Xunta de Galicia elimina el servicio presencial de enfermería 24 horas en las grandes residencias de mayores

Las grandes residencias de mayores de Galicia dejarán de tener la obligación de contar con personal de enfermería de forma presencial las 24 horas del día. Un cambio en la orden que regula los requisitos de los centros que atienden a ancianos en la comunidad elimina esta exigencia, que se aplicaba hasta ahora en las instalaciones con más de 40 personas aunque, según denuncian los sindicatos, los incumplimientos en esta materia eran la tónica general.

La nueva orden se publicó el 13 de diciembre en el Diario Oficial de Galicia y entrará en vigor en enero -el texto fija un plazo de 20 días para que se empiece a aplicar-. Modifica solo los requisitos de personal de las residencias para personas mayores. Con el texto vigente hasta ahora, aprobado en 1996, se hacía una distinción entre los centros con menos y más de 40 residentes. Para el primer caso señalaba simplemente que “la vigilancia y cuidado de la salud” debía estar garantizada con “personal cualificado para esta función” y que es necesaria la “presencia localizada” (es decir, no se pedía presencia física en el centro) de médico y personal de enfermería “durante las 24 horas”. Por encima de 40 plazas asistidas, sin embargo, establecía que, “además de la presencia localizada del personal médico, deberán contar con la presencia física del ATS o DUE (personal de enfermería) las 24 horas”.

La nueva redacción elimina esa referencia a las 24 horas. Mantiene que en todos los casos es necesaria la presencia localizada de personal médico, pero para el de enfermería introduce ratios. Cuando las personas atendidas no tengan dependencia o la tengan de grado I, la ratio será de una enfermera o enfermero por cada 50 residentes (ratio de 0,02). Si la situación de dependencia de las personas atendidas es de grado II o III, será al menos un trabajador de enfermería por cada 30 residentes (ratio de 0,03). El servicio, desde ahora, será presencial aunque no se alcancen las 40 plazas. La Consellería de Política Social asegura que “todos los centros, con independencia de su tamaño, tienen la obligación de tener presencialmente personal de enfermería”. Es decir, cuando trabajen, tendrán que estar físicamente en la residencia, pero ya no se exige que sea las 24 horas ni se aclara cuánto tiempo tienen que estar.

El sindicato CIG denuncia que esta modificación “profundiza en el camino de la precarización y la mercantilización de los cuidados” y “empeora las ratios establecidas en la resolución publicada hace año y medio por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales”. Insiste en su reclamación de que lo que necesitan los centros de mayores es un refuerzo de personal para aliviar la “sobrecarga laboral”, que aseguran que se da con especial gravedad en las residencias privadas o de gestión privatizada. Un informe del Laboratorio Envejecimiento en red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con datos a septiembre de 2022 mostraba que en Galicia el 77,4% de las plazas son privadas y solo el 22,6% son públicas. Desde entonces se han incorporado nuevos centros a la red gallega, como los donados por la Fundación Amancio Ortega en Santiago y Lugo, pero cuya gestión la Xunta decidió dejar en manos de entidades privadas.

La Consellería de Política Social defiende la nueva orden como un cambio de enfoque: “Se establece el cuidado centrado en la persona”. Antes, argumenta, el valor que se tenía en cuenta eran las plazas autorizadas, pero ahora sostiene que “se personalizan las ratios de enfermería en función de las necesidades de cuidado de las personas residentes”. Se refiere a que la proporción de trabajadores es mayor cuando el grado de dependencia es también mayor.

El departamento que dirige Fabiola García recuerda que hasta ahora, en las residencias de menos de 40 plazas, no se exigía que hubiese un enfermero o enfermera de manera presencial, pero con la nueva norma sí debe estar físicamente en las instalaciones. Eso sí, esa presencia física “no va en función de las franjas horarias, sino que se establece en función de las necesidades de cuidados de enfermería que tengan los usuarios”. La orden no concreta mínimos en cuanto a las horas o los momentos del día en los que estos trabajadores deben estar en la residencia. La Xunta añade que esto mismo se aplica al personal de atención directa en general, para el que no se establecen tampoco franjas horarias, sino que se fija en función del grado de dependencia.

Personal que asume tareas para las que no está especializado

La orden mantiene otros aspectos que ya recogía el texto de 1996, como que todo centro residencial debe contar con la figura de un responsable o que el personal debe ser “el adecuado en número y especialización para prestar los servicios correspondientes”, sin más concreción. La ratio mínima para el personal de atención directa -dentro del que se incluye el gerocultor y el sanitario- en régimen de jornada completa es de 0,2 por usuario (es decir, uno por cada cinco residentes) en los módulos de persona con autonomía. En cuanto a los dependientes, la ratio sube a 0,35, es decir, un trabajador por cada casi tres personas.

La CIG critica los cambios introducidos y recuerda las reiteradas denuncias sobre que, ni siquiera en los centros con mayor número de residentes suele haber personal de enfermería en los turnos de noche. Estas ausencias, recalca el sindicato, provocan que sean otras trabajadoras, como las gerocultoras, las que tengan que asumir tareas como las de suministrar las medicinas a los residentes, pese a que “no tienen la cualificación ni los conocimientos para estas tareas, con el riesgo que esto implica”. Lamenta, además, que una revisión que ha tardado casi 30 años en llegar “no mejore nada la calidad del servicio”.

Existe otro punto en la gestión que hace la Xunta de las residencias de mayores que concentra las quejas de los trabajadores: la derivación de pacientes psiquiátricos menores de 65 años a estos centros pensados para personas mayores. Estos pacientes, llegan a unas instalaciones que no tienen ni personal especializado para tratarlos ni cuentan con protocolos específicos, lo que ya ha derivado en protestas y conflictos.