El Consell de Mallorca ha asegurado que la gratuidad del túnel de Sóller “está garantizada” y que el equipo de gobierno de la institución insular “hará todo lo posible para que el impacto económico sea el menor para los mallorquines”.
Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, Fernando Rubio, en una rueda de prensa, en la que ha calificado de “capricho político” y “grave irresponsabilidad” la decisión del equipo de gobierno de aquel entonces de rescatar el túnel.
Igualmente, ha mostrado su “absoluto respeto” por la sentencia del Tribunal Supremo y por el poder judicial, “a diferencia de las manifestaciones de los responsables del rescate, MÉS y PSIB, que lo que tendrían que hacer es pedir disculpas y asumir responsabilidades políticas”.
En esta línea, Rubio ha recordado la sentencia, que anula el rescate del túnel impulsado en 2017 y que “pone de manifiesto que no está justificado en ningún caso el interés público”. Por lo tanto, “desmonta de forma clara y rechaza las intenciones que defendió el Consell en su momento”.
De este modo, ha indicado que la institución insular se encuentra en una situación procesal y que el órgano judicial competente determinará en su momento el importe de esta indemnización. Así, ha recordado que ya se pagaron 16,2 millones de euros de indemnización y que la empresa reclamaba un total de 31 millones de euros.
Sobre esto, ha asegurado que los miembros del PP que se encontraban en la oposición en ese momento, ya advirtieron de “cuáles podían ser las consecuencias” y “desafortunadamente se han producido”.
“Si el gobierno de MÉS y PSIB hubiera esperado los cinco años de la prorroga del rescate, el coste de la gratuidad sería cero”. Por ello, ha trasladado un mensaje de “tranquilidad y responsabilidad” porque “continuará la gratuidad del uso del túnel”.
Asimismo, ha hecho hincapié en la “grave irresponsabilidad” del gobierno de MÉS y PSIB de esa legislatura liderada por el entonces presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido. “Es una muestra de una gestión política nefasta que compromete los bolsillos de los mallorquines y la gestión del equipo de gobierno actual”, ha añadido el conseller.
Así, ha cuestionado “cuántas residencias se hubieran podido mejorar con este dinero, cuántas ayudas se podrían destinar a personas desfavorecidas o qué inversiones se podrían haber destinado para mejorar la red viaria”. Por este motivo, ha considerado que los responsables políticos tendrían que “pedir perdón a los ciudadanos, actuar con responsabilidad seriedad y rigor, y tendrían que manifestar respeto absoluto a las sentencias judiciales”.
Sobre cómo se garantizará que el impacto para los mallorquines sea el menor posible, Rubio ha indicado que los servicios jurídicos del Consell “están analizando y estudiando” la sentencia y, el Consell “tendrá que hacer un trabajo jurídico y profesional”. Así, no ha querido “adelantar nada”.
En cuanto a las declaraciones de MÉS per Mallorca, que ha este jueves ha señalado que el Consell paga cada año 12 millones de euros al año a la concesionaria de la carretera de Manacor, Rubio ha dicho que no tiene ese dato pero que “no se tienen que mezclar 'ous amb caragols'” y que “lo que dice la sentencia es que el rescate es nulo y que se ha hecho al margen de la legalidad”.
Por último, el conseller ha señalado que “el problema” es la diferencia entre lo que pedía la concesionaria --31 millones de euros-- y lo que finalmente recibió --16,2 millones de euros--. “Quedan pendientes aproximadamente 15 millones de euros”, ha añadido.
En este sentido, ha reiterado que el Consell “hará todo lo posible para que el impacto económico sea el menor posible” con el objetivo de “proteger las arcas públicas”. Así, ha insistido en “la tarea jurídica de la abogacía que tendrá un papel fundamental, porque todo esto se hará en sede judicial”.