PP y Vox han llegado este miércoles a un acuerdo para investir a Marga Prohens como presidenta del Govern balear a cambio de la participación de Vox en los consells insulars de Mallorca y Menorca -con carteras aún por definir- y del cumplimento de 110 medidas programáticas. En el documento firmado este miércoles, al que ha tenido acceso elDiario.es, el PP asume gran parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar en solitario las Islas.
PP y Vox buscan “dotar a las Islas Baleares de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos” y, para ello, ponen su foco en aspectos como “la protección de la mujer” -en el documento no se habla en ningún momento de la violencia machista- y “la seguridad de los ciudadanos de Baleares, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias”.
El documento habla de “defender la unidad de España”, al tiempo que reconocen “la pluralidad y diversidad de todos los pueblos que la conforman”, aunque apostillan: “Acabaremos con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación, promoviendo la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”.
Ambas formaciones han acordado “garantizar la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”, en lo que podría ser interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de “dividir a los españoles”, en vez de una herramienta para reparar las heridas de la dictadura franquista y la Guerra Civil.
No en vano, PP y Vox derogarán la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, que ha permitido recuperar los restos de más de 220 víctimas del franquismo, bajo el alegato de que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”. Sí se compromete a realizar políticas para facilitar la recuperación, en general, de “personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos”, y a evitar la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico.
Cambios en la escuela
Uno de los principales campos de batalla de Vox ha sido cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán, pensado para garantizar que todos los estudiantes conocen la lengua propia del archipiélago, que se encuentra en retroceso en comparación con el castellano. El acuerdo entre PP y Vox prevé lo siguiente: “En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”.
“Modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística -sigue el acuerdo-, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública”. Este último punto puede referirse a los requisitos de acreditar el idioma catalán para conseguir un puesto de trabajo en la administración balear, como sucede en la sanidad pública.
También van a modificar la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como todas aquellas normas de rango inferior “que impiden el bilingüismo y la libertad de opción de lengua en los trámites y comunicaciones de la administración”. “Garantizaremos el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sea contestado en la lengua que desee”, aseguran.
Además, PP y Vox aseguran un “modelo educativo (...) libre de adoctrinamiento ideológico” en Balears, sin especificar qué entienden por adoctrinamiento, por lo que podrían atacar desde las políticas educativas feministas, a favor del colectivo LGTBI o de la memoria histórica. En esta línea, abren la puerta al polémico pin parental: “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas. Además, implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad”.
Las dos formaciones suspenderán la actual aplicación de la LOMLOE -van a optar por “recuperar las notas numéricas en base al criterio profesional y pedagógico del docente- y aprovechan para regar con dinero público a los centros concertados: ”Garantizaremos los recursos necesarios de todos los centros financiados con fondos públicos, sean de la red pública o de la red concertada, para asegurar a las familias una oferta educativa variada en cuanto a proyectos educativos. Los centros de educación concertada no sufrirán discriminación alguna respecto a los centros público“.
PP y Vox eliminarán la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, pensada para defender a los catalanoparlantes en situaciones de discriminación. Para ellos, el ente “ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística” y, por ello, crearán una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística “para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”.
Contra la eutanasia y las personas trans
Los dos partidos quieren “reivindicar la familia como célula básica de la sociedad” y, para ello, prevén, entre otras acciones, aprobar “una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares”. También incluyen en este apartado, llamado 'políticas sociales y familia', la voluntad de desarrollar una ley para “asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”.
Otro de los objetivos de PP y Vox es la derogación de la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans, y modificar la ley autonómica “para garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte”. Y añaden: “En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que ninguna mujer sufra discriminación alguna. El Gobierno se personará en las causas judiciales en defensa de las federaciones deportivas y las mujeres frente a los perjuicios causados por la conocida como ley trans”.
La violencia es “intrafamiliar”, no machista
“Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores”, comentan en el pacto, que en ningún momento utiliza la expresión “violencia machista”. También comentan: “Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer. Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental”.
Entre otras medidas, PP y Vox quieren “identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del sí es sí, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra comunidad”, y pedir al Congreso de los Diputados que “exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres”. Igualmente, se pedirá la derogación inmediata de esa Ley, “sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente”.
“Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente”, continúa el artículo, en referencia a las jóvenes tuteladas por el Consell de Mallorca que sufrieron abusos sexuales. En relación a los menores, prevén aprobar una nueva Ley de Infancia que incluya diferentes puntos, como “medidas de apoyo, información y protección de la mujer embarazada, especialmente en situaciones de vulnerabilidad”.
“Ataque a la propiedad privada”
Otro de los puntos en los que ambas formaciones se muestran más beligerantes es el que respecta a la vivienda y la propiedad privada: “Acabaremos con las políticas intervencionistas, prohibicionistas y de ataque a la propiedad privada desarrolladas por los gobiernos de izquierda en los últimos ocho años, que han convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de las familias de Balears, con un aumento sin precedentes tanto del precio de compra como del precio de los alquileres, que, sumado al aumento del coste de las hipotecas, obliga a las familias a destinar cada vez más recursos a la vivienda y que dificulta cada vez más la emancipación y la formación de una familia a los más jóvenes”.
Mientras responsabilizan a los últimos pactos de izquierdas de la problemática de la vivienda, Vox y PP eluden, sin embargo, atribuirla a la imparable subida de precios derivada de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión o la compra extranjera masiva por parte de quienes ostentan un mayor poder adquisitivo, lo que supone un obstáculo para la población local, incapaz de hacer frente a los desorbitados coste, e incluso conlleva a la escasez de trabajadores en el sector turístico.
PP y Vox contemplan, en esta línea, crear un Programa de Alquiler Seguro basado en la intermediación del gobierno entre propietarios de viviendas vacías y personas que buscan vivienda para alquilar, con el que los propietarios que se adhieran pongan en alquiler sus viviendas a precios accesibles, “con el atractivo de tener garantías de cobro, de que la vivienda se rehabilite para su alquiler y de poder recuperarla en buen estado”. Asimismo, prevén aprobar una nueva deducción en el IRPF para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, además de ampliar los límites y los beneficiarios de la deducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF.
“Crearemos un programa de Build to Rent, de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la promoción de viviendas en alquiler a precio tasado”, anuncian conservadores y ultraderechistas, que prevén construir nuevas promociones de vivienda pública en régimen de alquiler social para aquellas familias o personas más vulnerables y garantizar fondos de ayudas para el alquiler, además de facilitar a los ciudadanos la compra de su primera vivienda habitual mediante un sistema de avales hipotecarios Hipoteca Joven para cubrir el 20% que no prestan los bancos y la supresión o reducción a la mitad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Se comprometen, además, a aprobar una nueva Ley de Vivienda así como un Decreto Ley de emergencia habitacional dentro de los seis primeros meses de legislatura y a revisar también toda la legislación en esta materia que “no ha dado solución al acceso a la vivienda”.
“Inmigración ilegal”, “ocupación” y “creciente inseguridad”
Respecto a la seguridad, PP y Vox señalan que, “en el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado”; exigirán al Gobierno central que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quienes ocupen ilegalmente una vivienda y “permitan luchar contra las mafias de la ocupación”, y crearán una Oficina de Defensa de Víctimas de la Ocupación y teléfono de atención permanente para el “asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”.
Asimismo, los dos partidos vinculan la inmigración ilegal con la 'okupación' y con la “creciente inseguridad”, para lo que aprobarán un plan de choque inmediato, a la vez que quieren garantizar “la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir”. “Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley”, añade el documento.
PP y Vox hablan, además, de la “evolución de las llegadas de pateras a las costas de Balears” y del establecimiento de una “ruta migratoria consolidada”, parta lo cual se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamarán al Gobierno central la puesta en marcha de nuevos Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior (SIVE) en Balears.
Reducción del IRPF y beneficios fiscales
En lo que se refiere al desarrollo económico, ambas formaciones se comprometen a aprobar, dentro de los primeros seis meses de legislatura, una reducción “contundente” del IRPF que implicará, entre otros aspectos, una rebaja de la tarifa autonómica en todos sus tramos y, especialmente, para aquellos contribuyentes con rentas medias y bajas; un incremento de los importes del mínimo personal y familiar hasta los límites máximos permitidos por la normativa, y la ampliación de los límites y beneficiarios de las deducciones por arrendamiento de vivienda, gastos en libros de texto o gastos en escoletas de 0 a 3 años.
“Eliminaremos, dentro de los primeros 100 días de legislatura, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre cónyuges y lo reduciremos un 50% entre hermanos o entre tíos y sobrinos, convirtiendo a las Illes Balears en la comunidad con la carga más baja de España en este impuesto”, contempla el acuerdo, que también prevé suprimir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad, para viviendas de hasta 270.000 euros, con posibilidad de ampliación hasta los 350.000 en zonas tensionadas, además de reducir un 50% este gravamen para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.
Financiación autonómica e insularidad
PP y Vox exigirán, asimismo, al Gobierno central un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales y la administración pública de las islas, bajo los principios de solidaridad y cohesión y que atiendan a criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante o la insularidad y respete la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal. Del mismo modo, reclamarán la compensación de las desventajas que implica la insularidad para los ciudadanos y las empresas de Balears mediante el desarrollo efectivo y el carácter permanente del Régimen Especial de Baleares (REB), así como el levantamiento de limitaciones como por ejemplo la regla de minimis establecida por la UE.
En relación con los autónomos, emprendedores y el empleo joven, prevén implantar una cuota cero para autónomos en los dos primeros años de actividad mediante la bonificación del 100% de la misma, y una bonificación del 50% en el tercer año. También se prevé una nueva deducción por autoempleo en el IRPF para inicio de actividad y proyectos de segunda oportunidad, así como la equiparación de los autónomos con las familias numerosas en la deducción en IRPF por gastos de conciliación. También prevén poner en marcha una línea de microcréditos pública a jóvenes menores de 35 años para proyectos de start-ups a amortizar cuando tengan beneficios, además de eliminar progresivamente todo tipo de coste público autonómico (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.
Respecto a la movilidad, conservadores y ultraderechistas contemplan desarrollar planes integrales de movilidad en las diferentes islas en coordinación con los consells insulars a fin de “acabar con los atascos de tráfico en las principales ciudades de las islas”. Para ello, ejecutarán las infraestructuras viarias que resulten necesarias, además de negociar un nuevo convenio de carreteras con el Gobierno central para mejorar la seguridad de la red viaria de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera; dar solución, “sin más demora y de manera prioritaria”, a la carretera general de Menorca, e impulsar, atendiendo a las demandas de los municipios, la construcción de rondas y circunvalaciones con el objetivo de evitar el tráfico dentro de los núcleos urbanos de Mallorca.
Lucha contra la “turismofobia”
PP y Vox dedican buena parte del acuerdo al sector turístico, apostando por éste como principal industria de Balears y luchando contra lo que llaman la “turismofobia”, planteando para ello una hoja de ruta “clara no sometida a vaivenes coyunturales ni partidistas”, que apueste por el medio y largo plazo, sobre la base de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, la máxima calidad del destino, el aumento de valor frente al volumen y “velando siempre por el bienestar presente y futuro de la población residente”.
En esta línea, contemplan derogar las moratorias y los apartados “lesivos, por su carácter intervencionista y prohibicionista”, de la Ley turística de Balears y de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, asegurando que apostarán por el turismo de calidad, incluido el turismo náutico, cinegético, gastronómico, deportivo y cultural. Asimismo, se comprometen a constituir un fondo finalista para invertir en reconversión, modernización, innovación y sostenibilidad de los destinos turísticos como Playa de Palma, s’Arenal de LLucmajor, Sant Antoni de Portmany, Alcudia o Playas de Calvià y Llevant, entre otros, a cargo del impuesto sobre estancias turísticas, el factor de insularidad del REB y los Fondos Next Generation.
Las dos formaciones defenderán, además, el turismo de cruceros por su “impacto” en el comercio, la restauración y otros sectores estratégicos, si bien se comprometen a controlar los flujos de embarcaciones y visitantes, evitando una sensación de saturación para los residentes. También apuestan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector mediante la apuesta por la calidad de la oferta del sector, el control “riguroso” del cumplimiento de la normativa en materia laboral y prevención de riesgos, con incentivos para las empresas que apuesten por el bienestar y el confort de sus trabajadores así como la puesta en marcha de planes de conciliación de la vida laboral y familiar.
También impulsarán el sector industrial de Balears a través de políticas que incentiven la implantación desarrollo y consolidación de actividades industriales estratégicas, de actividades que cuenten con ventajas competitivas y de la industria tradicional, toda vez que elaborarán un Plan de transformación del pequeño comercio a cargo de los fondos Next Generation para la innovación, digitalización y eficiencia energética del sector y defenderán la náutica como un sector económico estratégico para las islas, fomentando su desarrollo y creando un marco jurídico “sin exceso de burocracia”.
Tanto conservadores como ultraderechistas se comprometen asimismo luchar “contra el intrusismo y la venta ambulante ilegal”, especialmente en las zonas turísticas, sancionando a los vendedores y consumidores.
El acuerdo alude a la puesta en marcha de medidas para proteger de forma efectiva “nuestro gran patrimonio medioambiental” mediante la defensa del patrimonio natural y el desarrollo de “todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno”. “Defenderemos al mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica, esencial para el desarrollo de las Illes Balears y de toda España”, añade el mismo apartado, que promete fomentar la recuperación de razas autóctonas, agilizar las ayudas del Plan de Desarrollo Rural y aprobar un plan de ayuda económica y social a los productores agroalimentarios baleares y el fomento de los regadíos e infraestructuras hídricas.
Acceso de los menores a las corridas de toros
En este sentido, también proponen la creación de una oficina de lucha contra el fraude y de control fitosanitario de los productos de países terceros que sirva de modelo para una oficina nacional, cuya futura creación llevaría al cierre de esta oficina autonómica para evitar duplicidades, y garantizarán la seguridad de las explotaciones agrarias “frente a cualquier tipo de delincuencia”. Otro de los puntos prevé modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Balears, y más en concreto el artículo que impide actualmente el acceso de menores de edad a eventos taurinos.
Respecto a la eficiencia en el gasto público, como encabezan uno de sus apartados, contratarán una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán aquellos que no reporten “beneficios claros” para la ciudadanía y “supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos”, garantizando la “máxima eficiencia” del gasto en aquellos que continúen.
En cuanto a la radiotelevisión pública balear, apostarán por un modelo que sea “racional con la coyuntura económica” y por unos contenidos que “reconozcan la pluralidad de la sociedad de las Illes Balears en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales”, apostando por programas de producción propia elaborados por empresas con arraigo en las islas.
PP y Vox también se comprometen, en materia sanitaria, a establecer una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios, potenciando todos aquellos aspectos que permitan garantizar la estabilidad de los profesionales. Para ello, reclamarán al Gobierno central un complemento de insularidad que compense los diferenciales de coste en las diversas islas, reactivando la carrera profesional, declarando zonas y especialidades de difícil cobertura –especialmente en Menorca, Eivissa y Formentera– vinculadas a mejoras de condiciones laborales y levantando “todas las trabas existentes”.
Entre las medidas prioritarias estará la eliminación del requisito de conocer la lengua catalana por parte de los profesionales de la sanidad pública, a pesar de que el Estatut d'Autonomia reconoce, en su reforma de 2007, el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua propia, sin que nadie pueda ser discriminado por ello. Un derecho también está recogido en el artículo dos de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, que establece que el derecho a dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, implica a la Administración Pública.
Ambos partidos contemplan estabilizar y ampliar, de forma progresiva y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, las plantillas de personal sanitario, especialmente médicos. Asimismo, hacen especial mención a la salud mental, que, aseguran, será “uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada”, reforzando las medidas de prevención para concienciar sobre ello.