El PP aprueba con Vox amnistiar a hoteles, promotoras e infractores urbanísticos en Menorca

El pleno del Consell Insular de Menorca celebrado este lunes ha aprobado finalmente, con los votos del PP y el apoyo decisivo de Vox, la moción presentada por el equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca para que la isla se adhiera a la amnistía urbanística impulsada por el Govern balear a través de la ley 7/2024 de simplificación administrativa. Esta medida permitirá amnistiar y regularizar miles de construcciones realizadas sin permiso sobre suelo rústico en Menorca.

Durante la sesión, integrantes de la campaña Vía Menorca y de la organización ecologista GOB Menorca, entre otros colectivos sociales, se han movilizado frente a la sede del Consell para mostrar su descontento y exhibir carteles y pancartas denunciando que se trata de una “vergüenza”.

“Es el mayor atentado urbanístico que se ha producido en Balears. Nunca en la vida habría pensado que un partido demócrata premiaría así a toda la gente que comete ilegalidades”, ha destacado, en diálogo con elDiario.es, una asistente al pleno que portaba un cartel donde podía leerse “Qui estima Menorca no la destrueix”, consigna emblemática en la isla y símbolo de la organización Menorquins pel Territori, que en 2018 logró bloquear varios desarrollos urbanísticos de fuerte impacto ambiental y paisajístico.

La aprobación de la medida ha sido ampliamente celebrada entre empresas y promotores públicamente consignados y comprobados infractores urbanísticos. Uno de los más reconocidos es el parque acuático Splash! de Biniancolla (Sant Lluís), propiedad de Minura Hotels, que desde 2014 funciona sin declaración de interés general y, por lo tanto, carece de licencia. Esta ilegalidad fue ratificada en una sentencia del TSJIB en octubre de 2022 y, desde entonces, la empresa mantiene un tira y afloja judicial con la administración pública amenazando con exigir 30,6 millones de euros vía demanda en caso de verse obligada a cerrar sus puertas definitivamente.

El pasado mes de febrero los representantes legales de la empresa promotora solicitaron al Ayuntamiento de Sant Lluís un permiso provisional al amparo de la Ley 7/2024 para poder abrir sus puertas durante dos años más, mientras se resuelve la acogida a la amnistía.

Otra de las empresas que podría acogerse a la amnistía y cuyo ejemplo es objeto de polémica desde hace años es el caso del agroturismo Torrevella, propiedad de la promotora francesa Les Domaines de Fontanille, que desde 2017 mantienen abiertas al público siete piscinas ilegalmente construidas, a pesar de que el Plan Territorial Insular vigente sólo permite una piscina por finca.

Cabe destacar que esta empresa fue multada por el Consorcio de Disciplina Urbanística con más de 1,5 millones por violar las normas ambientales y territoriales. Recientemente, la firma logró que el ayuntamiento de Alaior reconociera y otorgara licencia ex post a las piscinas ilegales, por lo que la multa quedó apenas en poco más de 15.000 euros. De acogerse a la normativa aprobada ayer Les Domaines de Fontanille acumularían un récord de dos amnistías urbanísticas en menos de seis meses.

Idéntico al de Torrevella es el caso del hotel de Sant Llorenç de Llucalari, propiedad de la firma Menorca Experimental y emplazado en el mismo radio urbanístico. Con la misma modalidad -y el mismo asesor ambiental- que en el caso de Torrevella, en este hotel no fueron siete sino nueve piscinas las piscinas presentadas sobre plano como “aljibes para ahorrar agua” y finalmente se convirtieron en parte de la oferta de servicios premium en habitaciones privadas a razón de varios cientos de euros la noche.

Terremoto político, cruces y una carta abierta

La iniciativa legislativa, a la que finalmente Menorca se acogerá tras la votación del lunes, fue impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) en diciembre de 2024 y prevé mecanismos administrativos para dar legalidad a construcciones, viviendas, piscinas y otras instalaciones que no fueran declaradas en su momento o cuya legalidad haya prescrito. En algunos casos, la legalización bastaría con simplemente solicitarla ante el organismo competente ya que la ley, aprobada con los votos de Vox y PP en el Parlament, incluye la figura de “silencio administrativo positivo”, en lugar de una autorización explícita como hasta ahora. “Es una recompensa a los infractores y un ejemplo de urbanismo a la carta”, han señalado desde el GOB tras la sesión plenaria del Consell Insular en Menorca.

El pasado 13 de marzo, un “amplio frente político y social” integrado por PSOE, Més, Podem, el GOB de Menorca y Mallorca, la campaña Vía Menorca y el Fòrum de la Societat Civil entre otros organismos y asociaciones, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Esta amnistía supone premiar a quien se ha hecho un chalet ilegal en rústico mientras todo el resto de la ciudadanía ha pedido, esperado y pagado las licencias y los impuestos”, ha subrayó el diputado socialista por Menorca Pepe Mercadal, quien realizó la presentación acompañado por los legisladores Vicenç Vidal de Més per Mallorca y Martina Velarde de Podemos. “Supondría el fin de la protección territorial de Menorca que caracteriza a nuestra isla”, enfatizó Mercadal.

Por su parte, Esteve Barceló, coordinador de Més per Menorca, se refirió a la interposición del recurso en el TC. “Es difícil valorar qué respuesta dará y cuándo lo hará el Tribunal Constitucional pero en todo caso es reseñable se trata de una presentación que cuenta con el respaldo de 50 diputados y ha sido elaborado por juristas de solvencia contrastada y aborda diversas cuestiones contenidas en la Ley 7/2024”, ha explicado el conseller. Según declaró el dirigente ecosoberanista a elDiario, el recurso pone especial énfasis en la disposición adicional séptima, que permite legalizaciones en suelo rústico y que, considera, “genera una flagrante desigualdad de condiciones entre los infractores y quienes han cumplido con la normativa”.

El PP señala al GOB como “un instrumento político de la izquierda”

Tras la intervención en el pleno, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ha señalado específicamente a la organización ecologista GOB Menorca como un “instrumento político de la izquierda” que “sólo se moviliza cuando gobierna el PP”. Acto seguido, ha preguntado ante los medios: “¿Dónde estaba el GOB cuando se aprobó el PTI a cinco días de las elecciones sin estudio de carga turística?”, y ha finalizado respondiendo con “dudas” sobre si el objetivo final de dicha organización es “la defensa del medio ambiente”.

Consultados por elDiario.es, fuentes del GOB han respondido al presidente: la organización ecologista ha emitido este martes una carta abierta para responder a los dichos del presidente, donde subrayan que son “una entidad que lleva 48 años trabajando de forma ininterrumpida en Menorca y ha tenido que convivir con gobiernos de todo tipo y color”, desligándose de las acusaciones partidistas. Asimismo han enfatizado que el GOB es “una de las asociaciones con mayor base social de la isla y, a su metodología de actividad, incorpora tanto la propuesta como la protesta”. Finalmente han enumerado una serie de sugerencias para morigerar el impacto y la masificación turística.

“Tenemos todos estos temas para intentar trabajar de manera conjunta, tome el timón y recuerde que en Menorca la gente ama mucho el territorio”, han finalizado los ecologistas.

Por último, el conseller opositor de Més, ha considerado que las declaraciones del presidente Vilafranca están “totalmente fuera de lugar, muy alejadas del talante institucional que debería tener un presidente” y subrayó en diálogo con este medio que “no tiene ningún sentido esta crítica hacia las entidades, y menos aún hacia el GOB, una organización con décadas de historia al servicio de la sociedad menorquina, que representa a muchas personas de ideologías diversas pero que comparten la preocupación por el territorio”.