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PP y Vox han convertido este martes a Balears en la primera autonomía en liquidar un organismo contra la corrupción. Con los votos de conservadores y extrema derecha, el Parlament balear ha puesto fin a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar, entre otros, posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos.
Se trata de una iniciativa, la de la eliminación de este organismo mediante la aprobación de la Proposición de Ley de Transparencia y control de los cargos públicos, contra la que se han alzando más de veinte asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional, que el pasado mes de noviembre emitieron declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del ente.
El cierre de la Oficina Anticorrupción ha sido uno de los firmes propósitos que alcanzaron los populares y la extrema derecha en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los conservadores pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
El procedimiento para cerrar la Oficina Anticorrupción se aceleró tras hacerse público que el ente atribuía posibles delitos a un alto cargo del PP en las Islas. En concreto el organismo público investigaba una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP). Apenas unos días después de desvelarse las pesquisas, los conservadores anunciaron que querían agilizar por ley la eliminación del ente. Desde la formación aseguraron entonces que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda salieran a la luz.
Además, mientras se tramitaba la ley para acabar con la Oficina, PP y Vox decidieron asfixiarla económicamente. Los Presupuestos autonómicos para 2024 únicamente contemplaban 50.000 euros para los gastos de personal de este organismo. En declaraciones a elDiario.es, el director de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, lamentó que con el dinero que les habían dado PP y Vox no se podía pagar “ni el alquiler, ni la seguridad, ni la limpieza, ni la energía eléctrica, ni las comunicaciones telefónicas”. “Nada, absolutamente nada”, resumía.
La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, quien ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Además, con esta aprobación se crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedarán depositadas en este registro y tendrán carácter reservado, lo que implicará que esta información dejará de ser pública. Cualquier acceso quedará además registrado.
Volver a la época de Matas
Durante el pleno del Parlament, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha lamentado que, con el cierre de la oficina, no habrá “ninguna institución que haga investigación e inspección”, y, además, las declaraciones patrimoniales de los altos cargos “serán secretas”, evitando así conocer casos como los de los consellers que “engañaban y enviaban declaraciones falseadas como las de la consellera Marta Vidal”.
“La importancia de que haya luz garantiza una mejor acción pública”, ha añadido Pons, quien ha lamentado que, con esta decisión, PP y Vox crearán el “caldo de cultivo y el ecosistema necesario” para que casos de corrupción como los impulsados en pasadas legislaturas “vuelvan a producirse”. “Será reproceso que recuerda las peores épocas. Balears será pionera en España y quizás también de Europa que optará por cerrar un organismo de este tipo”, ha aseverado.
En este contexto, el socialista ha recriminado que PP y Vox “pasarán a la historia por la involución democrática, la pérdida de transparencia y la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción”. “Relajar filtros es una bomba de relojería tal que si volvemos a 2003 [año en que se inició la segunda legislatura del popular Jaume Matas] ya sabemos como acabó, ha añadido. El PSIB, que ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC), acusando al PP de actuar ”por venganza“ y a Marga Prohens ”de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podrían estar implicados sus familiares y ella“.
La batalla judicial por el macrocomplejo de Ses Covetes
Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.
Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.
La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.
Custodia de los 200 expedientes de la Oficina
Durante la sesión plenaria de este martes, el diputado del PP Mauricio Rovira, quien ha defendido la proposición de ley, ha criticado que el PSIB emplee “casos de corrupción de hace muchos años” para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado “oficina socialista de persecución de la oposición”. El 'popular' ha recordado, no sin ironía, que la Oficina “no fue especialmente brillante” en materia de prevención con relación al caso Koldo y la compra de mascarillas por parte del anterior Govern de Armengol.
Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, que se elevan a unos 200.
Pese a las investigaciones sacadas a la luz en los últimos años por parte de la Oficina Anticorrupción, la proposición de ley registrada por el PP para tramitar de urgencia la eliminación del ente señala que el organismo, “más allá de resultar operativo, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del organismo.
El ente fue impulsado por ley en 2016, durante el primer mandato de Armengol. Ha sido el encargado, entre otros presuntos casos de corrupción, de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia.