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Cuatro meses después de que el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), rompiese el retrato de la republicana Aurora Picornell y las conocidas como 'rojas del Molinar', cuya fotografía exhibía en la tapa de su ordenador una de las representantes socialistas de la Mesa, la polémica vuelve a estar servida. Este martes, día en que debía debatirse la enmienda a la totalidad de los grupos de izquierdas a la derogación de la Ley balear de memoria democrática, cuya supresión ha promovido la extrema derecha, Le Senne ha expulsado de nuevo a las dos diputadas del PSIB-PSOE con representación en la Mesa de la Cámara, Mercedes Garrido y Pilar Costa, quienes portaban camisetas con el retrato nuevamente de las represaliadas republicanas.
El presidente les ha emplazado a que sustituyeran sus prendas a fin de salvaguardar la neutralidad de la Mesa o bien que ocuparan sus escaños en el hemiciclo si preferían continuar llevándolas, pero tras las tres llamadas reglamentarias al orden y ante la negativa de ambas, finalmente ha instado su expulsión.
Tras ello, el debate de la iniciativa ha quedado bloqueado dado que la oposición ha abandonado de forma conjunta el salón de plenos. Al no contar con la totalidad de los grupos, Le Senne ha dado por finalizada la sesión. Las dudas se ciernen ahora en torno a si decae o no la enmienda a la totalidad que habían presentado PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos en contra de la supresión de la normativa. En caso de que no pueda llevarse de nuevo a pleno, la iniciativa continuaría su tramitación ordinaria con la presentación y debate de enmiendas parciales en Comisión. La derogación de la Ley cuenta con el apoyo del PP, que el pasado mes de septiembre anunció su respaldo a pesar de la ruptura de sus acuerdos autonómicos de gobernabilidad con Vox.
Pasadas las 13.00 horas, cuando iba a debatirse la enmienda, la diputada del partido de extrema derecha Manuela Cañadas ha alzado la voz para protestar por el hecho de que las socialistas con representación en la Mesa portaran las camisetas con las imágenes de Picornell y las demás fusiladas, lo que ha desencadenado una tensa bronca entre Le Senne, que ha aceptado la queja de su compañera, y las formaciones de izquierdas. “Les pido que respeten el criterio de presidencia”, les ha emplazado el presidente de la Cámara, sin que los ánimos se apaciguaran.
Antes de proceder a la expulsión, Le Senne ha ordenado un receso para deliberar con los portavoces de grupo en una sala contigua. Tras quince minutos, el pleno se ha reanudado sin que las diputadas socialistas se hubieran cambiado la prenda objeto de controversia. Le Senne ha continuado llamándolas al orden, sin éxito, mientras otros portavoces intervenían para protestar. La parlamentaria de Podemos Cristina Gómez le ha recriminado que continúe como presidente pese a estar investigado por los hechos del pasado 18 de junio, cuando Le Senne desgarró el retrato de las víctimas del franquismo: “Le veo cada minuto de cada día que vengo aquí, y usted está imputado por un delito de odio”, ha aseverado, arrancando el aplauso de la bancada de la oposición. “No veo la relación”, le ha respondido la segunda autoridad de Balears, quien, de nuevo, se ha dirigido a Garrido y Costa: “Les ruego que se cambien o bajen de la Mesa”.
Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al presidente de la Cámara de incumplir el reglamento de forma arbitraria, sin aludir a ningún artículo en concreto y sin atender al criterio de los letrados. “Es un criterio que pueden compartir o no, pero les pido que respeten el criterio de la presidencia, que tiene el deber de interpretar el reglamento”, ha respondido Le Senne, que ha insistido en que las camisetas posicionan a Garrido y Costa “en un lado del debate”. Para el socialista, considerar que las víctimas del franquismo afectan a la neutralidad bastaría para pedir que ningún diputado “luzca un crucifijo”.
En ese instante, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha acercado al micrófono para advertir a Le Senne de que “si expulsa a las diputadas estará expulsando a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. No caiga otra vez”, a lo que el máximo representante del Parlament le ha pedido: “No haga usted también eso, señor Apesteguia”, incidiendo en que podían llevar la camiseta con los retratos, pero no en la Mesa, donde “no se permiten símbolos ideológicos”. “Quizás vuelve a cometer delito”, ha terciado de nuevo Cristina Gómez. Le Senne le ha contestado: “Si lo cometo, aceptaré encantado la condena”.
Tras la nueva negativa de las socialistas, el parlamentario de Vox ha optado finalmente por expulsarlas, como ya sucediera en el pleno del pasado 18 de junio, cuando también se debatía sobre la Ley de memoria democrática.
Cabe recordar que el PP dejó en manos de Vox la iniciativa de derogar la normativa, lo cual formaba parte del acuerdo de gobernabilidad que rubricaron ambos partidos al inicio de legislatura para aupar a la popular Marga Prohens como presidenta del Govern balear. Ambas formaciones acordaron “garantizar la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”, en lo que fue interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por los de Santiago Abascal como un intento de “dividir a los españoles” en lugar de interpretarla como una herramienta para reparar las heridas de la dictadura franquista y la Guerra Civil.
Los logros de la Ley de memoria democrática
La Ley, aprobada en 2018, ha permitido hasta el momento reconocer y garantizar los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y la dictadura, y ha permitido también al Parlament balear condenar por primera vez este periodo y rechazar cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático.
Del mismo modo, ha posibilitado a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos por parte del régimen franquista, además de delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. También ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
Para Vox, sin embargo, la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles” dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, asevera la formación de extrema derecha en su Proposición. Una circunstancia que, en opinión de los de Abascal, “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”.