El autoritarismo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil, ha alcanzado en los últimos días cotas difícilmente superables. Aun conociendo su admiración por el régimen militar instaurado desde 1964 hasta 1985, su última actuación al respecto ha dejado perpleja a buena parte de la población al denigrar en un discurso la memoria de uno de los asesinados por la dictadura.
Se encontraba Bolsonaro atacando a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), en referencia al caso de su apuñalamiento cuando era candidato –la Policía Federal ha concluido que el autor de los hechos actuó solo y sufre trastornos mentales–, cuando traspasó de nuevo el límite, dirigiendo sus exabruptos directamente contra el presidente de la institución, Felipe Santa Cruz. “¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es la OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre durante el periodo militar, yo se lo cuento. No va a querer escuchar la verdad”, espetó.
El presidente, que intentaba crear la pauta de una nueva falsedad, humillaba la memoria de Fernando Santa Cruz, miembro de la agrupación de izquierdas Ação Popular. Según sus suposiciones, Santa Cruz murió a manos de sus propios compañeros de organización. El rigor de las pruebas, las investigaciones y los expedientes le contradicen: Santa Cruz, con tan solo 26 años, fue detenido por el DOI-CODI –órgano más sanguinario del Ejército– durante el sábado de carnaval de 1974, junto a su amigo Eduardo Collier Filho.
Nunca más fueron vistos. La principal hipótesis, en base a testimonios e informes, es que formaran parte del proceso de tortura e incineración implantado por el general Geisel. El Gobierno Federal reconoció los hechos en la Comisión Nacional de la Verdad y su caso fue incluido como uno de las centenares de atrocidades oficialmente documentadas de la dictadura brasileña.
La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, actualmente dentro de la estructura del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, recordó al presidente los datos concretos, y el movimiento de Bolsonaro no ha podido ser más descarnado: destituir a cuatro de los siete miembros de dicha comisión, sustituyéndoles por dos miembros de su partido y por un coronel y un teniente-coronel del Ejército, ambos en la reserva.
La máxima responsable de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, teniendo en cuenta los precedentes, esperaba los acontecimientos con resignación, y Bolsonaro tampoco ha dejado lugar a la duda. “El motivo es que se ha cambiado el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derechas, punto final”, desafiaba frente a una nube de micrófonos. “Cuando ellos colocaban terroristas aquí nadie decía nada”, sentenció.
Ante el desconcierto general de esta nueva reacción desproporcionada, quien más quien menos recordaba que esta Comisión fue fundada allá por el año 1995, y ni siquiera por el Partido de los Trabajadores, sino durante la primera legislatura de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña. Para Bolsonaro, cualquier defensor de los derechos humanos que ya en los sesenta o en los setenta luchara contra la dictadura merece el calificativo de “terrorista”. El presidente de la OAB ha tramitado un Pedido de Explicaciones ante el Tribunal Supremo.
Reacciones a las amenazas a periodistas
El escándalo de humillación a víctimas de la dictadura se posa sobre otro de dimensiones similares: los ataques a la libertad de prensa. Últimamente Bolsonaro se ha centrado en Glenn Gleenwald, de The Intercept, tras la publicación de los mensajes privados entre el exjuez y hoy ministro de Justicia Sérgio Moro y la Fiscalía, que prueban el ideario político oculto tras la detención del expresidente Lula da Silva.
Según Bolsonaro, Greenwald –estadounidense– no tenía que temer una deportación, “ya que está casado con otro hombre y tienen niños adoptados aquí en Brasil”, pero que bien podría ir a la cárcel. La Asociación Brasileña de la Prensa realizó la semana pasada un acto en apoyo a Greenwald en su sede del centro de Río de Janeiro. El premio Pullitzer ha conversado con eldiario.es: “Lo que Bolsonaro ha hecho ha unido a casi todos, porque si puede amenazarme o detenerme por mi periodismo, puede hacer lo mismo con cualquier otro”.
Greenwald, que está acostumbrado a la presión desde las publicaciones de los datos secretos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en posesión de Edward Snowden, vive en Brasil desde hace catorce años, y ha visto evolucionar a Bolsonaro. “Lleva treinta años denunciando la democracia y apoyando la dictadura, pero ahora es diferente porque es el presidente de la República”. Escucharle amenazar a un periodista específico usando su nombre y apellidos, un periodista que está revelando corrupción del Gobierno Federal, “es chocante para cualquiera, eso no puede existir en una democracia, podría ser el fin de la democracia brasileña”.
El ministro Moro es, para buena parte de la población, un héroe y, aunque su popularidad esté disminuyendo, “se tarda un poco en deconstruir esa imagen”, reconoce el periodista. “Soy optimista en que esta corrupción que estamos denunciado tenga consecuencias”, apunta.
Las dos últimas polémicas provocadas por el presidente, que sigue articulando su legislatura en torno al odio y a la revancha, han reactivado a la sociedad civil. El colectivo Povo Sem Medo (Pueblo sin miedo), que suele estar entre los más enérgicos bloques de protesta, ha vuelto a ser uno de los primeros en manifestarse, convocando a la movilización en São Paulo el lunes 5 de agosto bajo el lema “Dictadura nunca más”.