El destino del rey emérito para huir de sus escándalos: un país autoritario y opaco al que se le ha perdonado todo por intereses económicos

Juan Carlos I está instalado desde el pasado 3 de agosto en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tras 14 días de un silencio total, la Casa Real anunció este lunes el lugar en el que el rey emérito ha decidido refugiarse de las polémicas sobre el origen de parte de su fortuna. El que fuera jefe del Estado durante cuatro décadas —que no está imputado formalmente, pero al que sí cercan varias investigaciones sobre sus negocios privados— ha optado por el golfo Pérsico, con cuyas monarquías mantiene unas excelentes relaciones. 

Desde la Transición hay anécdotas que reflejan cómo Juan Carlos I movía muchos hilos en esas potencias petroleras cuestionadas por las ONG por su exiguo respeto a los derechos humanos. Años después son las sospechas de corrupción en torno a una adjudicación en uno de esos países —las obras del AVE a La Meca, en Arabia Saudí— las que han acabado poniendo la lupa judicial sobre él y forzando su salida de España. 

El anfitrión del rey emérito es el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed (MBZ), uno de los hombres más poderosos del mundo árabe. MBZ, que gobierna el país con mano de hierro desde que a su hermano, el presidente Jalifa bin Zayed Al Nahayan, le dio un infarto cerebral en 2014, es considerado uno de los principales protectores de Mohamed Bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudí. En EAU no existe la democracia y los partidos políticos están prohibidos; hay detenciones arbitrarias y acusaciones de torturas y desapariciones forzosas; y la mujer tiene menos derechos que el hombre, entre otras cosas. El país, sin embargo, es uno de los más ricos del mundo –el sexto en renta per cápita–, pero solo una pequeña minoría disfruta esa riqueza. 

EAU es una federación de siete emiratos liderados por Abu Dabi. En la práctica, el poder ejecutivo, legislativo y judicial reside en el Consejo Supremo Federal, compuesto por los gobernantes dinásticos de los siete emiratos. El consejo también nombra a un presidente del país entre sus miembros y este, a su vez, elige a un primer ministro. En este sentido, las autoridades persiguen todo tipo de oposición, según han denunciado varias ONG e informes de Naciones Unidas.

En 2019, Emiratos Árabes Unidos fue el primer cliente de España en Oriente Medio, desplazando a Arabia Saudí. Las exportaciones españolas en 2019 alcanzaron un valor de 1.867 millones de euros, lo que supone un aumento del 20% respecto al año anterior. Sin embargo, Arabia Saudí es el principal exportador a España de toda la región debido, sobre todo, al petróleo.

Violaciones de derechos humanos

“La Relatora Especial había recibido denuncias de casos de detención sin orden judicial y señaló que, por lo general, en esos casos se terminaba acusando a los detenidos de delitos contra la seguridad del Estado”, sostiene el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre EAU. “En su mayoría, esas personas habían sido llevadas a centros de detención secretos y recluidas en régimen de incomunicación, lo que a veces podía considerarse desaparición forzada. La relatora especial también había recibido información y pruebas fidedignas de que muchas de esas personas habían sido sometidas a tortura u otras formas de maltrato”, añade.

En marzo de 2019, el activista Ahmed Mansoor comenzó una huelga de hambre para protestar por su detención en 2017 y posterior condena a 10 años por “publicar información falsa que daña la unidad nacional”. Antes de su condena, Mansoor estuvo encerrado durante más de un año en paradero desconocido y sin acceso a un abogado, denuncia Human Rights Watch. En mayo del año pasado falleció de cáncer Alia Abdelnoor Mohamed Abdelnoor “encadenada a una cama de hospital en la ciudad de Al Ain, en Abu Dabi”, asegura Amnistía Internacional. La organización afirma que fue detenida en 2015 y estaba cumpliendo una condena de 10 años por cargos de terrorismo “basados en confesiones forzadas”.

En otro episodio conocido de 2019, Ahmad Ali Mekkaou fue trasladado a un régimen de prisión incomunicada acusado de “dañar la reputación de EAU” tras una entrevista concedida por su hermana y su abogado en la que hablaron sobre su caso, asegura Amnistía Internacional. Durante su juicio en 2016, afirmó haber sido torturado e incluso violado con una barra de metal. La ONU concluyó en 2017 que su caso era una detención arbitraria. También se han dado casos en los que presos políticos no han sido puestos libertad tras cumplir su pena, como es el caso de Khalifa al-Rabea y Ahmed al Mulla.

A pesar de la acumulación de denuncias por su escaso respeto a los derechos humanos, Juan Carlos I ha mantenido una relación larga y especialmente fructífera para su bolsillo con los altos mandatarios de las potencias del Golfo, que no dudaban en agasajarle con generosos regalos. Como ejemplo están los dos Ferrari FF valorados en más de 300.000 euros cada uno que el jeque de Dubái y vicepresidente de EAU, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, le regaló en 2011, cuando acudió al Gran Premio de Abu Dabi. Con el país inmerso en una profunda crisis económica, el monarca renunció a usarlos y Patrimonio Nacional acabó sacándolos a subasta. 

El autor del regalo y vicepresidente del país es conocido internacionalmente por un episodio mucho más oscuro. Un tribunal británico ha concluido que Mohammed bin Rashid Al-Maktoum es responsable del secuestro y regreso forzoso de dos de sus hijas que intentaron escapar de Dubái. Las dos están actualmente en cautividad y una de ellas fue capturada en Reino Unido y la otra en plena huida en el mar. La princesa Haya de Jordania, hija del fallecido rey Hussein de Jordania, se casó en 2004 con el jeque de Dubái, convirtiéndose en su sexta esposa. La princesa se encuentra actualmente huida junto a otras dos de sus hijas en Reino Unido y el tribunal ha confirmado que Mohammed bin Rashid la amenazó.

En cuanto a la igualdad del hombre y la mujer, la ley establece que “los derechos de un marido sobre su esposa” incluyen la “obediencia cortés hacia él”. La legislación también establece varias condiciones para que la mujer pueda tener el derecho a trabajar e incluso salir de casa. Por otro lado, aproximadamente el 88% de la población del país es inmigrante y muchos de ellos están atados a sus empleadores a través del sistema conocido como kafala. Mediante este sistema, el estatus legal y el visado del trabajador depende de la persona que da trabajo y los empleados pueden ser deportados e incluso encarcelados si dejan sin permiso a sus empleadores, denuncia Human Rights Watch. Además, la ley laboral del país no protege a los trabajadores domésticos, que se enfrentan a múltiples abusos.

Un problema para el Gobierno 

La Zarzuela no ha informado de si Emiratos será el destino definitivo del emérito ni sobre otras cuestiones de calado como si los viajes o sus gastos de seguridad siguen sufragándose con dinero público. Y eso a pesar de que Juan Carlos I dista mucho de ser un ciudadano de a pie, pues ostenta el título honorífico de rey con carácter vitalicio, sigue formando parte de la familia real y tampoco ha renunciado a sus derechos dinásticos sobre la Corona. Con este secretismo Felipe VI obvia de nuevo el compromiso que asumió en el discurso con el que fue proclamado jefe del Estado en 2014, cuando destacó que la Casa Real, como institución, está obligada a mantener una conducta “transparente”. 

A pesar de que ninguna ley impone a la Casa Real la obligación de informar sobre estas cuestiones, el hermetismo con el que la Corona ha manejado toda la operación estaba convirtiéndose en un problema para el Gobierno, donde los dos socios han mantenido enormes y públicas diferencias acerca de cómo ha gestionado el Ejecutivo la salida de España de Juan Carlos I. En las filas confederales han calificado de “deslealtad” que Pedro Sánchez solo diera explicaciones a sus socios un día después de que la Casa Real anunciara en un comunicado que el monarca I se marchaba. Figuras tan destacadas como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reprocharon públicamente al PSOE que no hubiera informado a Unidas Podemos de la negociación. 

Este mismo lunes, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, tuvo problemas para explicar la posición de la Casa Real. En una entrevista en la Cadena Ser, Campo ensalzó los “pasos” que está dando la Casa Real para “fortalecer” a la Corona en términos de “transparencia” y de “fiabilidad” y aseguró que tenía una “importancia relativa” saber dónde está el emérito. Además, garantizó que volverá a España si es citado por la Justicia como también ha señalado su abogado, Javier Sánchez-Junco. “Si es llamado comparecerá de manera inmediata. Eso nos debería satisfacer como sociedad”, aseguró el ministro.

La gestión que ha hecho el Gobierno de la huida de Juan Carlos I también se ha convertido en centro de las críticas de los aliados de la investidura, cuyo respaldo es clave para la aprobación de los Presupuestos Generales del año que viene, cuya tramitación está prevista para este otoño. ERC y EH Bildu —también Unidas Podemos— han anunciado que pedirán la comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que dé explicaciones sobre la negociación con la Casa Real.