Las medidas de China contra el coronavirus son efectivas, pero ¿se podrían aplicar en España?

Este martes hubo en China 22 nuevos casos confirmados de coronavirus. El mismo día, en Italia se registraron 977 casos; en Irán, 881; y en España, 622. China ha controlado la epidemia, cuyo núcleo se ha trasladado ahora a otros países que buscan desesperadamente cómo atajar el problema y que inevitablemente miran de reojo a las medidas tomadas en China para contenerlo.

“Enfrentados a un virus desconocido, China ha desarrollado el que quizá sea el esfuerzo de contención más ambicioso, ágil y agresivo de la historia”, señalaba la Organización Mundial de la Salud en un informe desarrollado por un equipo de 25 expertos internacionales enviados a China en una misión conjunta entre el 10 y el 24 de febrero. “La valiente estrategia china para contener la difusión de este nuevo patógeno respiratorio ha cambiado el curso de una epidemia mortífera que aumentaba rápidamente”, señala el informe en el que se alaban las medidas adoptadas por Pekín.

Las autoridades bloquearon la ciudad de Wuhan el pasado 23 de enero, dejando en cuarentena a unos 11 millones de personas. Se cortaron los medios de transportes dentro de la ciudad y con el exterior y se ordenó el cierre de lugares públicos como cines o cafeterías. Como nadie podía entrar ni salir de la ciudad, el Gobierno ordenó enviar suministros para evitar una situación de escasez en los supermercados.

Posteriormente, las medidas se ampliaron a otras ciudades hasta cubrir aproximadamente a 60 millones de personas. En Wenzhou, Hangzhou, Ningbo y Taizhou, por ejemplo, se emitió una norma la primera semana de febrero que solo permitía salir de casa a un miembro de la familia cada dos días. Para ello se les entregó un documento que los agentes desplegados en la entrada de complejos residenciales deben sellar cada vez que salen.

Además de las grandes cuarentenas, las estrictas restricciones de movimiento, la construcción exprés de hospitales y otras medidas sanitarias, las autoridades chinas también han puesto en marcha un programa de control y vigilancia masiva de sus ciudadanos que en Europa sería imposible de aplicar por la legislación de protección de la privacidad.

China ha pedido ayuda a sus grandes empresas tecnológicas para poner en marcha sistemas que permitan contener la epidemia. Una de las medidas que más dudas ha generado es el uso de una aplicación que determina el riesgo de contagio de cada ciudadano. El sistema asigna a cada usuario un código QR de color verde, amarillo o rojo que determina si debe estar en cuarentena, si puede viajar en metro o si puede entrar en otros espacios públicos.

Las autoridades no han revelado todos los factores que determinan el color de cada ciudadano, pero la página oficial sostiene que el color amarillo o rojo se da a personas que han tenido contacto con una persona infectada, que han visitado una zona caliente o que han afirmado presentar síntomas. Esto sugiere que el sistema utiliza datos de casos de coronavirus con otros datos como reservas de hoteles, aviones, trenes, etc. En muchas ciudades es imposible moverse sin mostrar el código asignado por la aplicación.

Otro ejemplo de vigilancia masiva es el uso del reconocimiento facial. Una persona que prefiere mantenerse en el anonimato declaró a Reuters que la policía se presentó en su casa para pedirle una cuarentena de dos semanas cuando los agentes identificaron su coche circulando cerca de una ciudad foco de infecciones. Tras 12 días salió de casa y tanto la policía como su jefe se pusieron en contacto con él. Había sido identificado por una cámara de reconocimiento facial.

La empresa de reconocimiento facial Megvii respondió a la petición del ministerio de Industria para combatir el brote anunciando que ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial que también mide la temperatura. SenseTime, otra empresa líder en inteligencia artificial sostiene que ha desarrollado un programa de reconocimiento que puede identificar a la gente aunque lleve máscaras.

Las autoridades también han desarrollado una aplicación que permite al usuario saber si ha estado cerca de una persona infectada. El usuario mete el teléfono y sus datos se cruzan con las bases de datos del Gobierno. “Contacto cercano se refiere a alguien que ha estado cerca, sin protección efectiva, de casos confirmados o sospechosos”, afirmó la Comisión Nacional de Salud. En un vuelo, por ejemplo, todos los pasajeros en la misma fila y tres filas por delante y por detrás del infectado darían positivo en el “contacto cercano”. “En un tren cerrado con aire acondicionado, todos los pasajeros y personal se considerarían en contacto cercano”.

Encajar el método chino en la ley española

¿Sería posible ver en España apps que cruzaran los datos de los contagiados con su geolocalización, para seguir el rastro epidemiológico del virus? Los expertos consultados por eldiario.es coinciden en que, actualmente, la ley no lo permite. “El sistema chino no sería aplicable en España. Los datos de salud siempre han estado muy protegidos y no se pueden recopilar ni transmitir sin el consentimiento de los titulares”, zanja Paloma Llaneza, abogada y autora de Datanomics: Todos los datos personales que das sin darte cuenta y todo lo que las empresas hacen con ellos.

La abogada recuerda que el debate sobre renunciar a derechos fundamentales en pos de un aumento de la seguridad (sanitaria, en el caso de la actual pandemia de coronavirus) es una “tensión clásica” en las democracias. “Antes de cargarnos un derecho fundamental por miedo, como pasó en el 11S, lo que tenemos que intentar es que los servicios de salud funcionen correctamente. Hay que tener mucho cuidado en el equilibrio entre la seguridad y la libertad”, pide la abogada.

Uno de los elementos centrales en el derecho a la privacidad en Europa es obtener el consentimiento del ciudadano antes de tratar su información personal. No obstante, el Reglamento General de Protección de Datos europeo deja una puerta abierta para situaciones excepcionales en las que puede ser posible saltarse ese consentimiento del ciudadano, precisamente por motivos sanitarios, como para establecer una “protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria”.

En caso de acogerse a esa excepción para recolectar los datos de los pacientes de coronavirus, el Gobierno debería respetar otras garantías, como el que el objetivo que persiga ese sistema sea proporcional a la lesión que producirá en los derechos de los ciudadanos. “La ley en este punto es abstracta y habría que ver todos los detalles concretos del sistema que quisiera construir el Gobierno. ¿Qué información se recabaría? ¿Cómo podría acceder a ella el ciudadano? ¿Qué capacidad daría para identificar a una persona en concreto en función de esos datos? Veo complicado armar algo así garantizando el derecho a la intimidad”, expone en este caso Samuel Parra, consultor especializado en protección de datos.

Un estudio como el del INE aplicado al coronavirus

A finales de octubre de 2019 el anuncio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de su intención de realizar un estudio sobre la movilidad de los españoles generó alarma entre muchos ciudadanos. El INE llegó a un acuerdo con las operadoras de telefonía para utilizar los datos sobre la ubicación de los teléfonos móviles para analizar dónde había estado cada uno de ellos tanto en días de diario, como en festivos y vacaciones. ¿Sería posible un estudio así para analizar el rastro del coronavirus con los datos de los contagiados? “Tampoco”, contesta Parra.

“Te cuento por qué: la normativa del INE permite hacer eso porque está dentro de sus competencias. Pero un estudio sobre el coronavirus con datos de pacientes no está entre esas competencias. El Gobierno no podría utilizar esa información porque no hay una ley que lo permita y tiene que haberla”, detalla Parra.

La eficacia del “agresivo” paquete de medidas chino contra el coronavirus ha sido alabado por la OMS, pero los expertos coinciden en que será difícil verlo replicado fuera de las fronteras del gigante asiático. “Es posible que el resto del mundo se ponga muy contento, pero no admitiríamos esas medidas aquí de ninguna de las maneras”, sostiene María Baeza, experta en China de Amnistía Internacional. “Se podrían haber tomados medidas mucho más específicas y controladas que no habrían violado los derechos humanos de las personas”, añade. Baeza cree que el primer problema fue la censura: “Se censura información que represente una crítica al Gobierno o que refleje la existencia de un problema. Lo único que se consiguió es que el problema adquiriese dimensiones mucho mayores”, sentencia.

Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, considera que la legislación española ampararía en todo caso medidas como las llevadas a cabo en Italia, donde el Gobierno ha prohibido entradas y salidas en 14 provincias para contener el avance del coronavirus. Para ello, bastaría con que el Ejecutivo español, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, declarara el estado de alarma, que es el más leve de los tres estados excepcionales.

Esta medida, prevista para crisis sanitarias o grandes catástrofes, puede aprobarse por un plazo máximo de 15 días y dando cuenta previamente al Congreso de los Diputados. Las prórrogas sí tienen que ser refrendadas por la Cámara baja. La ley que desde 1981 regula los tres estados de excepcionales faculta al Gobierno para, en el marco de un estado de alarma, limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados, ocupar industrias o explotaciones o racionar el consumo de artículos de primera necesidad.

Si la opción fuera prohibir totalmente la circulación de personas o delimitar zonas de seguridad, el Ejecutivo tendría que optar por el estado de excepción, que es el más severo de a cuantos puede recurrir el poder civil. Este estado, que requiere la autorización del Congreso, no puede aplicarse durante más de treinta días. Supone una verdadera limitación de derechos fundamentales y está previsto para situaciones en las que el Gobierno no es capaz de mantener el orden público o los servicios públicos esenciales.