Un año después de la muerte de George Floyd: cómo las leyes permiten a la policía usar la fuerza letal y no solo en EEUU

Los departamentos de policía de las principales ciudades del mundo proporcionan impunidad legal a sus integrantes a la hora de hacer uso letal de la fuerza aunque sus vidas no estén en peligro, según una investigación encargada por The Guardian. El estudio, desarrollado por la Universidad de Chicago y varios centros asociados, ha descubierto que ni uno solo de los departamentos policiales de las ciudades investigadas mantiene una actitud coherente con las directrices en materia de derechos humanos marcadas por las Naciones Unidas (ONU) en relación con los protocolos que guían el uso de la fuerza.

El estudio ha abarcado 48 ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo, la mayor parte en los países más ricos y democráticos. La investigación revela que los agentes de policía de Estados Unidos y otros lugares del mundo no solo utilizan la violencia con impunidad, sino que sus normas de conducta se lo permiten.

Este estudio llega en un momento en que el escrutinio sobre su comportamiento es intenso. No hace todavía un año desde que un agente de la policía de Minneapolis cometió el brutal asesinato de George Floyd, un hecho que desató una ola de protestas sin precedentes.

“El país va a examinar esto [el caso George Floyd] con el filtro de una conciencia y una sensibilidad nuevas pero [Derek Chauvin, el policía que mató a Floyd] va a ser juzgado con las mismas leyes y por el mismo sistema de siempre”, dice Sherri Williams, profesora de la American University que escribe y analiza sobre raza y representación.

La realidad vs las recomendaciones de la ONU

Las conclusiones del estudio realizado por la Clínica de Derechos Globales de la Universidad de Chicago se publicarán en el informe “Impunidad Global”. En un análisis encargado por The Guardian enmarcado dentro del proyecto Overpoliced, Underprotected [policía excesiva, protección insuficiente], los investigadores compararon las normas escritas que regulan el uso de la fuerza en una serie de ciudades con varios documentos de Naciones Unidas. Entre estos últimos se encuentra el código de conducta de la ONU para agentes de las fuerzas de seguridad que enfatiza que solo debe utilizarse fuerza letal cuando los agentes se encuentren ante una amenaza real a su propia vida o a las de otros.

La investigación se centra en los países ricos y desarrollados para comparar lugares que disponen de recursos comparables. Estados Unidos y sus ciudades están sobrerrepresentados para fundamentar el alcance del proyecto.

En Estados Unidos, la policía mató a 987 personas el año pasado. El índice de muertes casi triplica al de su vecina Canadá y multiplica por 30 el de Alemania.

“El gran número de países y departamentos de policía, en EEUU y el resto del mundo, que dicen a sus agentes que se puede hacer un uso letal de la fuerza –disparar contra alguien– si se resisten a ser detenidos o huyen es asombroso”, dice Nino Guruli, uno de los autores del estudio, abogado de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UIC John Marshall. “Como si fuera más importante completar una detención o no retirarse que evitar muertes o sufrimientos innecesarios”.

Para analizar las políticas relativas al uso de la fuerza, los investigadores utilizaron una escala de evaluación basada en cuatro categorías: si el uso de la fuerza letal en una ciudad concreta es legal según el derecho internacional; si la fuerza letal puede ser utilizada solo en caso de amenaza inmediata y como último recurso; si puede ser empleada solo en respuesta a una amenaza del mismo tipo, mortal; y si la policía debe rendir cuentas ante un organismo de supervisión por su uso de la fuerza letal.

Según el estudio, hay 13 ciudades en las que está permitido que los agentes empleen fuerza letal aunque no hayan agotado el resto de opciones a su disposición, por ejemplo, tácticas para disminuir la tensión en un encuentro.

Uso de la fuerza sin amenaza

En Denver, por ejemplo, se permite a los agentes que hagan uso de la fuerza letal para detener o evitar la huida de un sujeto por un delito que ya ha sucedido y sin la exigencia de que el sospechoso suponga una amenaza inmediata en ese momento:

“105.2 Está justificado que un agente utilice fuerza física letal … solo cuando crea, de manera razonable, que es necesario: b. Para realizar una detención o evitar la huida de una persona bajo custodia de la que cree 1. Que ha cometido o tratado de cometer un delito con el uso o la amenaza de uso de un arma que pueda provocar la muerte.”

Este tipo de procedimientos reciben cada vez más escrutinio ante casos de brutalidad policial que acaban teniendo perfil alto ante la opinión pública. El asesinato de Eric Garner, un neoyorquino estrangulado hasta morir durante su detención, impulsó la prohibición en el estado de Nueva York de la técnica que permitía el ahogo. Hubo protestas por todo el país. Tras las muertes de Floyd y Elijah McClain –también en 2020– los abogados especializados en derechos civiles han cuestionado, en la misma dirección, si los policías actuaron ante alguna amenaza directa contra sus vidas.

En 25 ciudades, los agentes pueden hacer un uso mortífero de la fuerza en respuesta a una amenaza de grado menor o cuando no existe una amenaza inmediata.

Rendición de cuentas

Esto puede variar drásticamente. Filadelfia lo formula con claridad y prohíbe el uso de fuerza mortífera cuando no exista “la creencia objetiva y razonada de que un sospechoso es peligroso, incluso si la fuerza mortífera podría haber estado justificada en un momento previo”. Pero en Indianápolis, las normas son mucho más opacas y requieren solo de “una amenaza de fuerza mortífera” para actuar.

Es habitual que no se ejerza la rendición de cuentas tras el uso de la fuerza letal. Los investigadores descubrieron que muchos departamentos de policía de todo el mundo no requieren a la policía un informe sobre el uso de fuerza excesiva. Ni siquiera cuando el resultado es una muerte. Esto tiene dos consecuencias: la rendición de cuentas por uso de fuerza letal por parte de la policía no es suficiente y la ciudadanía no sabe lo que ha sucedido, en gran medida porque los hechos no se documentan correctamente.

Solo ocho ciudades exigen un informe de uso interno en caso de que un agente use fuerza mortífera. Solo 16 ciudades lo exigen cuando el resultado es la muerte o alguien resulte herido.

Richard Aborn, presidente de la Comisión Ciudadana sobre el crimen de Nueva York, dice que la ausencia de requisitos a la hora de informar puede ser deprimente. “Se trata del mensaje que lance el liderazgo de la unidad policial”.

“Creo que si solo hiciéramos eso –aplicar la disciplina a esos casos– no necesitaríamos cambiar las normas”.

Pero si es poco probable que las administraciones locales informen internamente sobre el uso de la fuerza, parece más difícil que se cumpla un requisito de información externa.

“Las leyes y las normas son muy importantes para la rendición de cuentas y la transparencia de la acción pública. Esto es especialmente cierto en los departamentos responsables del cumplimiento de la ley a los que el estado otorga el poder de terminar con la vida”, dice Claudia Flores, una de las autoras del estudio y profesora asociada de práctica en la Clínica de Derechos Humanos Globales de la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

El poder de los sindicatos

Algunas organizaciones hacen campaña en defensa de reformar el sistema descrito. Piden limitar el poder de los sindicatos policiales, sobre el cual se ejerce poco control en la actualidad. Muchas veces esas organizaciones contribuyen a configurar las normas para el uso de la fuerza. Se pide que la comunidad ejerza alguna supervisión de las negociaciones en torno a la regulación de lo relacionado con estos temas.

“Tenemos amnesia histórica sobre el modo en que tratamos a la gente en este país”, dice Williams. “Actuamos como si no supiéramos que [las normas] fueron diseñadas para hacer lo que están haciendo”.

El estudio reveló –y esto podría llevar a sorpresa a quienes se centran en la brutalidad policial y el racismo estructural en Estados Unidos– que la ciudad de Nueva York es la que tiene las normas y directrices más estrictas sobre el uso excesivo de la fuerza. Tras Nueva York están Ciudad de México y Buenos Aires. Los últimos lugares de la lista los ocupan Riad, Bombay y París.

Pero eso no significa que las ciudades que encabezan el listado tengan mejores departamentos de policía o se registren menos ejecuciones extrajudiciales. Una política más amplia no implica necesariamente mejor rendición de cuentas ni la capacidad legal de que ese control suceda.

A lo largo del último año se ha puesto de manifiesto con cada vez mayor claridad que el poder de los cuerpos policiales no ha sido sometido a controles suficientes durante demasiado tiempo. Ahora, en Estados Unidos, se han alzado algunas voces desde el ámbito público y desde el activismo de base que exigen el fin de siglos de racismo y de normas y prácticas policiales inadecuadas.

A principios de marzo, la Cámara de Representantes aprobó una de las reformas policiales más amplias de la historia de Estados Unidos: la ley George Floyd para una acción policial justa. El paquete legislativo, cuya aprobación por el Senado es poco probable debido a la mayoría republicana en esa cámara, incluye cambios radicales en el modo en que la policía trabaja. Por ejemplo, prohíbe las maniobras que utilizan el estrangulamiento.

Este año Naciones Unidas convocó a un grupo de expertos en el uso de la fuerza. El grupo pide a Estados Unidos que adopte reformas amplias y termine con la brutalidad policial. Advierte a los departamentos de policía sobre el uso del gas lacrimógeno y otras medidas en esa línea de uso de la fuerza contra manifestantes. También destaca una militarización creciente de las armas en poder de la policía en Estados Unidos.

“Las reformas de la actuación policial deben implicar medidas auténticas y sustanciales para desmantelar el racismo sistémico actual contra minorías como las raciales y étnicas, sin excluir a otras, modificando las asignaciones presupuestarias actuales y gastando más dinero en recursos alternativos de carácter social que resultan fundamentales para la seguridad de las comunidades”, dice el informe del grupo.

Pero esas reformas normativas podrían llegar demasiado tarde para la resolución del caso del ex policía Derek Chauvin, para saber si rendirá cuentas por utilizar su rodilla para aplastar el cuello de George Floyd durante más de ocho minutos.

“El verano pasado fue un momento de conversación”, dice Johnetta Elzie, activista por los derechos civiles y cofundadora de Campaign Zero (Campaña Cero), un grupo de investigación y apoyo centrado en terminar con la violencia policial. “Ahora depende de qué persona y de qué institución se preocupa lo suficiente de exigir la rendición de cuentas de la policía y sus sindicatos”.

Traducido por Alberto Arce.