La vigilancia del poder que cuesta la cárcel en Vietnam

El río Da transcurría libre entre China y Vietnam, hasta que fueron cortando progresivamente su flujo mediante distintas presas. La planta hidroeléctrica Son La fue la penúltima de ellas, y obligó a desalojar forzosamente a más de 90.000 personas. La mayoría de ellas pertenecían a etnias minoritarias de Vietnam, que habían sido hasta entonces autosuficientes gracias a la riqueza de los ecosistemas fluviales y que se convertían, de la noche al día, en comunidades vulnerables desterradas de sus tierras. 

Otro río, este de naturaleza financiera, corre actualmente desde la Unión Europea y el G7 hacia Vietnam. En diciembre del año pasado, estas partes firmaron la Just Energy Transition Partnership (JET-P), una asociación por la cual se prometen 15.000 millones de dólares para promocionar la descarbonización y una transición energética justa del país asiático. Este acuerdo se fraguó tras las promesas del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en la COP 26 de Glasgow, de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. Y se enmarca en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Vietnam (2020), que exige la constitución de un grupo asesor nacional para la vigilancia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con la participación de organizaciones medioambientales. 

El abogado

La investigación sobre la forma en que se han realojado a las comunidades afectadas por la presa Son La y el intento de fiscalizar la aplicación sostenible de la JET-P habrían sido algunas de las causas políticas que habrían llevado a la condena de cinco años de Dang Dinh Bach, un reconocido abogado de derechos humanos, al que conocí hace cuatro años en Marrakech, durante el primer encuentro de la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales. 

Hace varias semanas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió un informe donde se recogían algunas de las violaciones de derechos humanos que había sufrido Bach. Como en otros casos de activistas perseguidos políticamente, se le acusó de evasión fiscal a través de normas de dudosa legalidad, su detención no contó con la debida orden judicial, y fue mantenido en régimen de aislamiento durante seis meses, desde su encarcelamiento hasta diez días antes del juicio, cuando por fin pudo recibir la primera visita de su abogado. Además, las autoridades se negaron a que su mujer pudiera entregar a Bach una fotografía de su único hijo, nacido unas semanas antes de su detención; el juicio se celebró a puerta cerrada, denegando el acceso al personal de distintas embajadas occidentales; y los archivos de su ordenador confiscados sobre la presa Son La no han sido devueltos hasta la fecha. 

Esta situación no es excepcional. Actualmente, en Vietnam hay más de 150 activistas, abogados y periodistas encarcelados injustamente por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos básicos. Ello corresponde con la reducción del espacio público para la sociedad civil vietnamita, tal y como ha denunciado Human Rights Watch. 

Qué debería hacer la UE

En este sentido, la semana pasada se celebró en Hanoi el diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y Vietnam. Más allá de las críticas que se han realizado en otras ocasiones, la Unión Europea debería presionar para la liberación de los representantes de la sociedad civil injustamente condenados, entre otras, con la posible retirada de la financiación correspondiente de la JET-P. Además, debería asegurarse de que acuerdos de la misma naturaleza que se celebren en el futuro con otros países incorporen mecanismos efectivos de control de los derechos humanos. No obstante, ello parece una opción complicada, por cuanto la propia Unión Europea tiene serios problemas para garantizar la calidad democrática y los derechos civiles y políticos básicos entre algunos de sus propios Estados Miembros.

Y, sin embargo, si la influencia financiera y política de la Unión Europea en materia de transición energética fuera de sus fronteras no permite condicionar una agenda de respeto y promoción de los derechos individuales de las defensoras de vida y los derechos colectivos de las comunidades afectadas, no podemos hablar de una verdadera transición justa. Porque sin respeto a la dignidad de los territorios y las comunidades, la transición solo es un cambio de matriz energética, de combustibles fósiles a renovables, en nombre del cual se pueden volver a justificar los mismos sacrificios humanos y ecológicos que en el pasado se cometieron en nombre del progreso. 

Desde la cárcel, Bach ha empezado su tercera huelga de hambre, con el convencimiento de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Con dicha resistencia no-violenta, trata de obtener su liberación inmediata, pero también lo que quiso compartir (y no pudo por la censura) en una carta a Vo Van Thuongl, Presidente de Vietnam:  “Quiero que tú y yo disminuyamos la velocidad y observemos la corriente del tiempo, la corriente en la que tienes la oportunidad de cumplir tu juramento, de poner a este hermoso país de Vietnam en sintonía con los corazones de toda la humanidad a la luz de una nueva era, la era de la integridad, la comprensión y la compasión”.

De forma simbólica, para denunciar el sufrimiento de Bach, compañeras y entidades de todo el mundo, desde Corea del Sur, Laos y Malasia, pasando por Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Colombia, Brasil, hasta Sudáfrica, Palestina y Barcelona, nos vamos relevando en un ayuno diario para acompañar a Bach en su huelga de hambre. Porque aunque sea de forma testimonial, es importante honrar con nuestras conciencias y nuestros cuerpos la corriente del tiempo que nos puede llevar a una justa y verdadera transición planetaria.