Cinco años a la espera de juicio por la muerte de un hijo en accidente laboral: “Es una injusticia encima de otra”

Santiago y Mª Jesús esperan al 14 de noviembre con la intención de hacer justicia por la muerte de su hijo. Han pasado cinco años desde que perdiera la vida con 32 años cuando trabajaba en una conocida fábrica de Logroño. Le atrapó un rodillo interno cuando entró a desatascar una máquina en la que, según reflejó el informe de Inspección de Trabajo, no estaban activados los sistemas de seguridad. Algunos testigos señalaron después que era habitual.

Los juicios por accidentes laborales con resultado de muerte se celebran entre 5 y 7 años después, lo que impide a las familias cerrar la herida y terminar su duelo. Por el camino, se pierde la sensibilidad de las partes implicadas y con ella, los testigos se van, los inspectores no recuerdan detalles más allá de sus informes, se dan dilaciones indebidas que rebajan las penas y, en muchos casos, las familias se ven abocadas a aceptar un acuerdo de conformidad, la manera en la que terminan la mayoría de estos procedimientos. “Es una injusticia encima de otra”, dice Santiago.

“De manera general, nos encontramos con los mismos problemas: una instrucción muy escasa y lenta y una dilación procesal muy grande”, advierte el abogado de la familia. Así, las demoras comienzan casi desde el momento del siniestro. Cuando se produce un accidente laboral, el primero en desplazarse hasta el lugar de los hechos es, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el técnico de Diálogo Social de la Consejería de Economía y Empresa, en el caso de La Rioja, para analizar las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente. “Según la hora en la que se ha producido el accidente, acuden al día siguiente”, interrumpe Ana Corres, presidente de la Plataforma 28 de abril Stop Accidentes Laborales. “Para mí, al día siguiente ya es tarde. ¿Sucede? Sí”, responde el abogado, que ejemplifica que si en el momento del accidente el elemento de seguridad de una máquina está desactivado, al día siguiente seguramente ya se habrá activado para ocultar la causa real del siniestro.

Este informe se remite a Inspección de Trabajo, que normalmente suele desplazar también un técnico, que realiza un segundo informe. “A veces no son lo exquisitos que deberían de ser”, denuncia la Plataforma, por lo que considera que “reducir su carga de trabajo y aumentar el número de inspectores también ayudaría a ir más allá en la investigación y en la posterior declaración”. Después, una nueva demora, estos informes llegan tarde a las familias: más de 6 meses en el caso del accidente del hijos de Santiago y María Jesús, un año en el accidente de Arisa en el que murieron dos trabajadores y más de un año en el incendio de la discoteca Bella Época que se cobró la vida de una persona.

Paralelamente al siniestro, se abre también la instrucción. O al menos eso dice la teoría, porque “en realidad no empieza hasta que no está el informe de Inspección, pues ahí se recogen quienes son testigos, la declaración del responsable de riesgos, cuál era la máquina..., declaraciones que luego el juez ratificará en sede judicial”, apunta el abogado, que asegura que “la instrucción se extiende bastante más de lo normal”. Ana Corres, madre de uno de los fallecidos en Arisa, apunta que ese caso sigue en fase de instrucción cuatro años y medio después.

Es un David contra Goliat constante

Otra de las trabas que se encuentran las víctimas de la siniestralidad laboral en La Rioja es que la Fiscalía especializada compagina estos asuntos con otras jurisdicciones y de no ser así, creen desde la Plataforma, “ayudaría en el impulso de la instrucción y en la práctica de diligencias de investigación mucho más detalladas y específicas”. 

“Es un sistema que protege al empresario. Es un David contra Goliat constante. La siniestralidad laboral está abandonada”, coinciden los familiares de las víctimas de accidentes laborales. En estos cinco años, los padres del trabajador fallecido han visto como responsables políticos visitaban la empresa ensalzando su trabajo solo unos meses después del accidente laboral e incluso que el dueño recibiera reconocimientos después. ¿Qué se siente? “Otro mazazo de los muchos que te pegan”, responde Mª Jesús, “en el mismo sitio donde ha fallecido mi hijo, con un procedimiento penal abierto, que vayan a decir lo bien que hacen su trabajo...”.

En este sentido, además, “el Gobierno de La Rioja a través de la ADER concede ayudas las mismas empresas que la Inspección de Trabajo está investigando por falta de medidas de seguridad”, denuncian las personas afectadas. “Esta situación es constante. No hay persona que entienda que se den subvenciones a empresas que no cumplen con proteger la salud de sus trabajadores”, subraya el abogado. “Se les pide el Plan de Prevención pero no se pide autorización para preguntar a Inspección de Trabajo sobre su situación”, indica, al tiempo que defiende la importancia de “distinguir entre empresas que se lo merecen y empresas que no”.

Lo primero que nos dicen es que es complicado que un empresario va a la cárcel

Más adelante, cuando llega el juicio, las familias llegan con una premisa: “Los abogados lo primero que nos dicen es que es poco habitual que un empresario vaya a la cárcel”, apunta la presidenta de la Plataforma Stop Accidentes Laborales. “No quiere decir que no haya condena, pero normalmente es por debajo de dos años, evitando el ingreso en prisión”, puntualiza el abogado. La mayoría de los juicios por accidente laboral con resultado de muerte terminan con un acuerdo de conformidad.

Si el procedimiento se juzga en la jurisdicción penal, la sentencia puede incluir una pena privación de libertad, una multa en favor del tesoro público y una responsabilidad civil, que suelen pagar las aseguradoras, además de las penas accesorias. “Que desde el minuto uno solo se nos hable de dinero es muy fuerte. Entiendo que hay que traducirlo en la práctica, pero para mí es muy difícil de gestionar recibir dinero por la muerte de mi hijo”, relata Ana Corres. Para ella, todavía a la espera de juicio, “la justicia no es solo para cerrar duelo” y dice: “Tenemos que acostumbrarnos a vivir en sociedad mientras una injusticia tan grande no está resuelta. Te vuelves antisistema”. Lo ejemplifica con una frase que a veces repite su hija: “Voy a pagar mis impuestos para subvencionar a las empresas que han matado a mi hermano”.

Les sale más barato pagar 6.000 euros que parar la máquina todas las veces que la tienen que parar

Por otro lado, si no hay relevancia penal, se juzga por vía administrativa, que va más rápida y hace una propuesta antes incluso de conocer si habrá o no juicio por lo penal. En el caso del accidente del hijo de Santiago y María Jesús, la sanción administrativa fueron 6.000 euros justificando falta de mantenimiento de la máquina. “Una falta de mantenimiento que a mi hijo le costó la vida”, subraya Santiago. “Les sale más barato pagar 6.000 euros que parar la máquina todas las veces que la tienen que parar”, añade.

Las familias de las víctimas reclaman una tarea inspectora y sanciones más rigurosas porque, dicen, ahora “son irrisorias”. “Se prima el interés económico de la empresa frente a la seguridad y salud del trabajador. Hacer una cosa mal es hacerla más rápido y hacerla más rápido es ganar más producción y más dinero”, explica el abogado. Así mismo, también comparan las familias los recursos y sanciones destinados a la siniestralidad vial con destinados a la siniestralidad laboral y ponen sobre la mesa una realidad: “Hablamos de muertes violentas en muchos casos, pero en los accidentes laborales nunca hay detenciones preventivas como las hay otros sucesos. No se utilizan los medios de seguridad del estado para la siniestralidad laboral”, apunta Santiago.

Él y su familia han atravesado cinco años hasta llegar al juicio por la muerte de su hijo. “Las familias quieren saber qué sucedió y por qué sucedió”, se dice a menudo para reclamar la agilidad en estos procedimientos. De hecho, en su caso, el mismo día del accidente Inspección de Trabajo ya confirmó que la máquina en la que murió su hijo no tenía activado ese día su sistema de seguridad. “Ese sistema requiere de un tiempo de seguridad para que los elementos móviles se detengan por completo, pero primaba no perder el tiempo. Ese tiempo para la empresa fue más importante que la vida del trabajador”, explican. Por eso, María Jesús es contundente: “Tenemos claro lo que pasó, queremos que la justicia lo vea”.