La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles por favorecer a una empresa de ITV

La Fiscalía ha pedido una condena de 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y parte de su antiguo equipo municipal, por favorecer supuestamente de forma irregular a una empresa que tenía deudas de cientos de miles de euros con el Ayuntamiento. El Ministerio Público entiende que todos cometieron un delito de prevaricación que, en un primer momento, fue archivado por el juez instructor pero reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía, según ha adelantado La Razón, explica que la empresa ITV Móstoles SL obtuvo una concesión pública para este negocio de la inspección de coches durante 30 años a cambio de un canon anual de 133.000 euros. La sociedad pagó en 2011 y 2012 y dejó de pagar a partir del año siguiente, generando una deuda de cientos de miles de euros en los cursos siguientes.

A partir de entonces, según la Fiscalía, el ejecutivo de la socialista Posse empezó a buscar soluciones que pasaban por rebajar el canon de la empresa o aceptar el preconcurso de acreedores. A pesar de los informes en contra del Interventor y del Secretario del consistorio, sacaron adelante la propuesta que la Fiscalía considera delictiva: aceptar el preconcurso de la empresa. Posteriormente también reducir su deuda a la mitad, aplazar el resto y rebajar el canon anual a 60.000 euros, menos de la mitad de la cantidad inicial. Un perdón de 615.000 euros en la deuda.

La Fiscalía entiende que tanto la alcaldesa como para su entonces corporación municipal incurrieron en un delito de prevaricación y pide 12 años de inhabilitación para cada uno por ese delito. Posse fue alcaldesa de Móstoles, uno de los 30 municipios más poblados del país, hasta el año pasado, y en la actualidad es portavoz del PSOE en el consistorio.

El caso conocido como 'caso ITV' llegará a juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara un primer archivo por parte del juzgado. Fue en mayo de 2022 cuando el magistrado que investigó la causa decretó su archivo al entender que el equipo de Posse no solo no había prevaricado sino que había actuado en beneficio del municipio: “Se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”, dijo ese auto de archivo posteriormente revocado. Noelia Posse fue objeto de acusaciones de nepotismo en 2019 por la contratación de varios familiares en el consistorio.