El juzgado nº41 de Madrid ha archivado la querella que interpuso la acusación popular Observatori Drets Humans por el convenio que el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón cerró con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis. En el auto, también se hace referencia a la denuncia que los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, que también queda archivada.
La querella de la acusación popular se interpuso hace unos ocho meses, explican a eldiario.es desde Observatori Desc. “El juez nos pidió 10.000 euros de fianza. Recurrimos. La Audiencia provincial nos dio razón y la bajó a 3.000”. Después de pagar nos la inadmite“, explican. La acusación popular asegura a este diario que recurrirá el archivo del juez.
Antes de la querella del Observatori, los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela denunciaron el 23 de marzo de 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) y a algunos de los responsables de la corporación municipal del PP en la época de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos de gestión del torneo de tenis Mutua Madrid Open que tiene lugar en la Caja Mágica. Los responsables municipales pedían a la Fiscalía que investigase si en el acuerdo alcanzado con MPT puede haberse cometido un delito de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”.
La Fiscalía Anticurrupción abrió diligencias previas, según se indica en el auto del Juzgado nº41 al que ha tenido acceso eldiario.es, que pasó la causa a la Fiscalía Provincial de Madrid cuando se presentó la querella mencionada. Con esta resolución judicial, queda archivada también esa denuncia.
En el escrito que recibió Anticorrupción se apuntaba al periodo de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde y se señala al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y Pablo Bautista y José Ignacio Fernández González, ambos consejeros delegados de las ya extinguidas empresas públicas Promoción de Madrid y Madrid Visitors and Convention Bureau, respectivamente, por los acuerdos firmados en 2009 y 2012 con la empresa de Tsobanian.
Según se establece en el fallo, no se desprende “del análisis de la documentación aportada por la querellante (Observatori DESC) así como de la adjuntada por la Fiscalía” los delitos de prevaricación administrativa y malversación “que les son atribuidos en la querella”, por lo que “procede lo no admisión a trámite”.