El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha salido con la suya, por lo menos hasta ahora, en Castilla y León. En abril de este año, la Junta de Castilla y León convocó unas oposiciones de Enfermería después de que la última oferta de empleo público se hiciera en 2011. Los exámenes se iban a realizar el próximo domingo 22 y se habían sacado a oposición 554 plazas de enfermeros y enfermeras, para las que se iban a presentar 20.000 personas.
Estas oposiciones se realizaban al agrupar las plazas de la Oferta de Empleo Público de los años 2009, 2010 y 2011.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido, de forma cautelar, esta convocatoria y da la razón al Estado, que fue quien recurrió, a instancias del Ministerio de Hacienda. En el recurso, se consideraba que con esta oposición se iban a superar los límites de déficit público máximo posible, recogido en la Ley Orgánica 2/2012
También se consideraba, por parte del Ministerio de Hacienda, que no había una oferta de empleo público válida, ya que la última fue del año 2011, cuando su plazo de validez era de tres años de duración, según la legislación vigente.
Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso y considera, como hizo el abogado del Estado, que la falta de oferta de empleo público válida constituye un supuesto de “nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada”.
En la sentencia, también se afirma que es “superior el perjuicio que se causa a los aspirantes de las pruebas selectivas por la realización de las mismas”, ante una posible nulidad de todo el procedimiento que pudiera el órgano judicial pudiera declarar.
El fallo judicial apunta, además, que “no hay duda que del tenor literal del precepto se genera la plena caducidad de la oferta de empleo” y “al momento de la convocatoria han transcurrido ya cuatro años desde que se aprobó la oferta de empleo”, algo que en opinión del Tribunal “no puede ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal”.
En el recurso, Hacienda dijo que con esta convocatoria de la Consejería de Sanidad de más de 500 plazas “se pone en riesgo la política de contención del gasto público, que deriva del Real Decreto de 2011”. Sin embargo, el tribunal afirma, en este sentido, que las conclusiones sobre los plazos “hacen innecesario analizar la perspectiva de la vulneración de los límites presupuestarios”.
Ante ello, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, manifestó tras conocer la sentencia su “disconformidad” e “incomprensión. Sin embargo, reconoció que sabían las posibles repercusiones que podrían tener al convocar esas oposiciones. ”Nos arriesgamos porque el que no arriesga no vence y también porque lo medimos mucho y existen otras sentencias favorables a nuestra postura en otras comunidades como Asturias o Andalucía“.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Martín, dijo que todo esto era un “escándalo y desvergüenza injustificable” y añadió que al consejero de Sanidad solo le queda asumir la responsabilidad “de tanta manifiesta ineficacia en los procesos selectivos y de tanto maltrato a los profesionales de la Sanidad”.
