Joaquín Sánchez Onteniente (en adelante, Joaquín), histórico de ANSE al que siempre le profesé muy sentida admiración por la precocidad de su sabiduría naturalista, sale en defensa de la compra de Cabo Cope, de la asociación en la que fue presidente y de su amigo Pedro García, actual presidente. Lo hace porque no entiende la “feroz oposición” de dos históricos ecologistas (Pedro Guerrero y yo mismo) a esa compra, y para ello ha preparado un texto en el que mezcla la desordenada relación de hechos (con recuerdos borrosos y análisis imperfectos), la alteración de la realidad y la contradicción expositiva y argumental. A ese cierto barullo histórico añade Joaquín la impronta de una pobre cultura política, y en esto parece no haber avanzado mucho desde que, hace años, se declarara apolítico. Todo esto lo hace, desde luego, como defensa del amigo ante –asegura, escandalizado– los ataques sufridos de nuestra parte, lo que, solo parcialmente, justifica un texto pobretón.
El artículo de Joaquín, 'Cabo Cope y el futuro', tiene un enfoque eminentemente histórico, como no podía ser de otra manera, lo que nos remite al pasado: es el pasado lo que existe, no el futuro, y mirando atrás es como nos reconocemos en nuestra desnudez e itinerario, y no siempre podemos justificar los cambios experimentados con eso de que “de sabios es rectificar”, ya que son muchos los desvergonzados que a ese eslogan se agarran para disimular su proceder.
Empiezo enmendando algunos errores en la breve revisión del “pasado decisivo”, el de la lucha antinuclear. Pedro Guerrero y yo iniciamos la lucha en Lorca y Águilas con nuestras propias armas, pero cuando supimos de la existencia de la asociación AEORMA, la única que en 1974 luchaba contra la energía nuclear y el franquismo, nos vinculamos a ella y a sus magníficos, y muy politizados, representantes. Fue cuando esta batalla se calmó, cuando creamos el Grupo Ecológico Mediterráneo, en septiembre de 1977, al amparo de Cabo Cope, y allí nos juramentamos para defender el Cabezo y el litoral (de Murcia y Almería). En efecto, en pocos años combatimos (por este orden, y sólo en lo que se refiere al litoral murciano) por Portmán, contra el puerto deportivo de Águilas, contra la urbanización de la Isla de Mazarrón, contra la carretera Mazarrón-Águilas y por la protección de Calnegre, contra el embarcadero recreativo de Isla Plana, contra los naturistas del Coto de las Salinas, en San Pedro, y en El Portús… y es verdad que nunca nos encontramos con ANSE, que estaba todavía apegada a las salinas de San Pedro.
La importante batalla por la Marina de Cope ha sido simultanea con la crítica de la autopista, del aeropuerto y del Gorguel, y esta combinación de causas, con acción judicial, la ha asumido Prolitoral, que nació como plataforma de grupos y en el que ANSE figuró desde su creación, si bien sus representantes no acudieron casi nunca a las reuniones; cuando se produjo la sentencia del Constitucional, en diciembre de 2012, sobre el Parque Natural Cabo Cope-Calnegre, ANSE se retiró de Prolitoral porque “el asunto Marina de Cope ya estaba resuelto”. ANSE ya era exclusivista y conservadora, había optado por un camino aparte, de propietaria y de alianza con las instituciones, y no se sentía nada a gusto con el estilo y las iniciativas de Prolitoral, de enfrentamiento sin tregua con el Gobierno regional. Hace unos días un concejal de IU de Águilas, aseguraba que, en diecisiete años no vio a ANSE en las manifestaciones a favor de la Marina de Cope; tampoco yo. Está claro que la Marina de Cope no ha figurado, de verdad y con implicación directa, en las preocupaciones de ANSE hasta que ha decidido concentrar su acción en adquirir Cabo Cope.
Pero el asunto de fondo que me parece que se desprende del escrito de Joaquín es la defensa de, digamos, la “política de adquisiciones” como signo del conservacionismo español e internacional, y para ello muestra algunos ejemplos, como Doñana, Montejo y La Trapa. Y hace trampa, porque en esta relación se olvida de señalar que se trataba de compras en situaciones de ausencia de protección, es decir, de peligro real, más o menos inminente: en los años de 1960 y 70 la preocupación administrativa por el medio ambiente era casi inexistente, el inventario de espacios protegidos, ridículo y, en consecuencia, los (escasísimos) casos de adquisición privada resultaban oportunos y meritorios. Este es el caso de Doñana y Montejo, actualmente espacios protegidos por las redes autonómicas y nacional. Acerca del caso de La Trapa, en la Tramuntana mallorquina –en la que intervine introduciendo a mi amigo Çesc Moll, presidente del Gob, en las instituciones administrativas de Madrid donde podía encontrar apoyo o financiación–, se trataba de una finca cuyo dueño quería venderla a los ecologistas del Gob, a un precio justo, y no había ninguna circunstancia de protección previa, desposesión o de transferencia de pública a privada.
Yo no he estado nunca contra este proceder, que siempre ha sido escaso y justificado: a ver si se me entiende que estoy contra la compraventa de Cabo Cope y contra la opción de ANSE por una “política de adquisiciones” y por un ecologismo en “islas de naturaleza”. Ninguno de esos espacios gozaba de protección previa. Cabo Cope posee cuatro regímenes proteccionistas. Joaquín no menciona en ningún momento a la Fundación de ANSE, como si su existencia no fuera esencial y estructural, muestra inequívoca de que ANSE no tiene nada que ver con lo que era ni con las organizaciones conservacionistas existentes en España, que carecen de ese empeño posesivo.
ANSE se ha transformado en una realidad nueva, que prefigura un modelo inmobiliario que no responde a tradición ecologista alguna, sino a un cierto cúmulo de eco-patologías. No insistiré, sin embargo, aunque sí lo hace mi apreciado interlocutor, en el exceso de ANSE de atribuirse en exclusiva la capacidad de proteger lo que no protegen las administraciones, porque ya he aludido a esto como una excusa de oportunistas que no están jugando limpio.
Y entro ya en el análisis más propiamente político, porque Joaquín encuentra extraña mi “brusca profesión de fe en las Administraciones públicas” como garantes de la conservación. No parece percibir que al ciudadano le corresponde exigir de esas Administraciones el cumplimiento de sus obligaciones, en este caso de conservación del medio ambiente; ni adherirse a ellas ni hostilizarlas, sino recordarles y exigirles sus obligaciones. Curiosa finta la que quiere hacerme Joaquín, como si llevando yo “toda la vida” atacando a esas Administraciones, ahora hubiese decidido (se supone que “de pronto”) identificarme con su proceder con tal de fastidiar a Anse.
Otra corrección, que creo de más calado, se la he de hacer para que precise su idea sobre los “cargos públicos” que dice que he ocupado, porque si se refiere a cuando fui director general de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (1981-82: doce meses justos), que es todo mi currículum como cargo público, no lo veo muy relevante, y menos todavía en relación con el asunto que nos ocupa; aprovecho para decir que ese año fue muy útil para mí, por mi profunda vocación política (que sólo supera mi idea de libertad comprometida, siempre a la izquierda).
No le encuentro, pues, sentido en que, el histórico de ANSE, enhebre mi caso con el de su admirado Pedro García, que dejó su “confortable y mejor pagado trabajo” en el Ayuntamiento de Cartagena para aventurarse en su modesta liberación en ANSE. Me lo pone a huevo, porque sobre esto ya dije hace tiempo a Pedro García lo que pienso, y es que no me gusta que los funcionarios abandonen su puesto para dedicarse a otras cosas, ya que ese puesto (con sus privilegios) lo pagamos los ciudadanos y si, como es el caso, su función era vigilar el medio ambiente de Cartagena –con sus aires, aguas y suelos envenenados– lo que hizo en realidad fue huir de un empleo incómodo y eludir responsabilidades; no me llevará, por ese camino, el entregado amigo del funcionario fugitivo, a ningún reconocimiento especial de admiración. No cabe duda de que es muy diferente el color del cristal con que Joaquín y yo miramos lo público, sea la Administración, sea el funcionariado.
Joaquín destaca, indignado, la “desafortunada comparación” que hago de los directivos de ANSE en el momento (presunto) de la firma de la compraventa, con no sé qué de encapuchados. Ahí forcé un poco la graduación, sí, de lo que califica como “mordaz estilo literario”, pero es que una foto así, a quién se le ocurre: tres pasmarotes embozados y ni papel ni bolígrafo ni notario... ¡ni la menor prueba de que hacían lo que decían que estaban haciendo! Pero hombre…
Insisto en que la historia ecologista no registra una alianza, en progresiva institucionalización, de un grupo conservacionista con las Administraciones públicas (a las que pretende criticar) y con empresas antiecológica: Joaquín debiera sentir alguna repulsa al maridaje, tan peligroso, entre ANSE e Hidrogea, por ejemplo. No encuentro posible que ese proceder pueda racionalizarse en favor de la naturaleza, y menos cuando la filosofía que subyace, y que tampoco se oculta, es de menosprecio de lo público. Demasiadas contradicciones, típicas del amarillismo político.
Acabo, sin salirme del marco histórico en el que siempre conviene contemplar a Cabo Cope, y esperando que nuestro traqueteo mutuo apenas nos enemiste (que, en este mundo tan atroz, los leñazos se dan y se reciben, y hay que aguantar con una sonrisa). Dudo, finalmente, de que a Joaquín le hiciera su padre aquella observación de que “Pedro Costa siempre está contra de los que mandan”. Conocí a su padre en la casa que tenían en Calarreona y me cayó rebién; yo era entonces un aguileño sólo conocido de mi familia y empezaba la lucha social, política y ecologista sin andadura anterior y descubriendo, sobre la marcha, la amplia y variopinta canalla confabulada contra el medio ambiente. Dice Joaquín que tenía entonces trece años: yo había cumplido veintiséis, el doble, así que fíjese mi querido amigo, la ventaja que le llevo.
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