La opinión pública se enteró a principio de este año que aproximadamente 450 murcianos se habían vacunado saltándose el protocolo legalmente establecido para la administración de vacunas. Desde entonces, sólo hemos podido saber que la mayoría eran funcionarios de la Consejería de Sanidad y que algunos de la lista son altos cargos de la Administración Autonómica.
Pues bien, aunque parezca increíble, a fecha de hoy no tenemos la lista completa de los vacunados indebidamente. Recordemos las circunstancias de hace un año, en plena pandemia y con escasez de vacunas. Ante esta situación el Gobierno de la nación, con buen criterio, estableció un protocolo en el que establecía que se vacunaban primero los colectivos más expuestos al virus, entre ellos las personas de mayor edad y los sanitarios que estuviesen en primera fila. La diferencia entre estar vacunados o no, era muy importante. Conozco de primera mano varios casos de sanitarios que contrajeron el virus en diciembre de 2020 porque no pudieron vacunarse, contagiando en las navidades a sus familias. Yo mismo lo contraje a mitad de mayo sin poder haber sido vacunado, llegando a estar una semana hospitalizado con neumonía bilateral, tardé mes y medio en recuperarme, y por suerte, sin secuelas. He de reconocer que pasé mucho miedo hasta que me dieron el alta.
En diciembre de 2020 la diferencia entre estar vacunado o no, era la diferencia entre poner en riesgo tu salud y la de tu familia o que estuvieran a salvo. En esas trágicas circunstancias, lo cívico es aguardar pacientemente el turno que te han asignado. Sin embargo, en la Región de Murcia algunos responsables políticos decidieron que la salud y la vida de 450 murcianos valían más que la de los demás.
El Gobierno regional se equivoca al no entregar la lista, esos nombres se sabrán tarde o temprano. La Región de Murcia no es un cortijo y el Gobierno se tiene que sujetar a la Ley y al Derecho.
Recientemente el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha dictado una resolución en la que resuelve que la Administración Autonómica debe facilitar el acceso a esta información.
La resolución de este organismo es jurídicamente impecable y políticamente razonable, además da respuesta a muchos argumentos utilizados para negar la publicación de la famosa lista.
Uno de los argumentos repetidos hasta la saciedad, es que la publicación de esta lista podría infringir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ante esto la citada resolución, analizando esta normativa y las normas sanitarias, indica que “ .. La administración de la vacuna contra el coronovirus no forma parte de un proceso asistencial, ni de la evaluación clínica, ni tampoco arroja datos, valoraciones o informaciones de la salud de la persona vacunada”. Es decir, que el dato de que si una persona está vacunada o no, no forma parte de los datos sanitarios especialmente protegidos.
Además, analiza Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en la que señala que “ la normativa de la protección de datos tiene carácter instrumental y no puede utilizarse para impedir la rendición de cuentas u ocultar la gestión realizada por los responsable públicos”.
Concluyendo en el Fundamento Jurídico Sexto, de manera brillante, que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida y a la salud de quienes en ese momento tenían preferencias en la vacunación al más débil derecho a la intimidad de los altos cargos vacunados.
Y por último, en su parte dispositiva resuelve que la Administración autonómica debe publicar la lista anonimizada de la vacunación de funcionarios y trabajadores no asistenciales, y que se le dé trámite de audiencia en el expediente administrativo a los altos cargos que se saltaron la cola de la vacunación, los cuales no han podido hacer alegaciones en defensa de sus derechos porque hasta ahora se han mantenido ocultos sus nombres.
He de reconocer que me ha sorprendido gratamente la independencia de este órgano y la calidad jurídica de su resolución. Ahora falta que el Gobierno de la Región de Murcia cumpla con la normativa vigente y con la resolución dictada por el Consejo de la Transparencia.
El Gobierno Regional se equivocará gravemente si no termina por publicar la lista de los 'robavacunas'. Si se negare a ello, pondría de manifiesto que en la Región no existe un Estado de Derecho sino un poder arbitrario que hace y deshace a su antojo. Además el incumplimiento de esta resolución haría que nos preguntáramos sobre la necesidad de mantener un órgano, como es el Consejo de la Transparencia, si sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración regional. En el hipotético caso que esta resolución no se cumpliera, lo que debería hacerse es suprimir este órgano y la Consejería de la Transparencia, y ya nos resignaríamos a que en la Región no se aplicara la Ley de Transparencia. Al final, uno se acostumbra a todo, de hecho a algunos sectores de la sociedad ya les parece normal que en la Asamblea haya siete diputados tránsfugas, con Presidente de la Asamblea incluido, y el Gobierno cuatro Consejeros tránsfugas, siendo uno de ellos la Portavoz del Ejecutivo.
En fin, esperemos que el Ejecutivo regional recapacite, publique la listas, que los altos cargos vacunados indebidamente pidan perdón a la ciudadanía y que asuman las responsabilidades políticas que le corresponda.
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