El año pasado, tras más de 150 años alumbrando nuestros mares, el mayor icono de la Costa Cálida y uno de los símbolos por antonomasia de la Región de Murcia sufrió la primera tentativa de perder su titularidad pública tras una partida de póker con unas cartas más descubiertas de lo que se pensaba.
El 20 de marzo de 2017 dos empresarios formaron la sociedad denominada “Faros de Levante S. L.” y, a finales de este mismo mes, expusieron un proyecto de privatización del Faro de Cabo de Palos a la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Esta empresa de nuevo cuño contaba con el ex diputado del PP Andrés Ayala como asesor legal, por lo que no es de extrañar que, tras la proposición no de ley presentada por el diputado popular Teodoro García en el Congreso de los Diputados el 18 de abril, saltasen todas las alarmas en Cabo de Palos. Un hotel y un restaurante se barajaban como posibles opciones para la explotación del edificio. El faro estaba en peligro.
Con esta propuesta, que salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos y el Grupo Mixto, se abría el camino a la privatización del Faro de Cabo de Palos en un proceso en el que el olor a corrupción y tráfico de influencias se mascaba en el ambiente.
Dos jugadas paralelas que hacían temerse lo peor a las cuatro familias fareras que habitan en el faro desde hace décadas.
Cogiendo el modelo irlandés y británico de dar un uso a sus faros abandonados, la entidad pública del Ministerio de Fomento “Puertos del Estado” lleva buscando desde 2012 la explotación turística de numerosos faros de nuestras costas. Estas albergan 187 faros de los cuales solo 40 se encuentran habitados, ya que las nuevas tecnologías han permitido una automatización de la mayoría de los mismos. Por ello el faro de la Isla Plancha en Lugo y el de Punta Cumplida en la isla canaria de La Palma han sido los pioneros en España en tener este uso alternativo.
Sin embargo, el faro de Cabo de Palos es un elemento arquitectónico singular, patrimonio de todos y para nada en desuso. Desde sus instalaciones se realiza el control de señalización marítima del que dependen las balizas del puerto de Cartagena y otros ocho faros de nuestras costas en un espacio comprendido entre el Faro de Águilas y el de El Estacio. Algo que, como reconocen los propios fareros, se debe seguir gestionando desde este prominente lugar.
Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Cartagena votó en contra de la privatización del faro, con la excepción del Partido Popular, mientras que la Autoridad Portuaria de Cartagena (dependiente del Ministerio de Fomento) entorna levemente la puerta a esta opción hasta nueva fecha tras la gran polémica suscitada.
Mientras, el pasado verano, una multitud de turistas, vecinos y vecinas de Cabo de Palos salieron a las calles de la localidad costera a defender el uso público del faro y en defensa de las familias fareras que en él habitan. Gracias a estas movilizaciones se ha comenzado a abrir debate sobre un nuevo uso público, complementario y compatible con la residencia de las familias fareras: un espacio expositivo y visitable sobre la historia del entorno y la Reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas o un Centro Nacional de las Reservas Marinas de España.
La intención de la Autoridad Portuaria de Cartagena de trasladar al puerto de Cartagena los servicios del faro en un futuro no muy lejano y su compromiso con el “turismo” nos hacen ver que la ciudadanía debe seguir velando por la conservación pública y patrimonial de este su monumento. Tanto como el propio Faro de Cabo de Palos ha hecho en cada puesta de sol en nuestras costas durante más de siglo y medio.
*Artículo original de Antonio Luis Martínez Rodríguez (Tudmur)
