Hace unos días, el ministerio que lidera Teresa Ribera ha dado carpetazo al macro proyecto de puerto de El Gorguel, por dos razones principales, la afectación al espacio natural adyacente, incluido en la Red Natura 2000, y por la existencia de una alternativa a esa zona, que ocupa menos superficie, como es la ampliación de la dársena de Escombreras. Las reacciones del Partido Popular de la Región de Murcia, a través del propio presidente López Miras y de otras autoridades como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no se han hecho esperar, calificando esa decisión de “injusta, injustificable y arbitraria”, alegando las sempiternas promesas de riqueza y creación de puestos de trabajo, argumentos a los que nos tienen acostumbrados desde la época del bum inmobiliario y los proyectos afortunadamente paralizados de Marina de Cope o el Parque Paramount. La Fremm llega incluso a poner una cifra, la de más de 40.000 empleos, con la que “se igualarían las cifras de paro con Madrid o el País Vasco”, en un ejercicio de política ficción que pocos creen. Por su parte, las organizaciones empresariales de la región han condenado el, según ellos, “ninguneo” que el MITECO somete a la Región de Murcia, en un episodio más de victimismo en el que basan sus políticas el Partido Popular y sus socios de Vox, a cuenta de los trasvases o de la financiación autonómica, por citar algunos “agravios” que blanden los populares para hacer oposición al Gobierno central.
El puerto de contenedores de el Gorguel, que lleva casi 20 años en los cajones de los diversos consejeros del PP, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ecologistas, profesores universitarios y vecindario, así como de la oposición, debido principalmente a los fuertes impactos que supondría su construcción: pérdida de biodiversidad y afección a la fauna y flora, tanto terrestre como marina, impactos paisajísticos y sobre el patrimonio geológico y minero, contaminación de las aguas y afección a la dinámica sedimentaria de las playas cercanas, entre otros, obviando que esa zona de la costa de Cartagena goza de múltiples figuras de protección, ser Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Geológico (LIG).
Desde los sucesivos gobiernos regionales se ha tratado de minimizar esos impactos; todos recordamos las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2012, Adrián Ángel Viudes, cuando calificó el entorno del El Gorguel de “auténtica porquería”, insistiendo en la inexistencia del camachuelo trompetero en la zona, especie que provocó, precisamente, la declaración de la sierra de la Fausilla como ZEPA, adyacente al Gorguel, que para él era una invención de los ecologistas, y del que dijo que “ni está ni se le espera”, llegándole en una ocasión a calificar públicamente como “un gorrión africano que es una puta mierda”.
Para el Gobierno regional, como se ha demostrado desde hace décadas, el medio ambiente es un aspecto a sacrificar para conseguir sus fines, como se ve en el alto grado de degradación del Mar Menor, o su apoyo a múltiples proyectos urbanísticos desde comienzos de siglo, felizmente parados por la sociedad civil. Bajo la promesa de puestos de trabajo y riqueza, el Partido Popular es capaz de destrozar espacios naturales de incalculable valor, privando a la mayoría de la sociedad del derecho a tener acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, un derecho humano universal aprobado en una resolución de la ONU el pasado año 2022, además de ser uno de los artículos de la Constitución que, en su artículo 45, consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
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