El 11 de marzo se conmemora, si se puede decir así, el accidente de Fukushima-Daiichi y los efectos de las fugas radiactivas siguen sin estar controlados. En particular, cientos de miles de toneladas de aguas radiactivas que se acumulan en el entorno de la central. Después de nueve años una amplia zona sigue sin poder habitarse, la radiación continúa produciendo mutaciones y matando a los organismos vivos, los vertidos no se han detenido y la acumulación de residuos radiactivos letales desborda todas las previsiones iniciales. Este dramático legado va a pervivir miles de años
Una región de Japón ahora está contaminada de radiactividad y es inhabitable, probablemente para siempre. Se está descontaminando el suelo del entorno de la central nuclear de Fukushima de forma parcial, sin embargo los niveles de radiactividad que se mantienen son más de 20 veces los niveles permitidos para el público. El gasto económico supera los 80.000 millones de euros, hasta ahora, y ha duplicado las previsiones iniciales. Se calcula que habrá que controlar más de 900.000 toneladas de agua radiactiva bombeada del subsuelo para reducir la contaminación.
Todavía queda pendiente la tarea de desmantelar los reactores accidentados y de gestionar los residuos de alta actividad que se producirán. Los daños sufridos por los núcleos de los reactores convierten esta labor en una operación de muy alto riesgo. En Fukushima hemos visto que siempre hay variables que no se pueden tener en cuenta. Tras cada accidente, la industria nuclear airea que ha aprendido las lecciones y que las incorpora a los nuevos diseños, aunque esto suponga un encarecimiento de la energía y publicitando una falsa sensación de seguridad
En el estado español, nos encontramos con la ampliación del calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordado por el anterior gobierno con las tres principales empresas eléctricas, lo que supondría que todos los reactores pasaran de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, hasta los 50. Una propuesta inadmisible. Este aumento temporal del funcionamiento va implicar costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros. Esto va a repercutir en el precio de la electricidad que consumimos.
Las decisiones se han tomado sin ningún informe que avale la seguridad de cada central nuclear más allá de los 40 años de existencia. Los criterios económicos han primado sobre la seguridad nuclear. Un ejemplo claro es el hecho de que las empresas propietarias unen el cierre nuclear exclusivamente a sus balances económicos y a la rentabilización de los activos de las compañías eléctricas. Por otro lado, aumentará además el volumen de residuos de alta actividad, en unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para su gestión definitiva. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad que superarán el volumen que el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) puede aceptar.
El combustible gastado de las centrales nucleares es un residuo de alta radiactividad, letal por exposición directa y activo durante decenas de miles de años. Es una terrible herencia para las generaciones futuras. No existe solución satisfactoria para su gestión en ningún país del mundo, ni es previsible que la haya a corto plazo. Por ello estos residuos se suelen acumular en las piscinas existentes dentro de las propias centrales, que se convierten en un auténtico cementerio nuclear.
Junto a otras catástrofes, como la de Chernóbil, el desastre nuclear de Fukushima en 2011 demostró que la energía nuclear es demasiado peligrosa, demasiado sucia y demasiado cara para seguir con su uso. Sin embargo, los oligopolios de electricidad siguen promoviendo y utilizando la energía nuclear. Es necesario un cierre ordenado de las centrales nucleares según vayan expirando sus permisos de explotación, hasta su cierre completo en 2024.
Además del ahorro y eficiencia energética, se tiene que producir un cambio profundo en el consumo de fuentes de energía no peligrosas y renovables, ello puede lograrse cambiando a otras comercializadoras que no nos engañen y generen electricidad con fuentes renovables 100%. Así los consumidores/as no solo dejamos de financiar a las grandes eléctricas sino que declaramos nuestra independencia de tecnologías de generación sucia, centralizada, e insostenible. No se puede permitir que estos desastres vuelvan a ocurrir.
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