La voracidad de la agroindustria, apoyada por los gobiernos del PP y Vox, está poniendo en peligro dos de las joyas ambientales de nuestro país: el Parque Nacional de Doñana y el Mar Menor. La consecución de beneficios rápidos con la superproducción de frutas y hortalizas debido a la obtención de varias cosechas al año, fuera de los ciclos naturales de las plantas, la mayoría destinada a la exportación, sustentada por mano de obra barata, precaria y, a menudo, migrante, produce efectos colaterales indeseables, tanto sociales como ambientales. La desecación de Doñana y la contaminación del Mar Menor son los más visibles.
Aunque estos dos humedales son los más mediáticos, el Fondo Mundial para la Naturaleza señala otros dos puntos negros en nuestra península: las Tablas de Daimiel (en Castilla La Mancha) y el acuífero de Arenales en Castilla y León. En el primer caso, se calcula que más de 50.000 hectáreas se cultivan con agua extraída ilegalmente, siendo 25.000 las hectáreas regadas de forma ilegal en las inmediaciones del acuífero de Arenales. Pero no son los únicos. La Albufera de Valencia, el delta del Ebro o la Albufera de Mallorca son también espacios amenazados por la presión turística, la agricultura intensiva y el cambio climático.
El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Se estima que el 35% de los humedales del planeta se han perdido desde 1970, siendo la situación dramática en España, donde entre el 60 y el 70% de estos ecosistemas han desaparecido. Por eso es incomprensible a la par que indignante que los gobiernos del PP de la Región de Murcia y de Andalucía, apoyados por Vox, prefieran apoyar a una minoría, el sector agroindustrial, frente al interés general, con la conservación del patrimonio natural de todos.
A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, los regantes del entorno de Doñana siguen exigiendo que se legalicen cientos de hectáreas ilegales de regadío, petición que recogen la derecha y la ultraderecha. Con un tono victimista, pasan de contravenir la ley a ser los “perjudicados”, en un giro surrealista de la situación. Otro tanto ocurre en la Región de Murcia, donde tanto el presidente López Miras como Vox pugnan por llevarse los votos de los agricultores, negando la responsabilidad de la actividad agrícola en la degradación del Mar Menor y tirando balones fuera, achacándole exclusivamente al gobierno central la situación de la laguna costera, a pesar de sus 28 años de gobierno en la Región.
A la expansión de los regadíos se suma la sequía, consecuencia directa de la emergencia climática por la que atravesamos, con un 21% menos de precipitaciones de lo esperado en esta época del año y un 27% del territorio español en estado de alerta por la escasez de agua. Pero esto no desalienta a los regantes quienes, ciegos y sordos ante los datos objetivos, siguen demandando agua, a pesar de que los embalses de uso consuntivo (es decir, aquellos cuyo fin es el consumo humano y la agricultura) se encuentran hoy al 42,4%, según los datos del último informe semanal del Boletín Hidrológico, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El último informe del IPCC, publicado el 20 de abril, alerta sobre la posible evolución del cambio climático, con probables aumentos del nivel del mar, escasez de agua y alimentos para la mitad de la población mundial, al tiempo que, una vez más, subraya la urgencia de emprender acciones más ambiciosas para hacer frente a este reto. Pero los gobiernos autonómicos, sobre todo los gobernados por la derecha y ultraderecha (Andalucía, Región de Murcia y Castilla y León) siguen negando la mayor. Esperemos que la sociedad abra los ojos, y dé la espalda a los que, desde una visión miope, sólo defienden los intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría.
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