El Gobierno de Murcia concedió a la empresa de Pedro Antonio Sánchez más de 25.000 euros a fondo perdido en 2021

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) concedió hace dos años una ayuda por valor de 26.412,28 euros a la empresa del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El antiguo jefe del Ejecutivo regional, socio único de la empresa que recibió la subvención, Tempori Parce S. L., ha sido condenado esta semana a tres años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada y falsedad en el marco del 'caso Auditorio'. En la fecha en la que recibió este dinero por parte del Gobierno Regional ya estaba siendo investigado para esta trama de corrupción.

El expresidente murciano recibió esta subvención a través de marco del programa ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19. Se trataba de un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas cuya gestión correspondió a la Comunidad. El Instituto de Fomento, donde se tramitó esta subvención, estaba dirigido en 2021 por Joaquín Gómez Gómez.

Tempori Parce S. L. fue creada en 2017 como una asesoría siete meses después de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como jefe del Ejecutivo Regional tras ser imputado en varios casos de corrupción. No fue la única empresa que creo ese año, también fundó Nosce Te Ipsum 2017 S.L., que extinguió más tarde. La sede social de ambas se ubica en Puerto Lumbreras, donde fue alcalde y orquestó los casos de corrupción que le han condenado en 'Auditorio'.

Según la Comunidad, se trata de ayudas con fondos procedentes del Estado y “los requisitos para su concesión fueron establecidos por el Gobierno de España”. También añaden que el Instituto de Fomento “fue tramitador de los expedientes que cumplían los requisitos para recibir las ayudas” y que la Agencia Tributaria Española es la que validaba la información aportada por cada empresa“. Un total de 2.589 empresas de la Región recibieron esta ayuda del Estado.

El líder socialista en la Región, José Vélez, ha pedido a López Miras una comparecencia pública para que explique “el alcance de sus vínculos” con Pedro Antonio Sánchez y “aclare los términos de esa subvención”. “Ya sabemos lo que significa para López Miras dejarse el alma y la piel por reparar una injusticia: premiar a su padre político”, señaló Vélez en referencia a las palabras pronunciadas por el jefe del Ejecutivo murciano cuando tomó posesión del cargo en mayo de 2017 tras la dimisión de Sánchez.

Por su parte, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha señalado en un comunicado que “si se confirma que -Sánchez- también ha recibido dinero público del gobierno del PP sería una muestra más de que sigue manejando los hilos”. La diputada murciana ha asegurado que “el YoConPedroAntonio no se acabó en 2017 con su dimisión”.

“Se sabe que se reunió con López Miras en Puerto Lumbreras en junio de 2019 a pocas horas de que se constituyera la Asamblea Regional”, ha asegurado la parlamentaria murciana. Para Marín, “la corrupción en Miami -donde reside Pedro Antonio Sánchez desde que se vio obligado a dimitir- y corrupción en San Esteban son dos caras de la misma moneda”, por lo que ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que disuelva la dirección del PP murciano y ponga una gestora.

La diputada de Podemos ha reproducido en el pleno de la Asamblea Regional un vídeo de 2017 en el que López Miras mostraba su apoyo al entonces presidente Sánchez.

200.000 euros para una inmobiliaria sin empleados

El Info de la Región de Murcia también le entregó en 2021 una “línea de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19” de 200.000 euros a Las Lomas de Pozuelo S.A, una inmobiliaria sin empleados y con problemas económicos desde 2011.

En ese año entró en concurso de acreedores por serios problemas de insolvencia y dos años más tarde las partes acordaron un convenio. Ya en 2015, presentaba un riesgo máximo de impago, superior al 60%, y desde ese año había recibido hasta cinco diligencias de embargo por parte de la administración local de Madrid, las últimas en 2021 y 2018.