Cada jornada, más revelaciones; cada semana, nuevos imputados. Un total de doce personas vinculadas antes o ahora a Osasuna, además de dos agentes inmobiliarios, han sido señaladas ya por el juez en el caso Osasuna. Pese a que está decretado el secreto de sumario en esta investigación, las revelaciones son continuas. Y la mayoría arrancan en el mismo punto: la conversación entre el responsable de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay, grabada entonces y esta semana anunciada en el programa El Larguero de la Cadena Ser. Esta transcripción ha ayudado a comprender las claves de la querella presentada por la LFP y, después, los pasos realizados por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, Fermín Otamendi. Pero todavía hay muchas incógnitas por resolver; estas son algunas de las principales.
¿Por qué habló Vizcay?
Una de las claves es por qué el exgerente decidió lanzarse a la piscina y hablar ante la LFP de la supuesta trama de compra de partidos, señalando a directivos, jugadores e, incluso, a un inspector de la Hacienda foral que presuntamente estuvo al tanto de alguno de esos pagos ya en 2008. En la transcripción, se entiende que la LFP ya tenía en sus manos una auditoría (que fue clave, además, para que Osasuna denunciara la extracción de unos 2,4 millones de sus cuentas cuyo destino se desconoce) y Vizcay parece dejar entrever que él iba a ser señalado como uno de los responsables de esas operaciones. La LFP, por ejemplo, no ha pedido ni responsabilidad civil ni ingreso en prisión para el exgerente.
¿Por qué se señala a unos directivos y jugadores?
El goteo, constante pero aparentemente imparable, de información ha hecho que primero trascendiera el contenido de la querella de la LFP, después la citación como imputados o testigos de exdirectivos, personas ahora vinculadas al club (caso del director de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, y del contable, Tomás López) y jugadores.
Los nombres fueron mencionados durante la declaración de Vizcay, que primero insistió en que toda la junta de Miguel Archanco (cuya defensa ha formalizado el pago de la fianza, de 500.000 euros, por lo que este martes ya ha podido salir de prisión) estaba presuntamente al corriente de los pagos, después se remontó a la época en la presidencia de Patxi Izco y, por último, habló de abonos en concreto, completados a través de jugadores u otros sistemas. Por ejemplo, Vizcay habla en esa transcripción de los directores deportivos rojillos Ángel Martín González y Petar Vasiljevic, así como de futbolistas como Patxi Puñal y Damià (ambos de Osasuna), Sergio García (Espanyol), Jordi Figueras y Antonio Amaya (Betis), la mayoría de los cuales ya ha negado la versión de Vizcay.
¿Qué es Flefield?
Varias de las operaciones, tanto con Archanco como con Izco en la presidencia, están bajo sospecha. Como el pago de más de 76.000 euros a un supuesto agente deportivo sin identificar o el abono de 900.000 euros a agentes inmobiliarios por una presunta labor de asesoramiento, que ha llevado a que este martes ambos, Cristina Valencia y Alberto Noya, hayan declarado este martes como imputados y hayan sido puestos en libertad con cargos. Pero si una operación ha generado suspicacias ha sido los reiterados abonos a Flefield, una sociedad con sede en Portugal cuyos servicios se desconocen y sobre los que no hay explicaciones.
¿Un inspector de Hacienda y el Gobierno lo sabían?
Una de las dudas que ha generado las declaraciones de los imputados es si la Hacienda foral estaba al corriente de uno de estos pagos. Vizcay así lo aseguró, y se remontó a la época de Patxi Izco. Habló de un Osasuna-Murcia a final de temporada, y de un pago que provocó una inspección de Hacienda, que, según esa declaración, pidió una carta que exonerara a Vizcay sobre el tema. El Gobierno Foral ha reaccionado ahora anunciando un expediente de información reservada para aclarar este tema, que ya ha sido remitido al Juzgado. No obstante, esta polémica también ha rodeado al Ejecutivo, después de que Izco, según ha publicado Diario de Noticias, asegurara ante el juez que habló con un consejero navarro para que Hacienda, presuntamente, “mirara hacia otro lado”.
¿Cómo afecta la polémica a la ‘Ley Osasuna’?
El caso Osasuna ha explotado poco después de la tramitación de la Ley Osasuna, el sistema impulsado en el Parlamento foral para poder reestructurar la deuda del club rojillo, que asciende a unos 53 millones. Básicamente, plantea una dación en pago mediante la que el estadio de El Sadar o los campos de entrenamiento de Tajonar pasan a ser públicos, pero únicamente utilizados por el club. Pese a que tanto UPN como PSN han defendido este paso, al considerar que refuerza a la entidad (y no a sus anteriores responsables), desde la oposición se ha recordado que esta ley, que permitirá aumentar el control del club, no sirvió para destapar los presuntos agujeros en esa contabilidad. La presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, ha asegurado que se mantiene el calendario para cumplir la legislación.
(Edición actualizada).