Conservar la impunidad en nombre de Dios

Durante las últimas semanas la organización Infancia Robada, creada por mujeres y hombres sobrevivientes de agresiones sexuales cometidas por sacerdotes católicos en España, ha presionado al gobierno para que se aplique la ley, es decir, para que los sacerdotes que han violado a niñas y niños en diversas comunidades del país sean debidamente investigados y juzgados como lo son el resto de los ciudadanos. Este es un hecho histórico que exhibe el poder de la Iglesia Católica dentro del poder judicial. 

La pregunta más usual que me hacen las personas que han sobrevivido a actos de pederastia clerical es ¿en qué momento los miembros de la Iglesia lograron alcanzar una excepcionalidad jurídica similar a la de los militares que cometen crímenes de guerra? La respuesta a esta pregunta es crucial, si el Gobierno no expresa con toda claridad que todas las personas adultas que abusen sexualmente de una o un menor deben ser juzgadas de acuerdo a la ley vigente en España, seguirá validando la perversidad del silenciamiento histórico de miles de niñas y niños víctimas de violencia sexual.  

La violencia sexual al interior de la Iglesia y de los colegios regenteados por grupos religiosos no es nueva, lo que resulta novedoso en los medios de comunicación españoles es la visible y creciente movilización de víctimas adultas que exigen a sus representantes en el Congreso que se hagan cargo de un problema grave que ha sido acallado por el poder político que ha ejercido la Iglesia desde siempre. Un valiente grupo de sobrevivientes de violencia sexual se han reunido con representantes de la Cámara Baja para exigir que el tema de la pederastia clerical –histórica y reciente–, sea debidamente discutido para que se haga justicia y reparación integral del daño.

Que un miembro de culto religioso dedicado a la docencia manipule, toque, viole o incite a una persona menor de edad a someterse a actos sexuales de cualquier índole conlleva una triple carga de violencia: psicoemocional, física y moral

Habría que dejar atrás la palabra abuso, porque significa exceso o extralimitación y por absurdo que parezca, el lenguaje confuso hace creer a muchas personas que hay ciertos castigos, tocamientos y malos tratos que son permitidos cuando un adulto con poder se impone a una persona menor de edad. El hecho de que un miembro de culto religioso dedicado a la docencia manipule, toque, viole o incite a una persona menor de edad a someterse a actos sexuales de cualquier índole conlleva una triple carga de violencia: psicoemocional, física y moral. En pocos casos es tan evidente la gravedad de la imposición de poder de un victimario sobre su víctima como en el ámbito religioso, puesto que la mayoría de las víctimas relatan cómo sus abusadores les decían que ellos representaban a Dios, que Dios aprobaba ese encuentro, que el Todopoderoso deseaba que la víctima, por ejemplo, le practicara sexo oral al sacerdote porque ése era un acto de amor sagrado.

Negarse a obedecer es pecado, revelar el acto de violencia es, por lo tanto, pecado también. Así las víctimas quedan atrapadas en un callejón sin salida y enmudecen ante el poder de un hombre que, según sus creencias, representa a Dios, a la Iglesia, al colegio; es decir detrás de un violador hay un entramado institucional que le respalda ¿por qué una víctima de diez años iba a creer que tiene la razón frente a ese inmenso aparato de poder espiritual, emocional, político y concreto de su victimario? En Latinoamérica documentamos durante años cómo miles de padres y madres de víctimas de los Legionarios de Cristo y del Padre Marcial Maciel desacreditaron las denuncias de sus hijas e hijos; era más importante proteger a la institución que a la infancia, después de todo la etimología de la palabra infancia, significa “sin voz”; históricamente la niñez no ha tenido derecho a la palabra en lo privado y en lo público.

En la mayoría de los casos de pederastia que he documentado a lo largo de más de veinte años, niñas y niños de diversos países narran las estrategias de manipulación sicológica, la extorsión, las amenazas y una especie de lavado de cerebro que conlleva convencer a las víctimas de que no importa lo que suceda el adulto siempre tendrá la razón y el poder para demostrarlo. Esta semana, España vive un momento histórico para enfrentar de manera efectiva la violencia sexual contra la niñez. Unidas Podemos, Cs, ERC y EH Bildu, acompañados por representantes de Infancia Robada han solicitado una comisión de investigación sobre los abusos sexuales. Se ha debatido en el Congreso si se debe crear esta comisión o una de expertos. Es importante resaltar que cualquier comisión que pretenda verdaderamente enfrentar la violencia sexual clerical contra la niñez española debe ser intersectorial, estar conformada por personas expertas en psicopedagogía, atención profesional a víctimas, defensa legal especializada, salud pública, educación, defensa de derechos humanos aplicada al proceso judicial y acompañamiento social en reparación integral del daño, así como en la creación de una memoria histórica de sus resultados para convertirlo en un proceso de transformación cultural. 

No se trata únicamente de aprovechar que el actual Papa Francisco haya declarado desde el Vaticano que se debe perseguir a los pederastas y erradicar esta práctica de la Iglesia, también es momento de que el gobierno español demuestre que el Episcopado no está por encima de las leyes y del Estado Laico que rigen su constitución. Las declaraciones de los representantes de los conservadores PP y Vox, que se pronunciaron ayer por evitar la creación de esta comisión, niegan el legítimo derecho de las víctimas actuales y de las víctimas potenciales a crecer en un país que les proteja de ser violadas por quienes les educan; esto demuestra nítidamente cómo funciona la protección política de la pederastia y el desprecio a la niñez. 

Esta semana, a las puertas del Congreso, Fernando García Salmones, sobreviviente de violencia clerical y portavoz de la organización Infancia Robada ha llamado a su país a mirar lo que la Iglesia y sus protectores políticos han intentado ocultar durante décadas: que nadie debería estar por encima del Estado y de la ley.