El dolor que desgarra a los familiares de víctimas de crímenes atroces cursa de muy diversa manera. En España, desgraciadamente, tenemos una amplia experiencia. Hemos conocido a muchos padres coraje, que han adoptado una actitud combativa ante los crueles asesinatos de sus hijos, y hemos visto a personas que, como Irene Villa o el joven Utrera, que testificó en el juicio del 11M, consideran que una perpetua victimización no les ayuda a continuar. No nos corresponde indicar a nadie cómo afrontar estos golpes de la vida que casi nadie imaginamos como seríamos capaces de soportar.
Pero el dolor no es la Justicia. La Justicia en un Estado democrático no se hace desde el dolor ni desde la venganza. Mucho menos se puede articular en torno a una postura ventajista, como en estos últimos días está haciendo el Partido Popular que se ha asido a la desgracia de los Quer como un método para conseguir que la mayoría parlamentaria no derogue la llamada cosméticamente “prisión permanente revisable” que instauraron con sus solos votos. Ya no los tienen.
Los representantes de la mayoría de la sociedad española no quieren que nuestro ordenamiento recoja penas inconstitucionales y que pueden atentar contra los Derechos Humanos. Representan a millones de ciudadanos que piensan, como Antonio Cuerda, que “no hay nada que justifique que se mantengan en España estos castigos, ya que la grandeza del Estado se demuestra más por la justicia de sus penas que por la venganza”.
No sólo los representantes ciudadanos piensan que tal pena es inconstitucional, el Consejo General de la Abogacía así se manifestó, así como asociaciones de jueces y fiscales y otros juristas. El único que no ha dicho ni mu aún es quien está llamado a hacerlo: el Tribunal Constitucional. Hace más de dos años y medio que tiene este recurso sobre la mesa sin que haya tomado ninguna decisión. Que está bien correr para impedir que se conculque el artículo 2 de la CE, pero no estaría mal darse prisa por ver si se atacan el 10, el 15 y el 25 de forma simultánea. Quizá estén esperando a la derogación parlamentaria para no tener que darle un guantazo al Partido Popular.
Comprendo a Quer en su necesidad de “no quedarse parado” ante su drama, pero me parece inaceptable la postura de los populares pidiendo firmas para la iniciativa del doliente padre. El PP sabe que la recogida de firmas es estéril. No hay iniciativa legislativa popular posible para estos asuntos y no es por casualidad. Están pues usando un terrible drama humano y personal para apuntalar una medida en la que siempre han estado solos. Quer cree que el 80% de los españoles son favorables a una pena que no resuelve nada y que crea muchos conflictos que voy a intentar explicar. No es cierto. La mayoría parlamentaria lo demuestra.
A Quer, como hombre de acción, la desgracia le ha cursado poniéndose en movimiento para “luchar para que otros padres no pasen por esto”. Y no podríamos sino sumarnos a ese deseo hecho de humanidad y de aflicción. Lo que sucede es que criminalistas, penalistas y expertos en Ciencia Penitenciaria podrían explicarle que esto no va a suceder, ni con esa pena ni con ninguna otra. Aun suponiendo que elimináramos para siempre de la sociedad mediante la muerte social -la reclusión perpetua- o mediante, sí digámoslo, la pena de muerte no conseguiríamos de ninguna manera que tales infames casos no volvieran a producirse. Ni la prisión permanente ni la cadena perpetua ni la pena de muerte tienen ningún efecto a la hora de incrementar la prevención general - es decir, de disuadir- en este tipo de delincuentes. Los últimos guillotinados en Francia, en 1976, lo fueron por raptos y asesinatos de niñas. ¿Dejaron de suceder en ese país? No. Y si no vamos a conseguir que haya nuevos delitos, si esa seguridad que como padres o como ciudadanos buscamos, no nos puede ser ofrecida. ¿Qué se busca con la instauración de esta pena?
Ha repetido muchas veces el Partido Popular que es un castigo que existe en todo nuestro entorno. Algo que el padre de la desgraciada Diana Quer ha reiterado también. En 33 países, les añado yo. Sólo que estos países no tenían ya un artículo como el 76 de nuestro Código Penal que permitiera un cumplimiento efectivo de las penas de 30 y 40 años, según los delitos. En realidad, muchas de las prisiones permanente de los países de nuestro entorno se parecen más a eso que a lo que pretenden con la reforma. En Francia, esta pena se denomina Perpétuité incomprensible y sí, habría que traducirla como perpetuidad irreducible, pero, paradojas de la lengua, también como incomprensible. Hay un movimiento en el país vecino contrario a su establecimiento como lo hay en Suiza y en otros países. Hasta el momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado por la forma de aplicación de esta pena, al considerar que incumple el artículo 3 de la Declaración, a Gran Bretaña (que tuvo que cambiar el sistema), Hungría, Turquía, Bulgaria, Holanda, Lituania y estudia el caso de Italia y su ergastolo ostativo.
Ya hemos visto que tal pena no conseguirá evitar que aparezcan nuevos criminales. ¡Pero evitará que los ya condenados reincidan! ¡Nunca se reinsertan!, me dirán algunos. Una pena nunca debería fundarse en la posibilidad de futuros delitos. Aun así, no hay que dejar de poner sobre la mesa los problemas penitenciarios y los riesgos que supone crear almacenes de carne sin esperanza. A un penado así ¿qué puede retenerle de asesinar o cometer otras crueldades en prisión? ¿Se lo quieren preguntar a los funcionarios de prisiones? Otras vidas serían puestas en peligro. Y no les he traído hasta aquí sin doble idea porque si condenar sin esperanza no resuelve el problema y lo que desean es que no vuelvan a delinquir ¿por qué no piden entonces el restablecimiento de la pena de muerte? Los argumentos que apoyan la instauración de estas penas para evitar la reiteración delictiva acaban justificando la pena capital.
No se sientan mejores personas por querer destruir a los que nos dañan. Ningún sufrimiento de estos padres va a hallar desgraciadamente reparación en ninguna pena por enorme o inhumana que fuera. Nuestra confianza en el ser humano y en su posibilidad de cambio es un pilar fundamental de nuestra dignidad como sociedades.
Descansa en paz, Diana.