Jueces asexuados
Ya vuelve a ser juez el individuo que pretendía dar, en connivencia con un ministro, una estocada mortal a un enemigo político. Un personaje, De Alfonso, que conspiraba contra los enemigos y daba consejos de como usar a la Fiscalía para que las filtraciones sobre Trías fueran más efectivas. Fue cesado por su inaceptable actitud y ya no será más la cabeza visible de la lucha contra el fraude en Cataluña pero, a cambio, podrán verlo impartiendo justicia en la Audiencia de Barcelona de forma perfectamente legal. Ese es el problema.
El caso de De Alfonso es uno más que se suma a una lista cada vez más abultada de jueces trasvasados de la carrera a la política y vuelta. Lo duro es lo de la vuelta porque que se fueran a la política sería una decisión libre como la de cualquier ciudadano. Lo cierto es que no quieren perder “el puesto” y se han ido buscando las artimañas legales para asegurarse una retirada si las cosas no les iban bien. Es decir que han conseguido no arriesgar nada porque lo único que se arriesga es la idea de la imparcialidad.
Las puertas giratorias en el mundo de la judicatura y la Fiscalía han sido amplias. Así, ahora mismo, además de al ínclito De Alfonso juzgando en Barcelona, tenemos en la Audiencia Nacional a tres de los seis jueces centrales de Instrucción con “antecedentes” de cargo político. Matas, Velasco y Lamela. PSOE y PP. El propio presidente del Tribunal Supremo fue director general de Justicia con Aznar. Y suma y sigue. Robles, Bermejo,Fernández de la Vega, Camacho, todos volvieron a las carreras judicial o fiscal. Garzón después de su frustrado paso por la Secretaría de Estado que le dejó sin ser ministro. Cada uno se ocupó de ir despejando el campo por si le tocaba volver a encajarse. Victoria Rosell ha sido candidata y diputada por Podemos y ahora ha vuelto a la judicatura. Todo esto nos deja un rastro de jueces de los que no intuimos sino que conocemos su ideología y que, además, han estado inmersos dentro del aparato partidista. Imparcialidad.
Todo esto en insostenible en el modelo de judicatura que se adoptó en la Constitución de 1978. En aquel debate triunfó el modelo conservador de juez. Un juez que debía ser apolítico conforme a la visión del constitucionalismo liberal recibida y no a la herencia republicana. En un debate que tuvo lugar el 8 de junio de 1978, se plasmó esa tendencia conservadora mayoritaria a que los jueces sean ideológicamente asexuados como ángeles. Los representantes de AP y UCD se opusieron denodadamente a la posible militancia política de los jueces. De La Fuente -ex ministro de Franco- se mostró muy preocupado en su intervención por la independencia de una Justicia “que debía quedar alejada de toda politización”. Ya lo había aprendido bien de Paco: “Haga como yo, no se meta en política”. Según él los peligros de politización podían proceder del nombramiento de los miembros del CGPJ y de la pertenencia de jueces y magistrados a partidos políticos y sindicatos. López Rodó abundó en su intervención señalando que “la independencia judicial se haría ilusoria si siguiera existiendo un margen de discrecionalidad en los nombramientos judiciales”. Subrayo que dijo “siguiera” porque era evidente que eso es lo que había sucedido durante el franquismo como sucede ahora. Durante el franquismo, tras la fase de depuración de no adictos , tal y como en Turquía, las plazas se cubrieron según los dictados del Ejecutivo.El presidente del Tribunal Supremo era nombrado directamente por el jefe del Estado. Ahora, ya saben, lo eligen los vocales pero siempre sabemos a quién va a designar el presidente del Gobierno incluso antes de que lo sepan los que han de elegirle. De traca, vamos. En la época franquista, el paso durante algunos años por puestos de gestión y de confianza era el mejor paso para llegar al Tribunal Supremo. Recuerdo otra vez a Lesmes, no puedo evitarlo.
Durante aquel debate fueron Roca (de Minoría Catalana) ,Castellano (PSOE) y Solé (Grupo Comunista) los que defendieron la posibilidad de que los jueces pudieran afiliarse a partidos y sindicatos. Roca Junyent consideró desfasada tal prohibición e improcedente por razones prácticas “puesto que la ausencia de una militancia formal no impedirá a un juez compartir la ideología de un partido”. Así sucedía en la República. Los jueces podían afiliarse pero tenían terminantemente prohibido tener cualquier cargo ni en la estructura del partido ni político. Ahora estamos en el peor de los mundos posibles. Tenemos jueces que no pueden afiliarse pero de los que acabamos conociendo su ideología y que, además, pueden aceptar cargos políticos y luego volver a la judicatura. Tal panorama hubiera llenado de espanto a los constituyentes.
Roca argumentó muy bien por qué no resultaba apropiado limitar esos derechos para propiciar “la adscripción clandestina y secreta” o la de facto que contemplamos ahora. Solé Barberá, del Grupo Comunista, fue más allá y se opuso a cualquier limitación de los derechos políticos, de pensamiento o sindicales de los magistrados.
Un debate semejante se produjo en Alemania al terminar el nazismo y la solución fue la contraria a la adoptada en España. No se pasó de recomendar a los jueces que “su comportamiento en actividades políticas no ponga en peligro la confianza en su independencia”. Los jueces norteamericanos o anglosajones tampoco tienen problemas con que se conozca su libre adscripción ideológica y política.
Fueron los conservadores los que forzaron la adopción en España de una solución irreal. Los jueces tienen sexo y, claro, también ideología. Pero el modelo constitucional que se diseñó es el que existe. Sin un cambio de la Constitución no queda otro remedio que mantener esa falacia del juez neutral y apolítico. Lo que no me vale es una cosa y su contraria que es lo que tenemos ahora. Un juez apolítico que asciende políticamente y que va a la política y vuelve como Pedro por su casa. Un juez que no puede sindicarse pero unas asociaciones judiciales que actúan como lobbies de poder.
Así que aclarémonos. O mantenemos este modelo angelical y entonces endurecemos las normas de vuelta a la judicatura después de haberla abandonado o bien introducimos un modelo más real y le ponemos las normas de transparencia y control necesarias.
Lo de De Alfonso es otra cosa. Ese hombre que se proclamó en voz alta “honorable” en el Parlament, no lo es para juzgar a otros. Diga lo que diga la Ley.
