Ante las elecciones que se avecinan, todos los analistas apuntan a que la participación será fundamental para medir el éxito de cada uno de los partidos. Dejando de lado la obviedad del argumento -la participación siempre es fundamental para determinar los resultados electorales; caso contrario, ¿por qué los partidos hacen campaña?-, es cierto que la movilización de los potenciales votantes es uno de los principales parámetros que los partidos (y casas encuestadoras) tienen en cuenta a la hora de preparar la campaña electoral y estimar los resultados. Sabemos que no todo el mundo vota. De hecho, la participación es muy variable durante la misma elección. Por ejemplo, en las elecciones generales de abril, la participación en la Comunidad de Madrid rozó el 80%. Melilla, en cambio, apenas superó el 63%. Si casi 17 puntos de distancia son importantes, en 2016 la diferencia entre Madrid y en Melilla, aún fue mayor: casi 24 puntos.
El problema de esta distancia no es que en un territorio se vote más que en otro, sino que sabemos que hay unos ciudadanos que votan más que otros. Por ejemplo, nuestra compañera en Piedras de Papel, Aina Gallego nos ha mostrado en varios artículos académicos (y un libro estupendo) cómo la educación es un factor fundamental para explicar la participación: cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la participación. Esto es un problema porque también sabemos que cuando menos equitativamente está distribuida la participación -esto es, unos grupos sociales votan más que otros grupos- menos representativas son las políticas que se implementarán. Nuestros representantes tienen más incentivos para priorizar los asuntos que preocupan a los votantes que al resto de los ciudadanos.
Así las cosas, en esta entrada y en otra futura defenderé que una forma de atajar esta desigualdad es mediante la adopción del voto obligatorio. En esta explico cuándo, cómo y por qué se ha decidido adoptar esta medida en dos países muy distintos, y por qué se ha abandonado. En la segunda, discutiré algunos de los motivos por los que establecer el voto obligatorio creo que es una buena idea.
Primero, un poco de historia -viene de Anthony Fowler (aquí) y Judith Brett (acá). Viajemos a Australia, que siempre es interesante al ser uno de los países más innovadores en lo que a democracia se refiere. Por ejemplo, en 1856 en los Estados de Victoria (VIC) y South Australia (SA) se instaura la llamada Australian ballot- se vota de forma individual garantizando la privacidad del voto y todas las papeletas son uniformes y distribuidas por el Gobierno. Como se sabe, también en Australia -que deviene una federación en 1901 conformada por seis Estados- hay voto obligatorio.
Lo interesante de las (casi) antípodas españolas para el tema que nos ocupa es que el voto obligatorio entra por fases. El primer Estado en aprobarlo es Queensland en 1914. Y quien lo instaura es el gobierno conservador (con etiqueta de Liberal) de Digby Denham. La lógica de Denham -quien llevaba más de 20 años en política y las había visto de todos los colores - era que la oposición progresista (con etiqueta de Laborista) era mejor movilizando a los votantes. Los laboristas, precisamente, se opusieron a dicha medida. En la votación de la asamblea la medida se aprueba con 47 votos a favor de 72 posibles. De poco le sirvió: Denham perdió la elección de 1915 en la que se aplicó el voto obligatorio por primera vez. Pero lo curioso viene ahora. En 1924 la medida se adopta a nivel federal. En 1926 se instaura en Victoria; en 1928 en Nueva Gales del Sur y en Tasmania. En 1936 en Western Australia y en 1941 en South Australia. Tanto a nivel federal como en todos los estados, la medida se toma por unanimidad.
¿Cómo es posible que en Queensland los laboristas se opusieran a la medida pero, a partir de 1924, todos los partidos vayan estando de acuerdo? Por cuatro razones. Primero, en 1911, el registro de los votantes se hace obligatorio (pero no automático como en España). Se entendía que si registrarse era obligatorio, lo era para votar. Además, si todo el mundo votaba, el fraude (especialmente hacerse pasar por otra persona) sería más fácilmente detectable. Segundo, las multas a los que no votaran ayudarían a reducir los costes de las elecciones. Tercero, el voto obligatorio se percibía como la única forma de asegurar un resultado electoral justo. Por último, pero no menos importante, por intereses partidistas. Los laboristas contaban con una gran ventaja: muchas manos para trabajar en las campañas y, por tanto, acompañar (literalmente) a posibles votantes que el día de la elección remolonearan. Los conservadores contaban con una gran ventaja: tenían coches, lo que les permitía llevar (literalmente) a posibles votantes (a diferencia de los núcleos urbanos europeos en los que no se suele necesitar coche, pese a Martínez-Almeida o Díaz Ayuso). En definitiva, tanto los laboristas como los conservadores mediante el voto obligatorio esperaban reducir la ventaja que percibían tenían sus oponentes. El grado de apoyo a esta medida ha sido y es amplio: por encima del 70%.
Ahora, un poco más de historia -viene de Galen Irwin (aquí) y Henk van der Kolk (acá). Un país más cercano a España, que lo implementó y, años después, lo eliminó. Holanda, 1917. Junto con la adopción del sufragio universal y la representación proporcional, se aprueba el voto obligatorio que se aplica por primera vez en las elecciones de 1918. No todos los partidos están de acuerdo por igual. Por ejemplo, los católicos y los protestantes de la CHU (la Unión Cristiano-Histórica) apoyaban la medida. En cambio, los protestantes de la ARP (partido Anti-Revolucionario), la SGP (Partido Político Reformista) y el GPV (Unión Política Reformada) estaban en contra. Desde la izquierda, también había división de opiniones: los comunistas lo apoyaban mientras que la mayoría de los socialistas se oponían. Por último, la división también ha estado presente entre los liberales: D66 (Demócratas 66) a favor, el VVD (Partido Popular por la libertad y la Democracia) en contra.
Entre 1922 y 1965, se intentó revocar la medida hasta ocho veces. A la novena, en 1970, fue la vencida. Lo curioso de la revocación del voto obligatorio en Holanda es que no contaba con el apoyo ciudadano. Al revés, los holandeses apoyaban la medida. Según una encuesta de 1966 -entonces no había encuestas tan a menudo- el 69% apoyaba el voto obligatorio por un 30% que lo quería abolir. Sin embargo, el Parlamento votó 91 a 15 en favor de la abolición. Tan solo los comunistas, una parte de los liberales y 2 representantes de la Unión Cristiano-Histórica lo hicieron en contra. El promedio de participación en el periodo 1917-1967 fue del 93%. A partir de 1971, del 80%.
Un par de conclusiones a partir de estos dos casos. En primer lugar, parece claro que una de las motivaciones de los partidos para instaurar el voto obligatorio es, precisamente, el beneficio que correctamente o no esperaban obtener con esta medida. En segundo lugar, como muestran los ejemplos, el voto obligatorio NO siempre es una medida progresista. Ni tampoco conservadora. En la siguiente entrada abordaré algunas razones por las que considero que el voto obligatorio sería hoy positivo para nuestra democracia.
