Los abogados del Estado rechazan injerencias y garantizan que la institución actuará según “criterios técnico-jurídicos”
La Asociación de Abogados del Estado han emitido un comunicado este domingo a “ante las recientes informaciones publicadas” en el que rechazan “cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado”.
“Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une”, han insistido en el escrito.
La Abogacía tiene de plazo hasta el día 2 de enero para pronunciar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo respecto a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras. Las previsiones apuntan a que será este lunes 30 de diciembre cuando la Abogacía registre el escrito ante el Alto Tribunal.
La pasada semana tanto PP como Ciudadanos y Vox denunciaron “presiones” por parte del PSOE y de ERC hacia la Abogacía del Estado, pese a que esta ya se posicionó hace meses a favor de la inmunidad de Junqueras.
La sentencia del TJUE
El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo y gozar “desde ese mismo momento” de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio.
La corte con sede en Luxemburgo deja no obstante en manos del Tribunal Supremo español “apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza” Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.
La Fiscalía tardó apenas unas horas en reaccionar al fallo del tribunal europeo, oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.
La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, señaló este viernes que las alegaciones de la Abogacía “no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo”, cuyos servicios jurídicos estarán estudiando también cómo aplicar el fallo del tribunal de Luxemburgo.
Celaá explicó que el retraso del pronunciamiento de la Abogacía -el resto de las partes personadas en el juicio del 'procés' ya se han manifestado- responde al “estudio profundo” que este órgano está haciendo respecto de una sentencia “novedosa” del Tribunal de Luxemburgo que “cambia la doctrina” que había hasta el momento, según la cual cada Estado miembro de la UE decidía en qué momento sus nacionales elegidos en los comicios al Parlamento Europeo obtenían la condición de eurodiputados.
