El Constitucional da la razón a la oposición frente a los vetos presupuestarios del Gobierno

El Tribunal Constitucional ha resuelto a favor del Congreso el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo relativos a la LOMCE y a la reforma laboral. En lo que va de Legislatura, el Ejecutivo del PP ha vetado más 50 proposiciones de ley de la oposición, récord en democracia.

El Gobierno argumentó, en un conflicto de competencias presentado ante el alto tribunal en enero de 2017, que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos.

La Mesa del Congreso no aceptó esos vetos y, según ha fallado por unanimidad el Constitucional ahora, lo hizo legítimamente.

La sentencia de este martes se refiere en concreto al veto relativo a la LOMCE. El Gobierno recurrió la iniciativa de la oposición y alegó que frenar la ley haría que Bruselas retirara 615 millones para acciones como evaluaciones o nuevos itinerarios que el Ejecutivo adelanta.

El Gobierno de Rajoy vetó la tramitación de la norma pero la Mesa del Congreso (en donde el PP no tiene mayoría) votó levantar la prohibición y seguir adelante con la tramitación de los textos. Tras esa decisión, Moncloa acudió al Constitucional, planteando el primer conflicto de atribuciones de esta categoría en la historia de España. Ahora, ha perdido.

Sin embargo, en el PP restan importancia a la resolución y argumentan que el fallo se refiere a un caso concreto únicamente que es el de la LOMCE. “Lo que confirma la sentencia es que el Gobierno tiene capacidad constitucional para vetar determinadas iniciativas –ha expresado el portavoz, Rafael Hernando–. Argumenta que en este caso no se justificó adecuadamente el gasto”. “Le pido al Gobierno que en próximas veces haga argumentaciones más sólidas”, ha agregado en tono irónico sobre la justificación del Ejecutivo para tratar de frenar la derogación de la LOMCE.

El PSOE ha celebrado la decisión del Constitucional y se ha mostrado convencido de que la resolución es extensible al resto de vetos. “Es un golpe duro para este Gobierno que lleva toda la legislatura de forma arbitraria poniendo vetos a la labor de la oposición. Ciudadanos tendrá que dar explicaciones de por qué ha apoyado” los vetos, según ha expresado la portavoz socialista, Margarita Robles.

También la portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, se ha felicitado por la sentencia y ha asegurado que esta decisión abre la puerta a que la Mesa del Congreso reconsidere las decenas de vetos interpuestos por el Gobierno en esta legislatura.

Montero, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, ha asegurado que su grupo ha pedido en la reunión de la Junta de Portavoces de este martes que Ana Pastor y Ciudadanos reconsideren su apoyo al veto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha interpuesto contra sendas proposiciones de ley que permitirían revalorizar las pensiones según el IPC y derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones pendiente de entrar en vigor y que el grupo confederal califica de “facto de pobreza”.

“Hemos pedido que se levante el veto, que se debata y quien quiera votar en contra, como el PP, que lo haga”, ha asegurado. “El Constitucional dice que la Mesa puede permitir el debate aunque el Gobierno no quera”, ha proseguido para acabar pidiendo “que cesen el empeño de impedir los debates” en el Pleno de la Cámara Baja.

Ciudadanos dice que es “un tirón de orejas al Gobierno”

La reacción que más sorprende es la de Ciudadanos, partido que se ha aliado sistemáticamente con el PP en la mesa del Congreso para evitar que se levanten los vetos del Gobierno a propuestas del resto de los grupos de la oposición.

La diputada del grupo de Rivera, Melisa Rodríguez, ha asegurado que “la sentencia no solo sienta un precedente, sino que le da un tirón de oreja al Gobierno del señor Mariano Rajoy para que no se extralimite en sus funciones en cuanto a vetos o paralizaciones de proyectos de ley, que no teniendo acepción presupuestaria, intentan, a través de esta herramienta constitucional, ejercer un poder de gobierno a la antigua usanza”.

A su juicio, “no es lo mismo” la paralización de la implantación de una ley como la LOMCE “sin acepción presupuestaria”, que se había pedido “en pos de un pacto de Estado por la Educación”, que, por ejemplo, la iniciativa de renta universal pedida por unidos Podemos, que fue vetada por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos.

Rodríguez ha señalado que ese renta universal supone “unos 15 mil millones de euros que no estaban en ningún tipo de acuerdo presupuestario”. “Podemos siempre va a ir a rebufo de los que le interese a ellos”, ha criticado.

La diputada de Ciudadanos ha adelantado que su grupo “va a seguir manteniendo el mismo criterio que hemos seguido hasta ahora” de apoyar los vetos del Gobierno si empre que estén bien motivados y supongan un aumento en los presupuestos. “Es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo”, ha recordado.