Eduardo Zaplana, un exministro en tres sumarios de corrupción
Eduardo Zaplana llevaba ya varios años retirado de la política cuando empezó a ver su nombre mezclado en noticias sobre corrupción. A principios de 2017, más de una década después de dejar de ser ministro y ya acomodado en un empresa privada, leyó unas informaciones del caso Púnica que relataban cómo hizo de intermediario para el conseguidor de la trama. Pocas semanas después escuchó su voz en unas grabaciones efectuadas por la Guardia Civil en la trama Lezo, en las que charlaba con el principal investigado, Ignacio González. A primera hora de este martes agentes de la UCO han llamado a la puerta de su casa de Valencia para detenerle.
La tercera investigación ha sido la definitiva. Según fuentes del caso, Zaplana habría tratado de repatriar a España el dinero que cobró por comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana. En concreto, de los contratos por el Plan Eólico y las ITV. La investigación cifra en cerca de 10 millones de euros el dinero pagado en mordidas por las empresas de la trama.
El expresidente valenciano ha sido detenido en una operación desvinculada de Púnica y Lezo, a pesar de estar salpicado por las dos investigaciones. Tras años fuera del foco mediático, su nombre reflotó a raíz de que se levantase el secreto sobre una parte del sumario de Púnica. Uno de esos tomos incluía el relato de un encuentro en chalé de los Aznar-Botella en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en Málaga.
Allí se presentó, por mediación de Zaplana, Alejandro de Pedro, el informático de la trama que hizo caja gracias a contratos de reputación online que los políticos le pagaban con dinero público. Ana Botella era la alcaldesa de Madrid y en la reunión De Pedro le ofreció su pericia en internet. El entorno de la exalcaldesa dice que no se cerró nada.
En aquella cita veraniega de 2013 los agentes de la Guardia Civil vieron un delito de tráfico de influencias cometido por Zaplana. El exministro habría tenido mano “en el seguimiento y desbloqueo del proyecto, pudiendo haberse servido de su relación profesional previa con la jefe de prensa del Ayuntamiento, Elena Sánchez”, que también ocupó ese puesto con el exministro de Trabajo.
Ese informe de la UCO llegó a finales de 2017, cuando el nombre de Zaplana ya había salido en otros documentos de los agentes en su investigación del caso Lezo. El exministro protagoniza en esta trama numerosas conversaciones con el cabecilla, Ignacio González, en las que hablaban de los chantajes a Mariano Rajoy, sus problemas con Cristóbal Montoro, o detallaban un presunto pelotazo del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón.
En una de esas conversaciones, el expresidente madrileño y Zaplana hablan de influir en la Fiscalía. “Dice Aznar que hables con Catalá para asegurar el puesto de fiscal jefe en la Audiencia”, le dijo Zaplana a González en una de sus conversaciones. Este último andaba haciendo movimientos para influir en los nombramientos de las Fiscalías, incluida Anticorrupción, en lo que la UCO describió como maniobras propias del crimen organizado.
Pero la relación de ambos políticos no se quedó en meras conversaciones telefónicas para influir sobre la Fiscalía. Ambos planearon un negocio que, según los investigadores, buscaba canalizar a través de inversiones grandes cantidades del patrimonio oculto del expresidente madrileño.
Zaplana y González quería entrar en una empresa de desinfección de aguas mediante “una persona interpuesta” o una empresa ficticia que ocultase su identidad, según el sumario del caso Lezo. “González conseguiría velar su identidad canalizando fondos de origen indeterminado a través de una sociedad pantalla (…) sin levantar sospechas”, explican los agentes de la UCO. Al final optó por hacerlo con una sociedad “opaca” -según sus propias palabras- porque no consiguió un testaferro de su confianza. El negocio no fraguó.
González puso en marcha su maquinaria de blanqueo -de las que este negocio era una arista- porque sus casi nulos ingresos legales no le permitían mantener su tren de vida. Trató de traer el dinero de paraísos fiscales a España y acabó en los calabozos de la Audiencia Nacional. Este martes su amigo Eduardo Zaplana ha acabado en el centro de una operación contra la corrupción por los mismos motivos. Los delitos de cohecho y prevaricación están prescritos, pero su intento de recuperar el dinero escondido en el extranjero ha reactivado la investigación por haber cometido un delito de blanqueo de capitales.
