Ángel Hurtado se ha convertido en el nuevo nombre propio del Tribunal Supremo después de cuatro años pasando desapercibido en su Sala de lo Penal. El magistrado, uno de los últimos en incorporarse al departamento de Manuel Marchena, envió el miércoles a la unidad de élite de la Guardia Civil al despacho del fiscal general para llevarse todas sus comunicaciones: correos, mensajes de móvil e incluso libretas y cuadernos. El primer gran caso que cae en manos de este juez llegado en 2020 de la Audiencia Nacional después de destacar por su oposición a que el Partido Popular saliera perjudicado del caso Gürtel o a que Mariano Rajoy declarase en el juicio de esa trama de corrupción.
El instructor del caso entró en la carrera judicial en 1983 y ejerció en Canarias, Euskadi y Madrid antes de dar el salto a la Audiencia Provincial de Madrid –donde abroncó a un atracador por cometer delitos a pesar de ser religioso– y de ahí a la Audiencia Nacional en 2006. Hurtado, de tendencia conservadora pero sin estar adscrito a ninguna asociación, llegó al tribunal central en una época en la que el terrorismo etarra monopolizaba las salas de vistas.
Firmó como ponente decenas de sentencias en la Audiencia Nacional que condenaron a los autores del atentado de Santa Pola, los asesinos del concejal José Ignacio Iruretagoyena o a los gestores de las herrikotabernas acusados de colaborar con los terroristas. Muchas de sus sentencias, como ponente o como firmante, sobrevivieron al trance de la casación, pero otras no pasaron el filtro del Tribunal Supremo: las que condenaron a los miembros de Segi o algunas sobre terrorismo yihadista como la pena de cinco años a Wissam Lofti, el carnicero de Burgos al que condenó por financiar a terroristas y que finalmente fue absuelto. También cuestionó la forma en que sus compañeros aplicaron la sentencia europea sobre la 'doctrina Parot' para liberar presos de ETA.
Hace casi una década su nombre pasó a protagonizar uno de los casos llamados a cambiar el escenario político en España: la trama Gürtel. El magistrado Enrique López, posteriormente consejero de Isabel Díaz Ayuso, fue apartado del tribunal por su cercanía al PP y la ponencia de la sentencia de la rama principal del caso cayó en manos de Hurtado. Y fue entonces cuando se quedó en solitario defendiendo que el partido nunca debió ser condenado por beneficiarse económicamente de la trama y que Mariano Rajoy ni siquiera debía comparecer como testigo.
La imagen quedó grabada en el verano de 2017. Ángel Hurtado presidía el tribunal del caso y fue el encargado de cortar de forma tajante todas las preguntas que, según su criterio, iban más allá de las posibilidades que ofrecía la visita del presidente del Gobierno como testigo. Unos días antes se había opuesto por escrito a que tuviera que declarar. Por entender que no aportaba nada, que podía perjudicar de forma sorpresiva a varios imputados o que, por su puesto en la dirección del PP, no tenía por qué saber lo que pasaba en Pozuelo o Majadahonda. También alegó que lo hacía para no perjudicar su labor como jefe del Ejecutivo.
Hurtado se quedó solo defendiendo, por ejemplo, que Rajoy pudiera comparecer telemáticamente en la Audiencia Nacional, algo “menos perturbador para el desempeño de las funciones de su cargo” y evitarle la “exposición pública” de ir presencialmente al juicio. También alertó sobre cómo la declaración del líder del PP podía usarse con motivaciones políticas “en ámbitos ajenos al judicial”. Rajoy declaró y su Gobierno no cayó por su testifical. Lo hizo un año después cuando la Audiencia sentenció que el PP debía devolver más de 240.000 euros como partícipe a título lucrativo.
Una sentencia que Hurtado no quiso firmar. El magistrado dejó la ponencia en manos de sus compañeros porque, según su criterio, sobraban las alusiones a la relación simbiótica entre la Gürtel y un PP que no formaba parte del banquillo de los acusados sino de los beneficiados económicos. Y también explicó en términos judiciales un argumento que el partido ha esgrimido durante años ante la opinión pública: que los políticos corruptos y los empresarios actuaban a espaldas del partido, no con su conocimiento.
El criterio de Hurtado en el caso Gürtel no convenció a sus compañeros y tampoco a la Sala de Penal del Supremo, que dos años después confirmaban casi toda la sentencia y, con ella, la sanción económica al PP por financiarse con la actividad de la trama en algunos de sus feudos en la Comunidad de Madrid. El alto tribunal ratificó esta sentencia en octubre de 2020. Para entonces, Ángel Hurtado había dejado su despacho de la Audiencia Nacional y ya era uno más en el Supremo que acababa de contradecir radicalmente su opinión en el caso de corrupción más relevante de las últimas dos décadas.
Una causa bajo secreto contra el fiscal general
Ángel Hurtado llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el tiempo de descuento, nombrado por un Consejo del Poder Judicial caducado que todavía operaba con la mayoría del primer gobierno de Mariano Rajoy y a pocos meses de que un cambio legal bloquease la capacidad de este organismo para designar a la cúpula judicial mientras no hubiese renovación. Entró junto con Leopoldo Puente y Javier Hernández gracias a una abrumadora mayoría de 19 votos a favor en el órgano de gobierno de los jueces.
Considerado como un juez muy cercano a Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Hurtado se incorporó a la Sala de lo Penal en noviembre de 2020. Fue pocos días después de que sus nuevos compañeros certificasen el fracaso de su teoría sobre el PP en el caso Gürtel y pocos meses antes de que el Supremo tirase por tierra una sentencia de ponencia suya sobre un supuesto yihadista al que había condenado a cinco años de cárcel cuando era juez en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El Supremo lo acusó de modificar “unilateralmente” los hechos probados de ese caso, entre otros correctivos.
En estos cuatro años, Hurtado ha mantenido el perfil bajo tradicional de los magistrados recién incorporados a la Sala, aunque a diferencia de sus compañeros de promoción se ha quedado fuera de tribunales de casos relevantes. Una de sus primeras sentencias condenó a dos líderes de grupos de música nazi, a un agente por revelar secretos de bases de datos policiales, a varios acusados del 'caso Serrallo' de corrupción en Granada, o al empresario minero Victorino Alonso. Suya es también la sentencia revelada por elDiario.es que absolvió a dos acusados de abusar en grupo de una menor de 13 años por su “simetría de edad y madurez” con la víctima.
En sus primeros años en la Sala también se ha encargado de estudiar las querellas y denuncias contra aforados, inadmitiendo acciones penales contra Pedro Sánchez, Ione Belarra, Irene Montero o Meritxell Batet interpuestas por organizaciones ultras como HazteOir o una agrupación vinculada a la agitadora ultra Cristina Seguí. La investigación penal contra el fiscal general del Estado ha sido, por el sistema de reparto de la Sala, la primera instrucción en caer en sus manos y el primer caso que dirige desde hace más de dos décadas.
Hurtado se enfrenta ahora a la causa de mayor trascendencia pública desde su abrupto paso por la sentencia del caso Gürtel que terminó tumbando el Gobierno de Mariano Rajoy. Su primer movimiento ha sido dar al investigado cinco días para que designase un abogado y acto seguido, enviar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a clonar todos sus dispositivos electrónicos. Una causa sobre una supuesta revelación de secretos que ha arrancado con la revelación de un registro y un auto judicial que, en teoría, también estaban bajo secreto de sumario en la Sala de lo Penal.