La batalla para conseguir una incapacidad permanente por vía judicial: “Supone esfuerzo, agotamiento y humillación”

Los colectivos de personas que sufren una discapacidad hablan de una carrera de obstáculos frente a la administración para los profesionales que solicitan una incapacidad permanente cuando perciben que la evolución de su patología les impide trabajar. “Es una lucha constante no solo con la situación que genera la enfermedad, también tienen que ir a contracorriente de estamentos [administrativos]”, expone Javier Font, presidente Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA).

Una resolución negativa de la Seguridad Social conlleva un procedimiento judicial para aquellos trabajadores que quieran continuar con su reclamación. José Antonio ha tardado dos años en conseguir una incapacidad permanente absoluta mediante sentencia judicial. “Ha supuesto mucho esfuerzo, agotamiento y humillación”, expone por teléfono gracias a la intermediación de su mujer, porque su discapacidad le impide mantener una conversación fluida. Hasta que se emitió el fallo, este 29 de abril, José Antonio trabajaba como vendedor de cupones de la ONCE. 

Las dificultades de su discapacidad le complicaban su trabajo. Al tener problemas de audición, le resultaba difícil comunicarse con los clientes y vender papeletas de lotería. La magistrada del juzgado social número nueve de Barcelona ha acreditado que sufre una “hipoacusia neurosensorial severa bilateral con empeoramiento progresivo”, y una pérdida del 97,5% en el oído izquierdo y 92,5% en el derecho. La sentencia también recoge como hechos probados que tiene “dificultad conversacional” y padece “atrofia neurológica”. Gracias a este fallo, José Antonio pasará a formar parte de los casi un millón de personas (947.296) que reciben esta prestación. Según los últimos publicados por la Seguridad Social, el Estado destina 941 millones de euros cada mes a abonar estas pensiones, con unos importes que de media ascienden a 993 euros al mes por persona que tiene reconocida la incapacidad permanente.

El letrado que ha llevado el caso, Jorge Campmany, explica que este tipo de clientes sufren una “doble penalidad”. Por un lado, tienen que hacer frente a “las consecuencias de su enfermedad”, que les inhabilita para trabajar, y también a la incertidumbre sobre futuro laboral y personal, ya que no pueden ejercer el trabajo, que es su sustento vital. “La persona que pide una pensión es porque la necesita, por lo menos en Extremadura, donde los sueldos son bajos y las pensiones también”, añade María José Iglesias Toro, abogada laboralista.

Pensiones retroactivas

Olga (nombre ficticio), que se dedicaba a la fabricación y montaje de placas, tuvo que esperar año y medio para conseguir la incapacidad permanente total, también mediante una sentencia. A diferencia de la Seguridad Social, la justicia sí considera acreditado que el “asma bronquial y la hiperreactividad” que tiene diagnosticado le genera problemas de respiración, que le impiden desempeñar su “profesión con regularidad y normalidad”, según la sentencia emitida el pasado 12 de febrero por el juzgado de lo social número 13 de Barcelona. El magistrado le reconoce la incapacidad permanente total y una pensión mensual de 700 euros, que la Seguridad Social tendrá que abonar de forma retroactiva desde junio de 2019, fecha en la que le denegaron la incapacidad. 

El reconocimiento de la incapacidad “libera” a los afectados, asegura Campmany. A lo largo de estos procedimientos, que empiezan por la vía administrativa y terminan en la judicial, “la patología se puede agravar”, destaca Luisa Fernanda Panadero, presidenta de la asociación de fibromialgia de la Comunidad de Madrid (Afibrom). Font también apunta que los efectos que tienen estos posicionamientos generan una “gran incertidumbre” e “inestabilidad económica” entre los afectados. 

“Me he quitado el peso del trabajo y la pesadez de la comunicación con la gente. No me enteraba de nada y la gente se marchaba”, relata José Antonio, sobre sus últimos años de experiencia laboral. La discapacidad se fue agravando con el paso del tiempo, y finalmente, debido a los problemas auditivos, optó por comunicarse “escribiendo en un papel”. 

La Seguridad Social se opuso a la incapacidad permanente de José Antonio alegando que un informe del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) “no refleja lesiones que le incapaciten de forma permanente en el momento actual”. Una afirmación que no ha respaldado la magistrada, que ha expuesto que las dolencias del demandante se “han agravado” desde que llegó a la ONCE en 2008, en ese momento tenía un “50% de pérdida de audición”, actualmente presenta “una pérdida de casi el 100%”. Por lo tanto concluye que, a pesar de un reciente implante coclear, la discapacidad de José Antonio le “impide llevar a cabo toda actividad laboral y su profesión habitual como vendedor de cupones que requiere de una capacidad conversacional”. 

Una reciente sentencia, emitida también en Barcelona, por el juzgado de lo social número 19, determinó que los informes de los profesionales de Atención Primaria deben tener más “credibilidad, certeza y validez” que los emitidos por los sanitarios del ICAM, una institución que elabora en Catalunya las valoraciones que utiliza la Seguridad Social en Catalunya, según publicó El País. 

La importancia de los informes para acreditarlas

Hay varios grados de incapacidad permanente. La absoluta inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio y la total invalida al demandante para dedicarse a su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. Para Campmany lo “más importante” para acreditarlas “son los informes médicos”. 

“El problema es que los médicos piensan que todo el mundo tiene el mismo conocimiento que ellos y no explican qué consecuencias tiene una enfermedad”, añade Iglesias Toro. En estos casos, los letrados tienen que demostrar que sus clientes sufren “una patología crónica, grave y que se han adoptado todos los tratamientos posibles”, sentencia Campmany. La gravedad “es lo más complejo de demostrar”, indica el abogado, ya que “una misma enfermedad puede incapacitar a una persona y no a otra”. 

En los últimos años, el mayor número de casos que llegan a sus despachos son de pacientes con fibromialgia. “Al ser una enfermedad que no tiene biomarcadores, se centra en la exploración que le pueda hacer un reumatólogo o un internista, a diferencia de la mayoría de enfermedades, que son diagnosticadas en base a pruebas objetivas”, apunta Campmany. A su vez, destaca que “se reconocen pocas” incapacidades “en vía administrativa, en vía judicial se reconocen un poco más”. 

Afectados por fibromialgia

Tomasa (nombre ficticio) también tuvo que acudir a la justicia para conseguir una incapacidad permanente total para su puesto de trabajo como conserje en un centro educativo, tras acreditar ante la justicia no solo que padece fibromialgia, también demostró que sufre un síndrome (Raynaud) que provoca una disminución de la circulación sanguínea en los dedos y un trastorno ansioso depresivo. La justicia le reconoció en varias instancias — llegó al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha— la incapacidad permanente total porque se encontraba “limitada para su profesión habitual”.

Desde los colectivos de afectados por fibromialgia, lamentan que la peculiaridad de su enfermedad provoca que estén “sujetos a la subjetividad del trabajador de la Seguridad Social”, lamenta Panadero. En la misma línea, se posiciona Iglesias Toro que destaca que esta patología consiste en “dolores, inflamación y cansancio” y, por lo tanto, se asume como síntomas “subjetivos”. “Tienes que tener muchos informes”, apunta la letrada.