La alianza de Ayuso con Glovo para entregar comida a personas vulnerables alcanza los 3.000 envíos este año

La Comunidad de Madrid apuesta por la continuidad de su alianza con Glovo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció en 2023 un convenio con la multinacional, a pesar de que en ese momento la compañía estaba haciendo frente a una sanción de la Inspección de Trabajo que rozaba los 57 millones de euros por el fraude en la contratación de más 7.800 repartidores en Madrid. 

El objetivo del convenio que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales va a renovar en 2025 pasa por entregar comida a domicilio a personas vulnerables que no puedan recoger esos alimentos por razones de salud o movilidad reducida. Entre mayo de 2023 y octubre de 2024 Glovo ha realizado 3.941 envíos amparados en este acuerdo, según los datos a los que ha accedido elDiario.es a través del portal de transparencia.

De acuerdo a la información recabada, el comedor Elíptica, situado en el barrio de Usera, es el centro social con mayor actividad, registrando un total de 935 envíos entre mayo y diciembre de 2023, de los cuales 42 sufrieron incidencias y fueron cancelados.

Ya en 2024, y hasta el mes de octubre, se han registrado 3.006 repartos, con 147 pedidos que no llegaron a su destino. Las incidencias reportadas se deben principalmente a dos razones: errores en los datos del destinatario y la ausencia del usuario en su domicilio en el momento de la entrega.

147 incidencias en 2024

La Comunidad de Madrid firmó este acuerdo, a pesar de la negativa de la multinacional a acatar la llamada 'ley rider', que estableció que era necesaria la contratación laboral de los repartidores en las plataformas digitales. El incumplimiento de la norma conllevó multas millonarias por falsos autónomos y por emplear a 'riders' sin papeles.

Este convenio se ha colado en varias ocasiones en el pleno de la Asamblea de Madrid. La exdiputada de Podemos Alejandra Jacinto sacó una mochila de Glovo para criticar la alianza del Gobierno de Ayuso con la multinacional sancionada. El objetivo de este acuerdo era, para Jacinto, que “trabajadores pobres lleven la comida a personas en exclusión social”.

Antes de que la multinacional anunciase a comienzos de este mes que cambiaría su modelo de riders, la consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, confirmó en el pleno de la Asamblea que su departamento ampliaría el convenio “de cara a las campañas de frío y ola de calor, a todos aquellos usuarios de los comedores sociales mayores de 65 años que lo soliciten y también a los hogares donde existan menores a cargo o personas con discapacidad y medidas de apoyo”.

De esta forma, el acuerdo se ha renovado hasta finales de año de 2025 y en él establecen que los comedores sociales de la Comunidad contarán con una cuenta en la web de Glovo con la que “podrán encargar y programar los envíos y entregas que correspondan”. El convenio suscrito es gratuito para la CAM. Por ello, la compañía otorga a estos centros sociales unos “códigos promocionales” para que los gestores de los comedores puedan gestionar los repartos. Este documento también establece que la multinacional no está autorizada para promocionar sus servicios a los usuarios que reciben los paquetes dependientes de la Comunidad de Madrid. 

“La valoración que mejor se puede hacer es la que hacen los propios usuarios de ese servicio que presta Glovo con nosotros: el 99 por ciento de los usuarios están muy satisfechos”, explicó la consejera ante las preguntas de la diputada de Más Madrid Jimena González, que replicó al Gobierno autonómico que “la Comunidad de Madrid no puede consentir que un servicio que es suyo, aunque externalice el servicio a través de una empresa, esté siendo prestado por trabajadores y trabajadoras en situación irregular, de precariedad y de gran inseguridad”.

En conversación con esta redacción, González sostiene que le parece “escandaloso que una administración pública, como la Comunidad de Madrid”, haya incumplido “algo tan básico como el Convenio 94 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], que exige que las administraciones públicas se aseguren de que las empresas con las que colaboran tengan a sus trabajadores y trabajadoras, como mínimo, en situación de legalidad y de dignidad”. 

Con el anuncio de la multinacional de contratar a los repartidores, y su apuesta por un cambio de modelo de negocio, en línea con lo que estipula la Ley rider, González sostiene que su partido “celebra enormemente” la decisión de la compañía. El cambio de rumbo de Glovo se produjo un día antes de que su fundador Óscar Pierre declarase ante la Justicia imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. 

Actualmente, los repartos se realizan desde tres comedores sociales: Elíptica (Usera), Canarias (Arganzuela) y Santa Isabel (Chamberí). Estos envíos se limitan a las zonas habilitadas por Glovo y se efectúan en horarios estipulados: de lunes a viernes, por las mañanas hasta la una, y por las tardes, entre las cuatro y las siete y media.