La mudanza parecía inminente cuando el pasado 16 de febrero, solo dos días después de encajar el peor resultado de su historia en las elecciones catalanas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció su decisión de abandonar la mítica sede de su formación política en la calle Génova de Madrid. El objetivo de la marcha, a juicio del presidente del PP, era tratar de romper con el pasado corrupto del partido al que Casado culpó en exclusiva de la derrota en Catalunya. Cuando él dio a conocer la iniciativa se estaba celebrando además el juicio sobre el presunto pago en dinero negro de las obras del edificio.
Más de tres meses después del solemne anuncio que Casado realizó ante la plana mayor del PP –y que entonces descolocó a los principales barones territoriales que se enteraron de la mudanza al mismo tiempo que la prensa, durante el discurso de su máximo jefe ante la Junta Directiva Nacional–, las mismas fuentes de la dirección nacional de la formación conservadora que en febrero aseguraban que el traslado sería inminente –“lo antes posible”, señalaron entonces– reconocen ahora el proceso “va para largo”. La razón, explican, es que quieren que se trate de un procedimiento “transparente” y “abierto”.
Fuentes de la Secretaría General del partido que encabeza Teodoro García Egea, el dirigente al que Casado encargó la elección de la nueva sede, aseguran a elDiario.es que en las próximas semanas se abrirá una suerte de concurso para que “consultoras” e “inmobiliarias” puedan presentar sus proyectos para el nuevo emplazamiento central del PP en Madrid. La dirección 'popular' hará públicos los requisitos y las condiciones que deberá cumplir esa sede, según sus intereses, y escogerá la propuesta que más se ajuste a sus planteamientos tras estudiarlas una por una. Por lo que previsiblemente la mudanza no se producirá hasta después del verano, si bien las mismas fuentes no concretan cuando se pondrá en marcha el citado proceso.
Lo que aún no ha explicado la dirección de Casado es si la actual sede de Génova 13 saldrá a la venta, se optará por ponerla en alquiler o se buscará su recalificación para darle, por ejemplo, un uso de viviendas. “Cuando haya novedades informaremos”, se limitan a señalar una y otra vez las fuentes oficiales de la dirección del Partido Popular que, al ser preguntadas por el lugar en el que estará la nueva sede, insisten en que “no hay una decisión tomada al respecto”.
Atajar los problemas de tesorería
En abril, dirigentes populares consultados por este diario atribuían ese retraso a las luchas internas que padecía la formación conservadora desde hace semanas y de las que responsabilizaban al propio García Egea. El número dos del partido, apuntaban esas fuentes, ha estado “centrado” en apagar los fuegos internos surgidos en los últimos meses y que enfrentaron a la dirección nacional del PP con los barones territoriales con mayor peso institucional como los fichajes de dirigentes de Ciudadanos –no consultados por Casado a esos dirigentes– o por el intento de la cúpula popular de controlar los congresos provinciales que se están celebrando en toda España para colocar al frente de todos los territorios a dirigentes afines.
García Egea, el encargado de la mudanza, reconoció en febrero que la salida de Génova 13, además de estar vinculada al intento de ruptura con la corrupción, se debía a los problemas de tesorería que padece el PP por las sucesivas derrotas electorales registradas desde 2018. “Nosotros hemos pagado ya muchas hipotecas. Hay una hipoteca que hemos pagado y que estamos pagando, que es la de este edificio, y luego hay otras hipotecas que estamos pagando por personas que se aprovecharon de nuestras siglas en beneficio propio”, aseguró en una entrevista en La Sexta. “Queremos cancelar las dos, la de la sede y las otras”, concluyó el 'número dos' de Casado. Según él, pese a las deudas, “la sostenibilidad financiera del PP está hoy plenamente garantizada”.
Las últimas cuentas publicadas por el partido, correspondientes al ejercicio de 2019, evidencian sin embargo los problemas financieros por los que atraviesa el PP desde 2018, tras acumular sucesivas derrotas electorales que han mermado sus ingresos públicos, y que, sin embargo, podrían ser ahora atajados con la venta de la sede de Génova 13. Según esas cuentas, al cierre de 2019 la formación debía a los bancos más de 38 millones de euros en distintos créditos e hipotecas.
La cifra es similar a la que el PP podría recibir en el caso de optar por vender su histórico edificio, según el portal idealista. Sus estimaciones apuntan a que, teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario en la capital, el precio de venta de la sede alcanzaría los 36 millones de euros. Siempre según el citado portal inmobiliario, el PP podría pedir 30 millones por la transacción de las oficinas, distribuidas en nueve plantas, y otros seis millones de euros por las 93 plazas de garaje. En total, el edificio dispone de 10.243 metros cuadrados.