Pablo Casado puso punto final a sus vacaciones esta semana y retomó su actividad donde la había dejado: en el no a todo contra el Gobierno de coalición. En realidad, es la estrategia que ha seguido el PP durante el verano. Y antes con la pandemia. De hecho, desde el arranque de la legislatura. El líder de la oposición reapareció el lunes en Murcia para exigir que Pedro Sánchez actúe ante la emergencia medioambiental que sufre el Mar Menor, pese a las competencias que tiene para ello el Ejecutivo murciano y su partido siempre había defendido que el problema estaba en vías de solución. También criticó al Ejecutivo por la gestión de la pandemia, la política energética, la migratoria y el reabierto diálogo con Marruecos. Amagó con hacerlo por el operativo español en Afganistán pero acabó rebajando el tono después del respaldo de la UE y EE UU al papel de España.
Pocos matices hay en el discurso del PP desde que Casado lanzara el nuevo curso político con las extensas plantaciones de las Bodegas Hijos de Juan Gil (en Jumilla) de fondo. Durante todo el verano, en sus argumentarios (los mensajes prefabricados que redactan en la sede estatal y distribuyen a los cargos del resto de España para que los repitan en los medios) no ha faltado un asunto para arremeter contra el Gobierno. Desde los clásicos, con Catalunya, Venezuela o las diferencias dentro del Ejecutivo a la cabeza, hasta otros sobrevenidos, ya sean los incendios forestales o la deportación de migrantes menores desde Ceuta a Marruecos que cuestionan los tribunales pero aplaude el Gobierno de su partido en la Ciudad Autónoma.
Decenas de argumentarios que remiten (uno al día) desde la sede nacional de Génova 13 a sus cargos –y a los que ha tenido acceso esta redacción– evidencian que el PP no va a dar tregua al Gobierno en ningún campo. No es solo un discurso político, los populares insisten en no colaborar siquiera para renovar instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo cuyos mandatos expiraron hace mucho tiempo. También se ha cerrado en banda a sustituir a cuatro jueces del Constitucional. El año tres de Casado al frente de la oposición arranca como los dos anteriores.
“Una operación para desmantelar el Estado en Cataluña”, denunciaba el argumentario repartido por la dirección del PP el pasado 9 de agosto y en el que se aseguraba que se está troceando el Estado en Cataluña “por fascículos” para “entregarlo a los independentistas”. Mucho antes, el 1 de julio, con media España enfilando la playa o la montaña, el partido de Casado esgrimía los indultos a los políticos catalanes condenados por el procés. “Lo mejor que puede hacer es dimitir, disolver el Parlamento y convocar elecciones”, decían del presidente. Tras dos meses cumplidos de la excarcelación de Oriol Junqueras y compañía, tras el fiasco de la recogida de firmas contra la decisión de Sánchez, el tema ha desaparecido de los titulares distribuidos por su departamento de comunicación.
De momento, porque en la Diputación Permanente celebrada esta misma semana en el Congreso los diferentes diputados del PP que intervinieron volvieron a atacar con la supuesta rendición del Estado ante los independentistas catalanes por la mesa de diálogo bilateral entre gobiernos que recoge el Estatuto de Autonomía.
Venezuela, Cuba... y Nicaragua
El 26 de julio el documento interno del PP rezaba: “España tiene que ser el referente europeo sobre América Latina, pero este gobierno es complaciente por la presión de sus socios comunistas con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. Una frase que podría haberse producido en cualquier momento de los tres últimos años.
La inclusión del país centroamericano entre esa suerte de eje del mal que denuncian sistemáticamente las derechas es relativamente novedosa, pero amenaza con instalarse en la doctrina de los populares. El miércoles, el PP reclamó en la Diputación Permanente (sin éxito) la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre el papel que quiere tener en la crisis interna que vive Nicaragua, cuyo presidente, Daniel Ortega, ha arremetido, entre otros, contra España.
Un mes después del argumentario que criticaba la supuesta cercanía del Gobierno hacia la administración venezolana, el 20 de agosto, el problema era que ni el Ejecutivo de Nicolás Maduro ni la oposición habían elegido a España “como acompañante” en las negociaciones que se desarrollarán en México. “Han preferido a Rusia y Países Bajos. Un nuevo varapalo para España”, se lamentaban los de Casado, pese a que en los últimos años han arremetido una y otra vez contra la intermediación en el país caribeño del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
De la quinta ola al Mar Menor: culpa del Gobierno
Los ataques al Gobierno durante este verano por la gestión de la pandemia no solo no han descendido ante el avance de la vacunación y la consiguiente mejora de los datos económicos, sino que se han recrudecido tras la sentencia del Tribunal Constitucional que desacreditó el uso del estado de alarma para ordenar el confinamiento de los españoles durante la primera oleada del coronavirus.
Pese a que el PP apoyó con su voto en el Congreso varias prórrogas de la excepcionalidad democrática, y a que tampoco no recurrió la medida cuando dejó de hacerlo, los de Casado han usado la sentencia del Constitucional para insistir en una de sus principales reivindicaciones: una ley de pandemias. Un instrumento jurídico que ya fue debatido y rechazado por la mayoría del Congreso, pero que desde el primer partido de la derecha plantean una y otra vez al PSOE para sea pactado en solitario entre ambos.
“En 15 días España puede tener una ley de pandemias”, aseguraba el argumentario del PP el 19 de julio. Lo repetían en el del 21. Y en el del 9 de agosto, el 10 y, esta misma semana, el 24. Casado recuperó su autodenominado plan b cuando decayó el estado de alarma, el pasado mes de mayo. Entonces, el PP criticó al Gobierno por no prorrogarlo. Este miércoles arremetía contra el Ejecutivo desde la Diputación Permanente precisamente por haber utilizado esa figura constitucional. No a levantar el estado de alarma. Pero también no a su uso.
Pero es que Casado, además, planteó a sus dirigentes que culparan al Gobierno central de la quinta ola de la pandemia y eliminaran de la ecuación la responsabilidad de las comunidades autónomas, en varias de las cuales gobierna el PP. En un complicado equilibrio, el partido felicitaba a sus presidentes regionales por el proceso de vacunación, mientras arremetía contra el Ejecutivo por el proceso de vacunación. El último motivo de crítica ha sido que no se ha llegado al 70% de personas con la pauta completa: el dato este miércoles era del 66,9% y España es uno de los cinco países europeos que avanza a mayor ritmo.
El PP ha seguido, básicamente, la misma estrategia de acoso y derribo ante la crisis medioambiental desatada en el Mar Menor. “La situación de la laguna requiere medidas inmediatas por parte del Gobierno, que es quien tiene las competencias, aunque el Ejecutivo de Murcia está dispuesto a llevarlas a cabo con los presupuestos regionales”, señalaba el argumentario de este 25 de julio, un día después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señalara en una rueda de prensa que las competencias recaen precisamente en el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras y le acusase de hacer dejación de ellas y el mismo día que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, visitaba la Región para reunirse con autoridades y agentes económicos y sociales.
Finalmente, Ribera y López Miras han pactado crear una comisión conjunta que busque medidas para intentar solucionar la crisis ecológica. Y las críticas han desaparecido de argumentarios y declaraciones públicas.
Afganistán, del ataque furibundo al reproche comedido
Con la gestión de las deportaciones de menores a Ceuta que la justicia ha suspendido por no cumplir la ley, se ha vivido una situación similar. El PP ha atacado al Gobierno, y en concreto a su titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en uno de esos temas que suelen englobarse en la llamada “política de Estado”, ya que afecta a las fronteras y, en este caso, también a las siempre complicadas relaciones con Marruecos.
Este jueves, por ejemplo, la diputada Ana Vázquez reclamaba la dimisión de Marlaska: “No tiene legitimidad para seguir”. En los argumentarios internos de esta semana, el PP aleccionaba a sus dirigentes para centrar sus ataques en el ministro: “Ni un minuto más en el Gobierno”.
Mientras Casado azuzaba las críticas al juez en excedencia, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, felicitaba al Gobierno por su gestión de las devoluciones de los menores, paralizadas sine die en los tribunales. El veterano dirigente del PP se reunió el miércoles con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para abordar el asunto. En la rueda de prensa posterior, Vivas se situó al lado de la estrategia del Gobierno para repatriar a los menores que han cuestionado además de un juzgado de Ceuta, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y las ONG: “Creíamos que estaban bien hechos [los retornos] pero ha venido un juez y nos ha dicho que no. Como acatamos y respetamos las resoluciones judiciales y como consideramos que en interés del menor y en beneficio de todos la mejor solución, la más válida y la más eficaz es el retorno vamos a seguir apostando por ello”.
En contra de los postulados de su partido, el presidente ceutí defendió a Marlaska (“No ha sido el que ha activado el retorno”) y dijo no ver “motivos” para “polemizar” con él. “Lo que ha dicho se ajusta a la verdad”, aseveró, para zanjar en referencia a Pedro Sánchez: “Gracias a la reacción del Gobierno, con su presidente a la cabeza, se evitó el desastre”.
El asunto que ha ocupado las portadas de los periódicos de todo el mundo durante la segunda mitad de agosto tampoco se ha quedado fuera de los argumentarios del PP contra el Gobierno. El triunfo de los talibanes en Afganistán, la súbita toma de Kabul y la precipitada salida de los países occidentales que han ocupado el país centroasiático durante dos décadas han derivado en un caótico intento por repatriar a los nacionales y sacar del país a los colaboradores y sus familias.
La primera pulsión del PP fue la de atacar al Ejecutivo por la ausencia pública de Pedro Sánchez y del resto de ministros en los primeros días de la crisis, que estalló en las dos semanas de vacaciones que han tenido los ministros. Cuando las críticas arreciaron por la supuesta inacción del Gobierno, Moncloa distribuyó una fotografía del presidente en una reunión telemática con miembros de su Gabinete desde su residencia estival en Tenerife. En la imagen, Sánchez vestía un traje y llevaba puestas unas alpargatas.
La reacción del PP fue inmediata. Su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, publicó un tuit burlándose de Sánchez y de las alpargatas.
Las críticas al alcalde de Madrid fueron inmediatas. Almeida se justificó que se trataba de una “metáfora” sobre lo que consideraba una mala actuación del Gobierno en Afganistán. De hecho, esa era la consigna durante esos días en los argumentarios internos del PP. “La improvisación del Ejecutivo de Sánchez no puede poner en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, decía el distribuido el día 16 de agosto. “¿Dónde está Sánchez? También calla sobre el repliegue en Afganistán”, apuntaba el del 17. Un día después, decía: “Sánchez gobierna a golpe de tuit. El silencio de Sánchez demuestra su escasa talla política y una falta de respeto a los españoles, a los que se niega a dar explicaciones sobre Afganistán y las tareas de repatriación”.
Pero todo cambió durante el fin de semana. El sábado 21 de agosto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, visitaron la base aérea de Torrejón de Ardoz, constituida en centro de llegada de vuelos y distribución por todo el continente de los refugiados afganos rescatados por los vuelos militares. Un acuerdo de los países de la UE alabado por Von Der Leyen, dirigente del PP europeo. “España es un ejemplo del alma de Europa en su mejor expresión”, dijo en una rueda de prensa.
El domingo, Sánchez habló con el presidente de EE UU, Joe Biden, y acordaron que las bases de Rota y Morón sean utilizadas como otro hub para sus vuelos procedentes de Afganistán. La Casa Blanca distribuyó una nota de prensa en el que señalaban que Biden había elogiado “el liderazgo de España en la búsqueda de apoyo internacional para las mujeres y niñas afganas” y que durante la llamada “agradeció la asistencia de España en albergar temporalmente a los afganos en riesgo que están vinculados con EEUU en las bases de Rota y Morón”.
Durante el fin de semana el PP lanzó mensajes contradictorios. La dirigente nacional del PP Andrea Levy citaba a Von der Leyen para decir que “no cabe duda que” Espala “es un ejemplo siempre de solidaridad en los momentos más difíciles”. “Y a pesar de las diferencias políticas con el Gobierno, esto es un orgullo”, concluía. Al día siguiente, la también concejala de Almeida se enmendaba a sí misma: “Sánchez debe dejar las fotos y los tuits y comparecer en el Congreso. No puede seguir escondiéndose, tiene que dar la cara”.
A partir del lunes las consignas cambiaron. “Apoyamos por sentido de Estado la repatriación de Afganistán”, decía el argumentario del día 23, que reclamaba también la comparecencia extraordinaria de Sánchez en el Congreso para informar de la operación. En Murcia, Casado apuntó: “El Gobierno de España tendrá el apoyo del Partido Popular para cuestiones de Estado. En este caso, para traer a los afganos que han colaborado con nuestras tropas durante estos años”.
“Exigimos lealtad al Gobierno y más información sobre sus planes”, aseguraba el documento interno el día 24, obviando que los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sí han mantenido contacto con los portavoces parlamentarios para informar sobre las operaciones en Afganistán.
El suavizado tono volvió a tornarse bronco durante la reunión de la Diputación Permanente del miércoles, en la que el PP exigió la comparecencia urgente de Sánchez. Los aliados parlamentarios del Gobierno la rechazaron, pero sí se aceptó la de Albares con el mismo objeto. El diputado del PP Pablo Hispán acusó a Sánchez de “esconderse” detrás de su ministro y criticó que se fueran “de vacaciones” pese a saber que la situación en Afganistán podía terminar como lo ha hecho.
El asunto desapareció de los argumentarios al día siguiente, pero Pablo Casado volvió sobre este asunto el domingo. Durante su intervención en el arranque político celebrado en la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, el presidente del PP aseguró que “no es ético” que Sánchez haya “presumido” de una “misión cumplida” en Afganistán tras la evacuación realizada por las tropas españolas. Si bien Casado reconoció que “por supuesto que las Fuerzas Armadas españolas han conseguido sacar (a población afgana), jugándose la vida y al personal diplomático”, atizó al jefe del Ejecutivo afirmando que “ningún mandatario mundial se ha atrevido a celebrar el drama, el horror” que se está “viendo en Afganistán”.
Entre medias, los argumentarios 'populares' se encargaron de la gestión de los fondos europeos. “Europa ha dado un bote salvavidas a España y el presidente del Gobierno lo ha agujereado para dar de beber a sus socios, que son los que le permiten mantenerse en el poder”, rezaba el documento el jueves. Y, otra vez, reclamaban la dimisión o “cese” de Marlaska después de que Sánchez “desautorizara su gestión tras la reunión ayer en Moncloa con el presidente de Ceuta”. Un presidente, del PP, que defendió al ministro del Interior.
Pero la rueda no puede parar de girar. El jueves por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamaba al PP el apoyo a la reforma de las pensiones ante las dudas planteadas por ERC, PNV y EH Bildu al proyecto del Gobierno, pactado previamente con patronal y sindicatos. Horas después, Casado negó dicho apoyo “por responsabilidad”. El partido ya planteó en julio en sus argumentarios internos que la reforma de las pensiones del Gobierno era “un gran error”. Todo sigue igual a la vuelta del verano.