Las comunidades del PP boicotean la ley de vivienda y rechazan declarar zonas tensionadas para limitar alquileres

La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tribunal Constitucional–, rechazan las peticiones por la directriz de la dirección del partido que preside Alberto Núñez Feijóo de boicotear la norma aprobada en Cortes por PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

El 'no' del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya lo tiene uno de los grandes municipios madrileños que ha solicitado formalmente esa declaración de zona tensionada, Getafe (180.000 habitantes), mientras el problema de la vivienda se agrava también en Fuenlabrada (190.000) o Parla (128.000). Estos ejemplos de localidades gobernadas por el PSOE que no han logrado la colaboración de sus gobiernos autonómicos para poder actuar sobre el mercado del alquiler se repiten también en una de las capitales gallegas, A Coruña (244.000 vecinos), y es previsible que ocurra lo mismo con Santiago de Compostela (96.000) , en este caso en manos del BNG y Compostela Aberta, que prevé solicitarlo próximamente.

La ley de vivienda establece en su artículo 18 que “las administraciones competentes en materia de vivienda”, las comunidades autónomas, “podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales”.

Para tratar de limitar incrementos de precios, según la norma, en el caso de los alquileres de inmuebles ubicados en esas zonas tensionadas “la renta pactada” al inicio de los nuevos contratos “no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Solo podrá incrementarse “en un máximo del 10%” cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación, cuando en los dos años anteriores a la fecha de la celebración del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones de rehabilitación o mejora de la vivienda en la que se haya acreditado un ahorro de energía primaria no renovable del 30%, cuando en los dos años anteriores a la fecha de la celebración del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones de mejora de la accesibilidad, debidamente acreditadas o cuando el contrato de arrendamiento se firme por un periodo de diez o más años.

También se establece que en el caso de nuevos contratos de alquiler los pisos en zonas tensionadas que son de pequeños propietarios estarán ligados a la renta anterior. Y los de grandes propietarios, a un índice que está aún está por diseñar. 

Desde su aprobación por el Congreso el pasado abril el PP ya dejó claro que boicotearía la nueva ley de vivienda desde sus administraciones. Y Feijóo ya ha dicho que la derogará en el caso de llegar a la Moncloa, por considerar que esa opción de limitar alquileres en las zonas en las que más se sufren las galopantes subidas de precios supone una suerte de “intervencionismo” por parte del Estado en un sector que la derecha considera que debe estar “liberalizado”, es decir, sin intervención pública.

El 'no' de la Xunta a A Coruña

En Galicia, el ejemplo paradigmático es el de A Coruña, donde el precio del alquiler obtuvo el mayor incremento de toda la comunidad autónoma el año pasado. Subió un 8,1%, situándose, de media, en los 575,9 euros, según el Observatorio da Vivenda de Galicia. El ayuntamiento, controlado por el PSOE, ha solicitado la declaración de zona tensionada y la Xunta de Galicia, en manos del PP, les ha dicho que no. El argumento que ofrece el Gobierno local tiene que ver con los “2.305 oficialmente inscritos como demandantes de vivienda pública en A Coruña” en el registro de demandantes de vivienda protegida del Instituto Galego da Vivenda e Solo o “el precio medio del alquiler de la ciudad”, que está “en torno a los 600 euros”, tal y como explica la alcaldesa, Inés Rey, en declaraciones a elDiario.es.

“La escasa disponibilidad de vivienda pública en alquiler y la nula política de vivienda nos ha traído hasta aquí”, señala Rey, quien recuerda que “en los últimos 15 años se han construido cero viviendas públicas” en A Coruña. La regidora lamenta que la Xunta respondiera “automáticamente que no” a su petición de declaración de zona tensionada.

El argumento del gobierno autonómico es que no puede responder favorablemente hasta que no se resuelvan los recursos que ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional, de varias comunidades y del propio PP. “La Xunta no le va a hacer un flaco favor ni a la ciudades ni a la ciudadanía, lo que tenemos que tener es unos estudios previos pero sobre todo ver si es constitucional o no la ley”, aseguró la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, preguntada por ello hace dos semanas.

“Es un argumento que se podían haber ahorrado porque resulta bastante ridículo que una administración pública te diga que no puede aplicar una ley porque está recurrida en el Constitucional”, añade Rey, que recuerda otras normas que se han llevado al TC, como la del matrimonio igualitario, que se aplicaron por administraciones del PP mientras el tribunal dilucidaba el archivo definitivo de la petición de los conservadores. “El PP ha entendido la vivienda como un fondo de inversión o un depósito a plazo fijo y nosotros lo vemos como un derecho constitucional”, afirma la socialista Rey.

El ejemplo de Getafe

En Madrid el Gobierno de Ayuso ya ha denegado a la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, la posibilidad de acogerse a esa prerrogativa que contempla la nueva norma. “Rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va en contra la oferta de vivienda de alquiler”, afirmó en una de sus últimas comparecencias el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que sostiene que esa experiencia llevada a cabo en otras ciudades de España, como Barcelona, así como en otras ciudades europeas como París o Berlín, “no ha funcionado”. “No compartimos esta iniciativa, mucho menos topar los precios. Lo que queremos es que la vivienda se mueva con libertad en el mercado”, añadió Rodrigo.

Ante esta situación la regidora de este municipio del sur de Madrid explica a elDiario.es que los servicios jurídicos municipales están ya “estudiando las diferentes opciones jurídicas para decirle a la Comunidad de Madrid que en este tema no puede tener una postura ideológica rayando en la insumisión. La ley se cumple”, zanja, mientras recuerda que Ayuso está “sistemáticamente en contra de todo lo que hace el Gobierno central”.

Getafe es la ciudad de Madrid donde más se ha incrementado el precio del alquiler en un año. Subió un 16% entre mayo de 2022 y mayo de 2023, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Hernández cree que lo primero que tendría que hacer la consejería regional de Vivienda es sentarse con ellos y también con la administración central, a hablar, para “analizar la situación de la ciudad, ver las rentas de las familias de Getafe, y cómo está aquí el mercado. Esto tiene que ser una decisión compartida”, añade, aunque reconoce que “es verdad que la declaración de zona tensionada no es algo que se pueda decidir de la noche a la mañana sino que requiere un análisis concienzudo”.

La alcaldesa sostiene que una las causas de la inflación de precios de los alquileres en los municipios satélites de la capital viene originado por el desorbitado aumento de precios de la vivienda en Madrid. Esto hace que sean muchos los jóvenes que al “verse expulsados de la capital” buscan residencia en otros municipios. Según reconoce, en Getafe encontrar una vivienda por menos de 800 o 900 euros mensuales “para una familia de cuatro o cinco miembros” es una tarea “muy difícil”. Por ello su gobierno está estudiando “otorgar ayudas” directas “para esas familias que no pueden afrontar el alquiler”.

Los casos de Fuenlabrada y Parla

Otro de los municipios que se ha visto afectado por un fuerte incremento en el precio de los alquileres en los últimos años es Fuenlabrada, situada en el cinturón sur de la capital y gobernada también por el PSOE. “La situación ha venido de la mano de la subida que se está produciendo en todo Madrid y es indudablemente una cuestión que dificulta el acceso a la vivienda en la ciudad, que cuenta además con una población de trabajadores y trabajadoras con un nivel de renta inferior a la media de la región”, asegura su regidor, Javier Ayala. “Pero también se debe, fundamentalmente, a la poca oferta que hay actualmente de vivienda en régimen de alquiler, que hace que se haya encarecido el precio de las disponibles”, añade.

Al igual que Getafe, el Ayuntamiento de Fuenlabrada aboga por alcanzar un acuerdo entre la comunidad y el municipio para el desarrollo de un plan de vivienda para toda la región que contase con el concurso de todas las administraciones. Pero Ayala lamenta que Fuenlabrada “no ha recibido ni una sola vivienda del Plan Vive de la Comunidad de Madrid pese a que la administración regional dispone de suelo en la ciudad que podría utilizar para este fin”. “Este Ayuntamiento ya desarrolló un plan de vivienda que permitió que el 60% de las viviendas de los nuevos barrios fuesen protegidas. Ahora estamos en una nueva fase de planeamiento general que nos permitirá habilitar más suelo para la construcción de vivienda protegida”, añade.

En Parla, otro municipio madrileño del sur gobernado por los socialistas, es preciso tener en cuenta el contexto complejo de la ciudad, con una de las menores rentas per cápita bruta de la región: 11.614 euros anuales, según datos del Instituto de Estadística regional. “El acceso a la vivienda en una población de condición humilde y trabajadora como la nuestra es prioritaria para nosotros. No en vano hay que recordar que esta ciudad cuenta con uno de los mayores parques de vivienda de protección de toda la Comunidad de Madrid: más de 11.000 pisos con alguna protección en Parla Este, un barrio, que, por cierto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado abandonado sin dotarle de los servicios públicos educativos, sanitarios o de transporte que merece”, afirma el regidor parleño, Ramón Jurado.

Después de aclarar esto, Jurado afirma que ve “razonable” que Parla “valore la posibilidad de solicitar también la declaración de zona tensionada”. “Es vital que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se enroque y bloquee sistemáticamente estas peticiones que permiten a las ciudades disponer de una gran herramienta, gracias a la Ley Estatal de Vivienda, para facilitar ese derecho a las personas con menos recursos”, zanja el regidor socialista.

Parálisis en Andalucía, Castilla y León, Murcia, Illes Balears o Cantabria

En Canarias, hasta 14 municipios (casi todos turísticos) entrarían en esa calificación de zona tensionada según los requisitos establecidos en la ley de vivienda, pero ninguno lo ha solicitado, por el momento. Lo previsible es, en todo caso, que el Ejecutivo autonómico en manos de Fernando Clavijo (CC) rechace cualquier petición ya que en verano anunció que recurriría la norma estatal ante el Constitucional.

Quien ya la ha recurrido ha sido la Junta de Andalucía, en manos del PP. Allí, las grandes capitales están todas también gobernadas por los populares por lo que se descarta que alguna de ellas vaya a solicitar la declaración de zonas tensionadas.

Algo similar ocurre en la Región de Murcia, pese a que en doce municipios hay barrios en los que el esfuerzo para pagar el alquiler y los gastos básicos del arrendamiento de una vivienda superan el 30% de la renta media. Se trata de la capital, Murcia, Cartagena, Molina, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Alcantarilla, Alhama, Cehegín, Fuente Álamo y Jumilla. Pero como en Andalucía el Gobierno de la Región de Murcia ya se ha posicionado en contra de la ley de vivienda y ningún municipio ha pedido que se aplique.

Illes Balears ha aprobado su propia legislación autonómica para hacer frente a la estatal y allí, ya que las principales ciudades están en manos de la derecha, no se espera que ninguna de ellas solicite la declaración de zona tensionada, como tampoco está previsto que lo hagan en Cantabria, otro bastión del PP, o Castilla y León, donde prácticamente la totalidad de las localidades están en manos de los conservadores.

La situación es distinta en aquellas comunidades no controladas por el PP, que sí se abren a esas declaraciones de zonas tensionadas. Pero, por el momento, solo una de ellas ha movido ficha para aplicar la medida estrella de la norma, el tope al precio de los alquileres. Se trata de Catalunya. Tras ella, es casi seguro que lo hará Navarra, puesto que forma parte de su acuerdo de Gobierno. Y solo otras dos han mostrado interés: Euskadi y Asturias.

La petición de Catalunya, encallada en Madrid

Apremiada por la escalada de precios y por el empuje de las entidades por el derecho a la vivienda, Catalunya ya aprobó su propio tope de los alquileres en septiembre de 2020, una regulación que estuvo vigente durante un año y medio, hasta que el Tribunal Constitucional la tumbó en marzo de 2022. La Generalitat hizo una valoración positiva de aquella medida y quiere que se vuelva a aplicar, ahora mediante la nueva ley. Mientras existió, el tope de los alquileres contribuyó a reducir los precios, aunque no hay consenso entre los expertos sobre si provocó o no un desplome de la oferta. 

Pero transcurridos dos meses desde que Catalunya remitió la declaración de zonas tensionadas a Madrid, su validación sigue encallada en la mesa del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. En la última reunión bilateral, el 13 de septiembre, se constataron dos discrepancias entre ambas partes que bloquean el avance de la regulación. Por un lado, la que tiene que ver con el índice de precios de referencia, del que ya dispone la Generalitat pero que el Gobierno central quiere “homogeneizar” con el estatal, que todavía está en fase de elaboración. El otro escollo es que el ministerio echa en falta una parte de la memoria justificativa. 

Fuentes del ministerio aseguran que se está avanzando en la resolución de las diferencias técnicas. Pero desde la Generalitat no esconden su “malestar” por un “bloqueo” que creen que se podría resolver con “voluntad política”, en palabras del secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, Francesc Sutrias. 

*Con información de Pau Rodríguez, Lucrecia Hevia, Elisa Reche, Angy Galvín y Laro García.