Los fortines autonómicos del Partido Popular han perdido su primera gran batalla económica con el Gobierno central: el impuesto a las grandes fortunas. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha rechazado, con el voto en contra de los conservadores, los recursos que Madrid, Andalucía y Galicia presentaron contra este tributo que, hasta el pasado mes de septiembre, había recaudado más de 623 millones de euros.
La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso es el territorio donde más dinero ha recaudado este tributo: 555 millones, casi un 90% del total. Fue también la primera comunidad autónoma en anunciar un recurso contra este gravamen que solo afecta a personas con un patrimonio neto superior a los tres millones de euros.
Lo hizo, según explicó la presidenta, “en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez”. El portavoz regional en ese momento, Enrique Ossorio, denunció que el tributo iba “contra el ahorro y la inversión” y se mostró confiado por el recorrido de un recurso que, finalmente, ha fracasado. “El fondo se gana seguro, ese impuesto está mal por todos los sitios”, llegó a decir.
Las tres comunidades autónomas, a nivel legal, centraron sus reproches en que el impuesto invadía competencias regionales en materia tributaria. “Un ataque grosero, un atropello”, dijo el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, en un territorio donde el impuesto ha recaudado 29,7 millones. El presidente gallego, Alfonso Rueda, denunció que el impuesto estatal suponía “anular y desactivar” las capacidades de la Xunta y un “ataque directo” a su autonomía fiscal. En Galicia el impuesto ha recaudado 9,8 millones.
La política fiscal española, dividida competencialmente entre el Estado central y las comunidades autónomas, se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla de las administraciones regionales. Bonificaciones a impuestos transferidos que se traducen en ahorro para las grandes fortunas. En Madrid, por ejemplo, una de las grandes promesas de Isabel Díaz Ayuso para las últimas elecciones fue una rebaja en todos los tramos del IRPF.
Su bonificación del Impuesto de Patrimonio supuso un perdón fiscal de 1.200 millones a las grandes fortunas a lo largo de 2021. En Andalucía, una de las grandes apuestas de Moreno Bonilla es suprimir también este tributo que pagan los 20.000 andaluces más ricos. En la campaña de las últimas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, que también bonificó este impuesto cuando presidía la Xunta, prometió eliminar el gravamen de Patrimonio y el de las grandes fortunas. Alfonso Rueda, desde la Xunta, ha apuntado en la misma dirección.
La guerra fiscal forma, por tanto, una parte importante de la pelea política entre el Ejecutivo central y las comunidades en las que gobierna el PP. Pero, de momento, los territorios han perdido el asalto del impuesto a las grandes fortunas. El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de las tres comunidades impugnando sus principales argumentos: ni su tramitación fue irregular ni vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas ni, finalmente, se salta el principio constitucional de no confiscatoriedad.
Un complemento del Impuesto de Patrimonio
La principal queja de los tres territorios gobernados por el PP era que se vulneraba la autonomía financiera de las comunidades autónomas para gestionar los tributos. El impuesto a las grandes fortunas, contesta el Constitucional, es “complementario” al Impuesto de Patrimonio y “no interfiere” en el poder de las administraciones regionales para gestionarlo. En el caso de estos tres territorios, bonificarlo por valor de miles de millones de euros.
Siguen siendo decisión de cada comunidad los aspectos clave del Impuesto de Patrimonio: “El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones aplicables”, recuerda el Constitucional. Son dos impuestos que se aplican entrelazados: un contribuyente paga en el impuesto de solidaridad por el dinero que no haya sido gravado ya por el Impuesto del Patrimonio a nivel regional.
No se paga dos veces por una misma parte del patrimonio pero un contribuyente si puede pagar ambos impuestos por distintas partes de su fortuna. Esto, según la Comunidad de Madrid, restaba atractivo fiscal para atraer esa riqueza al territorio. Un argumento insuficiente para el Tribunal Constitucional: “Este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos”, dijo hace menos de tres semanas.
En el caso de la Comunidad de Madrid se trata de un argumento con peso en la política económica de la región. Una línea transversal que une a Esperanza Aguirre con Isabel Díaz Ayuso pasando por Ignacio González y Cristina Cifuentes es el conocido como 'dumping' fiscal: rebajas de impuestos que han supuesto una merma en la recaudación pública de más de 60.000 millones de euros en las últimas dos décadas.
El ahorro llega, sobre todo, a las rentas más altas. En el caso del IRPF, una persona con una base liquidable anual de 18.000 euros se ahorra 5,2 euros al mes por estas políticas. Si esa base liquidable asciende a 240.00 euros, por ejemplo, el ahorro mensual es de casi 100 euros.
Reformas fiscales en los territorios
La fiscalidad autonómica es uno de los puntales políticos de las comunidades donde gobierna el PP y la sentencia del Constitucional, dando su aval a un impuesto que va directo al bolsillo de las grandes fortunas, ha caído como una bomba.
En el caso de la comunidad que comanda Isabel Díaz Ayuso, el territorio donde el impuesto a las grandes fortunas ha recaudado casi un 90% del total del país, la solución pasa por buscar que su recaudación recaiga en Madrid. “No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid, un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se queden en las arcas madrileñas”, afirmó Ayuso poco después de conocer el varapalo del Constitucional.
En Andalucía, tal y como ha informado en las últimas semanas elDiario en Andalucía, también está encima de la mesa repensar la supresión del gravamen al Patrimonio. “El Gobierno andaluz dará a los grandes contribuyentes la opción de elegir para que sus impuestos se queden en Andalucía”, afirmaba el presidente andaluz en su perfil de X –antes Twitter– poco después de saber que su recurso había sido rechazado. El PP gallego se ha pronunciado en un sentido similar.
Los argumentos de Madrid, Andalucía y Galicia han recibido el apoyo de un sector minoritario y conservador del Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados discrepantes que entienden que este impuesto sí vulnera la autonomía política y financiera de las comunidades y ataca la seguridad jurídica. “La creación del nuevo impuesto no era previsible”, añaden a sus críticas.
Sobre el papel, el impuesto a las grandes fortunas dejará de aplicarse el próximo 31 de diciembre y su pago llegará en el verano de 2024, completando así los dos ejercicios comprometidos por ley. Está por ver si los acuerdos entre PSOE y Sumar en el nuevo Ejecutivo de coalición de mantener una tributación para patrimonios altos alejada de las batallas territoriales incluye una prolongación o adaptación de este impuesto.