El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con una ajustada mayoría –176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones– la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recupera el IPC como vía para revalorizar las prestaciones y elimina el 'factor de sostenibilidad' impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La norma incluye el conocido como mecanismo de equidad intergeneracional pactado por el Gobierno con los sindicatos, y apoyado por socios como EH Bildu y ERC, que supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la hucha de las pensiones y afrontar la jubilación de los españoles nacidos entre los años 50 y 70 del siglo pasado, los conocidos como baby boomers.
Así, y tal y como recoge en su exposición de motivos, la ley –que ha recibido el respaldo de los partidos del Gobierno, ERC, PNV, PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC, el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, CUP, BNG, UPN, Foro y CC, y la abstención de EH Bildu–, tiene como objetivo garantizar “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través de un criterio de revalorización vinculado a la evolución de la inflación” y fortalecer “la estructura de financiación de la Seguridad Social a través de la asunción por el Estado de los gastos de naturaleza no contributiva”.
“Es una ley que mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, establece un marco estable sobre el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones y cumple con los compromisos del país con los mayores”, ha explicado durante el debate en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Escrivá celebra que se garantice el “poder adquisitivo de las pensiones”
La nueva norma, ha añadido, “garantiza de una vez y para siempre el poder adquisitivo de las pensiones y deja atrás una etapa de incertidumbre”, en alusión a la última reforma de las pensiones aprobada durante la mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy. “Es una reforma ambiciosa que establece la transparencia de las cuentas de la seguridad social”, ha añadido.
Una de las herramientas clave de la legislación del PP era el citado 'factor de sostenibilidad', que vinculaba la cuantía de las prestaciones de los futuros pensionistas a la esperanza de vida, de tal manera que se reducían progresivamente. Los que asumían mayores recortes en la pensión futura eran, por tanto, las personas más jóvenes, ya que se supone que vivirán más años.
El Gobierno de coalición se comprometió a derogar este factor y a sustituirlo por el 'mecanismo de equidad intergeneracional' (MEI). En un inicio, el ministro José Luis Escrivá afirmó que el nuevo elemento podría producir un “pequeño ajuste” en la pensión de los baby boomers o retrasar su acceso al retiro, lo que generó una gran polémica y forzó al ministro a matizar sus palabras.
Al final, la propuesta de MEI que la Seguridad Social llevó a la mesa de negociación fue muy diferente. El mecanismo se dirige a recaudar más fondos para la Seguridad Social, a cargo de los trabajadores y las empresas en activo en la próxima década, frente al enfoque de los recortes crecientes sobre todas las pensiones a partir de 2023, que suponía la legislación anterior.
Durante el trámite parlamentario ERC y EH Bildu han formado al Gobierno a incluir una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo el Estado ajena al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, que ha generado pérdidas al sistema.