El Consejo Fiscal avala dividido la Ley de Memoria Democrática

El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves en una ajustada votación, por seis votos frente a cinco, un informe favorable a la nueva Ley de Memoria Democrática, la norma que por primera vez hace responsable al Estado de la exhumación de fosas y anula sentencias franquistas. El dictamen que avala la ley —un trámite preceptivo, aunque el informe no es vinculante para el Gobierno— ha contado con el respaldo de los cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), del jefe de la Inspección Fiscal, que es miembro nato, y de la fiscal general, Dolores Delgado, confirman fuentes fiscales a elDiario.es. 

Han votado en contra los cinco representantes de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), que entienden que la responsabilidad de buscar la “verdad histórica” a la que tienen derecho las víctimas corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones —especialmente historiadores—, pero “ajenos a la investigación penal”. Además, según esta asociación, la redacción del anteproyecto es “confusa, calculadamente ambigua y contradictoria”. También consideran “absolutamente innecesaria” la creación de una Fiscalía de Sala para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura “que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario” que prevé la norma. 

La mayoría del Consejo Fiscal, sin embargo, entiende que la creación de este Fiscal de Sala supone una “novedad” y una “oportunidad” de mejora en la especialización de la carrera, abordando la “inaplazable necesidad” de proporcionar “una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

El informe aprobado también valora positivamente la “adaptación” del ordenamiento jurídico a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España en esta materia y el hecho de que el anteproyecto sitúe a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, “una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares”.

Esta ley es uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, que 13 años después de la ley de memoria histórica de 2007 intenta incorporar algunas de las medidas exigidas reiteradamente por asociaciones de víctimas y paliar los vacíos que vienen señalando desde hace años organismos como Naciones Unidas. El texto prevé, entre otras cosas, la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas y la creación de la citada Fiscalía para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados o la “resignificación” del Valle de los Caídos que se estudiará, pero que “de momento” se convertirá en un “cementerio civil”.

Posturas diferenciadas en el Poder Judicial

Tras el informe del Consejo Fiscal, la norma está pendiente del dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder iniciar su tramitación parlamentaria. No obstante, esta iniciativa amenaza con provocar un nuevo desencuentro en el órgano de gobierno de los jueces, donde los dos vocales designados para elaborar el informe mantienen, por el momento, posturas diferenciadas sobre la misma.

Mientras el conservador José Antonio Ballestero tiene una visión muy crítica del borrador presentado el pasado septiembre por el Ejecutivo y cuestiona incluso su constitucionalidad; el progresista Álvaro Cuesta se muestra favorable a la ley sin perjuicio de que se puedan realizar algunas correcciones técnicas. No obstante, ambos se han comprometido a buscar un acuerdo para evitar llevar dos textos antagónicos al pleno, que tendrá la última palabra, según las fuentes consultadas.