La dimisión del director de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces, ha abierto una nueva brecha en el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último episodio es la decisión del presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, de convocar este martes una sesión extraordinaria y presencial de la Comisión Permanente —el principal órgano de decisión— para que las dos juezas que aspiran a ser nombradas en funciones para ese puesto presenten sus proyectos.
El movimiento ha soliviantado a los tres vocales elegidos a propuesta del Partido Popular que forman parte de la Permanente del órgano, que pretendían que los consejeros se reunieran de forma exprés la semana pasada para elegir a la nueva directora en funciones sin este paso previo. Esto es, sin escuchar los programas de ambas aspirantes para dirigir la institución que coordina la formación de los nuevos jueces. La decisión del presidente retrasará apenas una semana la elección.
En un duro escrito, los vocales María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que integran el núcleo duro del sector conservador, acusan a Guilarte de actuar de forma irregular y de convertir el principal órgano de decisión del CGPJ “en una mera caja de resonancia de su voluntad”. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha considerado un verso suelto dentro de este bloque.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, acusan al presidente de haber tomado esa decisión de forma “unilateral” y “sin haberlo sometido a votación”. Y sostienen que la comparecencia de las candidatas “confunde” la provisión ordinaria de la plaza con la designación por sustitución, que es la única que puede acordar el CGPJ al tener vedados desde marzo de 2021 los nombramientos discrecionales por su situación interina.
“La comparecencia decidida unilateralmente por el presidente viene a ignorar la naturaleza del nombramiento citado, resultando extraño a los precedentes del CGPJ que un nombramiento de carácter provisional se someta a tal trámite”, afirma el escrito, que también acusa a Guilarte de sustraer a la Permanente “el legítimo ejercicio de sus funciones” al privarle de debatir y, en su caso, decidir, sobre el procedimiento legal de designación. “La convocatoria de una sesión extraordinaria de la Permanente no puede servir de cauce para alterar el procedimiento legal de nombramiento”, dicen los vocales.
Además, estos mismos consejeros también expresan su “desacuerdo” con la decisión del presidente de convocarles de forma presencial y sostienen que la ley del de Régimen Jurídico del Sector Público prevé que se pueda asistir a las reuniones de órganos colegiados a distancia y que no existe normativa propia del CGPJ que excluya de manera expresa tal posibilidad. Los vocales de la Permanente tienen dedicación exclusiva, por lo que cobran más de 130.000 euros anuales.
Fuentes de la presidencia del CGPJ no ocultan su malestar por este movimiento de los vocales Carmona, Ballestero y Llombart y recuerdan que tienen dedicación exclusiva, por lo que no entienden que les “moleste” tener que asistir al órgano de forma presencial para una sesión extraordinaria. La Permanente suele celebrar sus reuniones los jueves. Además, consideran “razonable” que antes de elegir un puesto tan “sensible” se entreviste a los candidatos.
Otras fuentes del CGPJ vinculan este movimiento del sector conservador con el enfrentamiento abierto entre los vocales en torno a quien debe ocupar la dirección de la Escuela Judicial de forma interina a partir de ahora. En el bloque conservador creen que la persona idónea es la magistrada María Jesús Millán, que es directora de Formación Continua de la Escuela desde junio de 2022. Es un puesto con sede en Madrid, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos vocales es traer a la capital la dirección del centro donde se forman los jueces, algo que voces de ese bloque niegan de forma tajante.
“La urgencia de votar de cualquier manera tiene su origen en contar con el voto de la progresista Pilar Sepúlveda para la elección de la candidata elegida por los conservadores”, dicen fuentes del CGPJ. Otros consejeros —incluido el presidente— creen más adecuado el perfil de la también jueza Clara Carulla, que ocupó el puesto de Jorge Jiménez Martín cuando él fue nombrado director. Y sostienen que el puesto como directora de Formación Continua de la Escuela que ostenta María Jesús Millán hace que sea “imposible” compatibilizarlo con el de directora de la Escuela, que debe residir en Barcelona. Todo apunta, por tanto, a que la decisión no será pacífica. En todo caso, si la progresista Sepúlveda se suma a los tres conservadores, el sector de vocales elegidos a propuesta del PP logrará imponer a su candidata.
Dimisión del director en funciones
La apertura del proceso para renovar la dirección de la Escuela Judicial se produce tras la renuncia de su anterior director, el magistrado Jorge Jiménez Martín, que ocupaba ese puesto en funciones desde julio de 2018. Su dimisión se produjo tras los movimientos de consejeros del grupo conservador, que consideraban que no cumplía los requisitos que establece la ley y querían apartarlo del cargo.
Jiménez Martín —que en el pasado fue afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— fue nombrado de forma interina cuando faltaban cinco meses para que acabara el mandato del CGPJ. Después, su relevo quedó aparcado con la idea de que fuera acordado por el nuevo pleno que saliera de la renovación, pero esta lleva atascada más de un lustro. Entre tanto, además, entró en vigor la reforma que impide al órgano hacer nombramientos y sacar a concurso la plaza definitiva, por lo que el asunto quedó estancado.
Pero, en los últimos meses, la situación entre Jiménez Martín y los consejeros elegidos en su día a propuesta del PP se había tensado por los sistemáticos obstáculos que estos vocales ponían a sus iniciativas, de acuerdo a algunas fuentes consultadas. En el bloque conservador lo niegan y afirman que su única intención era “acabar con algo ilegal”. Este es el contexto en el que miembros del sector designado a iniciativa del PP solicitaron incluir un punto en el orden del día del pleno de febrero para abordar su continuidad con el argumento de que no cumplía los requisitos que exige la ley.
Su tesis es que Jiménez ocupa un puesto de letrado desde junio de 2011 y que es esa condición de letrado la que le permite ejercer las funciones de director interino de la Escuela. Pero la cuestión es que la ley del Poder Judicial establece que los letrados de carácter temporal sólo pueden prestar ese servicio durante 10 años. Un límite que Jiménez habría sobrepasado hace más de dos años y medio sin que hasta el momento se hubiera planteado formalmente la necesidad de relevarlo. Una tardanza que vocales consultados atribuyen a su inestable situación con el mandato prorrogado y los varios intentos de renovación abordados por PP y PSOE.