“Es evidente que hay dificultades para llegar a un acuerdo con un PSOE con el que es muy difícil entenderse porque es muy difícil fiarse”. Con esta frase confirmó este martes el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que es su partido el que no puede o no quiere llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que la derecha mantiene bloqueado desde hace más de un lustro. La mediación de la Comisión Europea, que pidió el propio Alberto Núñez Feijóo, ha concluido sin que se haya comunicado ningún acercamiento entre las partes.
Es la segunda vez que descarrilan las conversaciones desde que Feijóo asumiera el liderazgo hace ahora dos años. A finales de 2022, cuando el acuerdo estaba “a falta de una palabra”, según han explicado de forma reiterada en el PP, se levantaron de la mesa por la reforma de la malversación y la derogación de la sedición. Antes, aún con Pablo Casado al frente del partido, fue la filtración de un mensaje que daba por hecho el control que la derecha iba a ejercer sobre el Poder Judicial con la elección de Manuel Marchena como presidente.
La actual negociación era la tercera y contaba con un aliciente para pensar que podía ser la definitiva. En una reunión con Pedro Sánchez, Feijóo planteó retomar las conversaciones con la mediación de la Comisión Europea. Una idea que el presidente del Gobierno aceptó inmediatamente.
La intermediación recayó en el comisario de Justicia, Didier Reynders, belga de la familia liberal del Parlamento Europeo. El Ejecutivo comunitario se dio un plazo “de dos meses” para buscar el acuerdo a través de un “diálogo estructurado” que tenía como base los informes sobre la salud del Estado de derecho en los países miembro que la propia Comisión hace cada año.
Los dos plazos tenían un sentido: Reynders optará a encabezar el Consejo de Europa, órgano ajeno a la UE. Y este mes de marzo iba a ser el último como comisario: ahora se centrará en hacer campaña. El planteamiento de la Comisión era claro: renovar el CGPJ con la ley actual e “inmediatamente después” negociar una reforma de la ley para cambiar el sistema de nombramientos y dar más protagonismo a los jueces.
El PP asumió a regañadientes el planteamiento, después de haber negado esta opción y reclamar un proceso conjunto e indisoluble. En la voluntad declarada de Feijóo estaba la de amarrar a la renovación del CGPJ otras reformas que el PP exigía de forma unilateral y que iban más allá incluso del propio Poder Judicial: desde el sistema de designación de magistrados del Constitucional a las condiciones para acceder a la Fiscalía General del Estado.
El ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se han reunido tres veces fuera de España con la mediación de Reynders. Y con cada cita, el acuerdo parecía estar más lejos.
Tras la primera reunión Bruselas lanzó un mensaje claro a las partes: lo importante era renovar el Consejo General del Poder Judicial. El organismo lleva casi seis años bloqueado, su primer presidente dimitió y una reforma legal promovida por el PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura le impide hacer nombramientos, lo que supone un problema para instancias judiciales como el Tribunal Supremo.
Pero el PP echó un jarro de agua fría. Pons dijo salir “muy pesimista” de la cita, y Bolaños respondió que sería “la última oportunidad” para el acuerdo.
Era finales de enero. Unos días después, Feijóo sorprendió al volver a ligar el desbloqueo del CGPJ a sus otras exigencias. “Mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada”, dijo el líder del PP, que volvía así a la posición previa al inicio de la mediación internacional que él mismo había reclamado.
A mediados de febrero se celebró la segunda reunión. Y a su conclusión, el PP ya dio por amortizado al comisario de Justicia cuya mediación habían reclamado ellos mismos. “Si el comisario Reynders termina su mandato estoy convencido de que la presidenta, Ursula von der Leyen, designará a otro comisario para ocupar el puesto”, dijo. Faltaba mes y medio para el final del mandato de Reynders.
Pero en el PP ya habían decidido que esta vez tampoco iban a renovar el Poder Judicial. En plena tramitación de la ley de amnistía y con un ciclo electoral por delante que incluía Galicia, País Vasco y las europeas (y al que ahora se ha añadido Catalunya). “Todo es un pack”, apuntó entonces una importante fuente de la dirección del PP a elDiario.es. Y ese “pack” era indivisible. Tanto, que la renovación del CGPJ y la reforma legal que quiere la derecha deberían tramitarse a la vez en el Congreso. Y los cambios legales, “como primer punto del orden del día”, según dijo la misma fuente, que ironizó con llevar las conversaciones más allá de lo marcado por la Comisión: “Ya llevamos bastante retraso”.
La tercera reunión se celebró el 13 de marzo en Estrasburgo. Y por tercera vez, las expectativas de Reynders y del PSOE chocaron con el frenazo del PP. Mientras el comisario dijo que se seguía “avanzando y progresando”, Pons dijo que las posiciones seguían “congeladas”.
Reynders lanzó una última propuesta: una reunión a finales de marzo en Madrid. La cita planteada por el comisario, el 27 de marzo. Así figuró el pasado viernes en su agenda oficial. El PSOE dijo aceptar la reunión, pero desde el PP congelaron las expectativas.
El lunes se confirmó que no habría cuarta reunión por la falta de avances. Este martes, Bolaños señaló directamente al PP desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. “Tanto la Comisión Europea como nosotros hemos hecho los esfuerzos pero no ha sido posible”, dijo. “Seguiremos trabajando el tiempo que sea necesario. Todos sabemos por qué motivos está bloqueado”, añadió Bolaños, para apostar por una nueva oportunidad al papel de Bruselas: “La Comisión tendrá que tomar decisiones sobre quién continúa en esta mediación”.
Bruselas, dispuesta a continuar
La cancelación de la cita prevista para este miércoles llega, de hecho, justo cuando vence el plazo de dos meses que dio la Comisión Europea para la mediación. Fuentes comunitarias admiten que el ‘deadline’ era este finales de marzo.
Pero ya tras la cita de Estrasburgo el comisario de Justicia abrió la puerta a que el papel de la Comisión continuara más allá del día 31. Y Bruselas se ha mostrado dispuesta a ampliarlo. “Las discusiones están en curso entre las partes y la Comisión sigue disponible para dialogar con ellas”, señaló este martes el portavoz de Justicia, Christian Wigand, en una rueda de prensa.
Lo que tienen claro en Bruselas es que la mediación no se puede prolongar ‘sine die’, máxime cuando el mandato de la Comisión decaerá con las elecciones del 9 de junio. “No hay decisión o no hay cambio de momento y ahora no comentamos sobre los posibles siguientes pasos. En la actualidad seguimos trabajando en encontrar soluciones cuando llegue el momento”, agregó el portavoz de Reynders.
La Comisión quiere darle una última oportunidad a la mediación, pero ya no será Reynders quien se siente con Bolaños y Pons. El comisario de Justicia ha solicitado una excedencia –una suerte de permiso sin remuneración– una vez que ha sido formalmente designado como candidato para la secretaría general del Consejo de Europa.
Todo apunta a que será la vicepresidenta para Valores y Transparencia, VÄ›ra Jourová, quien asuma la cartera de Justicia de forma temporal. La política checa también pertenece a la familia liberal, como Reynders, pero en el Gobierno español la ven con mejores ojos dado que consideran que Reynders ha mantenido posiciones cercanas a PP y Ciudadanos, que han llamado a su puerta con todas sus batallas nacionales a lo largo de la legislatura.
Y el Poder Judicial, empantanado
La crisis abierta en el CGPJ por una situación de interinidad que se remonta a 2018 amenaza con adquirir una dimensión todavía mayor si se cumple el órdago lanzado por su presidente interino. Vicente Guilarte amenazó con dimitir del cargo que ocupa de forma interina desde el pasado verano si fracasa el último intento de renovación entre el PP y el PSOE con la intermediación de la Comisión Europea. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”, afirmó el pasado febrero en un acto público en Madrid.
“No me gusta ser juguete de algo que no controlo”, afirmó en ese acto Guilarte, que acostumbra a decir que ocupa el cargo de presidente por un “criterio de longevidad”. Él era el vocal de más edad cuando, el pasado julio, su antecesor, también interino, cumplió la edad legal de jubilación, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados.
Si cumple su órdago, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que elegir a su tercer presidente en año y medio después de que Carlos Lesmes dimitiera en octubre de 2022 ante el bloqueo a la renovación del órgano. El siguiente vocal de más edad es Wenceslao Olea, también elegido en su día a propuesta del PP. La salida de Guilarte, de producirse, dejará a la institución en una situación todavía más precaria con 15 vocales de sus 21 miembros originales: nueve conservadores y seis progresistas.
Durante su mandato, Guilarte ha hecho una propuesta para dejar las designaciones de la cúpula judicial que ahora realiza el CGPJ en manos de propios jueces y de un tribunal de juristas. Es una iniciativa que busca reducir el atractivo del órgano como instrumento político de los partidos pero que, por el momento, no ha tenido demasiado eco entre las formaciones que tienen que ponerse de acuerdo en la renovación.