Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz, ante el que comparecía como imputado para explicar las donaciones realizadas al PP y la coincidencia de las mismas con la adjudicación de obras públicas. A la vista de su negativa, las acusaciones solicitaron la celebración de una vistilla para pedir su ingreso en prisión o, en su defecto, otras medidas cautelares como la libertad bajo fianza o la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.
Uno de los letrados justificó la petición porque al estar castigados con más de dos años de prisión los delitos en que podría habría incurrido (asociación ilícita, alteración de precios, cohecho, fraude y exacciones legales, tráfico de influencias, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y delitos electorales, según la querella presentada por IU), afectan a la economía nacional, y el imputado puede ocultar pruebas. El fiscal anticorrupción se ha opuesto a la medida y el juez la ha denegado por improcedente.
Los 'papeles de Bárcenas' recogen nueve donaciones de Constructora Hispánica por un importe de 258.161 euros, que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) cree que están relacionadas con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP valoradas en 525 millones de pesetas. García Pozuelo ha acudido acompañado del abogado Javier Iglesias, el mismo que representa al extesorero del PP Álvaro Lapuerta.
Tras García Pozuelo ha comenzado a declarar Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL. En su caso, su empresa se benefició de 215 contratos públicos valorados en 4.652 millones de euros, y en la supuesta contabilidad B del partido aparecen reflejadas tres donaciones al PP por 530.000 euros.