Correa anuncia que no declarará en el juicio de la caja B tres semanas después de ofrecerse a colaborar

La gran confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel no se ampliará, ni siquiera se repetirá, durante la vista de la caja B. La defensa del cabecilla de la trama de corrupción ha pedido al tribunal que anule su declaración como testigo, prevista para el próximo lunes, porque Correa está siendo investigado en la segunda ramificación de la caja B, una causa que instruye en estos momentos el juez Santiago Pedraz sobre ingresos de dinero negro en el PP a cambio de adjudicaciones concretas.

Según apunta uno de sus abogados, Javier Iglesias [ver perfil], la reapertura de la línea de investigación del cohecho ha supuesto dejar sin efecto el sobreseimiento provisional que el juez Pablo Ruz dictó en marzo de 2015. Eso significa que la causa vuelve a estar 'viva' para todos aquellos que fueron investigados en la misma, por lo que la declaración de Correa en el juicio como testigo podría perjudicarlo. Correa dijo en el juicio de la Primera Época de Gürtel que las grandes adjudicaciones del Gobierno central en la época de Aznar se hacían a cambio de mordidas para el PP que oscilaban entre el 2 y el 3%.

En el caso de que el tribunal no acepte dejar sin efecto la declaración de Correa en el juicio de la caja B, el letrado Iglesias advierte de que su cliente “se acogerá a su derecho a no declarar”, según consta en el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La reapertura de la investigación del cohecho en la Audiencia Nacional es el motivo por el que las acusaciones populares han renunciado al testimonio de los empresarios citados como testigos para el juicio de la caja B por aparecer como donantes en los 'papeles de Bárcenas', a la espera de que puedan ser llamados en un futuro próximo por Pedraz como imputados en la causa que instruye el magistrado.

Sin embargo, la negativa de Correa a declarar se produce tres semanas después de que el cabecilla de la Gürtel escribiera una carta al juez de Vigilancia Penitenciaria trasladando su intención de “seguir colaborando con la Justicia” y en la que solicitaba integrarse en el programa de reinserción de condenados por delitos económicos y corrupción. En la misiva, Correa también aseguraba que había dado orden para que los 24 millones de euros bloqueados en Suiza fueran entregados a las autoridades españolas. Para la redacción de esta carta fue asesorado por su otro abogado, el valenciano Juan Carlos Navarro. Correa cumple 51 años de cárcel por la sentencia firme del caso Gürtel y ha solicitado al juez en varias ocasiones que le conceda permisos penitenciarios después de siete años en prisión.

Por su parte, Javier Iglesias se incorporó a la defensa de Francisco Correa después de que el cabecilla de la Gürtel se negara a ratificar ante el juez instructor de la caja B en 2017, José de la Mata, su confesión en el juicio de la Primera Época acerca del sistema de mordidas para el PP a cambio de adjudicaciones, si bien los contactos con Iglesias comenzaron antes de que se retractara, según desveló elDiario.es.

Por su parte, Bárcenas asegura en su propia confesión que aunque los pagos a la caja B del PP respondían a la intención de los empresarios de estar a bien con el partido, en ocasiones se produjeron algunos que implicaban una contraprestación en forma de adjudicaciones de contratos públicos. En su declaración como acusado en el juicio de la caja B aseguró que el letrado Javier Iglesias le ofreció 500.000 euros de dinero negro de empresarios, en representación del PP, para que fabricara unos papeles distintos y que el partido pudiera denunciar una maniobra en su contra.