Nueva petición de cárcel para Javier López Madrid. La doctora Elisa Pinto, que también ejerce la acusación por acoso en un juzgado de Madrid, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando seis años de cárcel para el empresario por contratar al comisario Villarejo, cuando éste aún estaba en activo, dentro de una estrategia de acoso a la víctima. Para Villarejo, la representación de Pinto pide la misma condena. A ambos les atribuye un delito de cohecho.
El juez Manuel García Castellón instruye una pieza dentro del caso Villarejo sobre la presunta contratación del comisario por parte de López Madrid para hostigar a la doctora y el pasado julio dicto el auto con el que ponía fin a la instrucción y dictaba el pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años. Esta investigación de García Castellón se suscribe únicamente a esa relación comercial entre ambos, prohibida a un funcionario público, y no a la propia estrategia de acoso y agresión a la mujer que habría ordenado López Madrid y ejecutado Villarejo. Esos otros hechos son investigados en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.
Precisamente, la jueza titular de ese juzgado de Madrid, Belén Sánchez, cerró la instrucción el pasado año y propuso juzgar a Javier López Madrid por los delitos de acoso y amenazas, mientras que a Villarejo le atribuía un presunto delito de agresión con un elemento peligroso. Se refiere en este punto la magistrada al pinchazo que recibió presuntamente la doctora por parte de Villarejo en abril de 2014 mientras le decía “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía elevó el pasado marzo su petición al considerar a López Madrid también “coautor” de la agresión, como persona que habría encargado la misma al policía a cambio de dinero.
Los fiscales del caso Villarejo consideraron desde el primer momento que la pieza que se abriera en el marco de esa causa debería abordarse como un encargo más por los que el policía cobró sirviéndose de su condición de funcionario público, destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Quedaría fuera por tanto el presunto acoso cometido por el empresario a la mujer, por el que está procesado, y que todavía mantiene imputada en otro juzgado de Madrid, el 26, a la propia doctora Pinto.
El escrito de acusación de la representación de Pinto considera acreditado que López Madrid entró en contacto con el comisario a través del directivo de banca Donato González. En el citado escrito se recogen los apuntes de la agenda del comisario y los extractos de las grabaciones que acreditarían el acuerdo comercial entre López Madrid y el policía. La abogada de Pinto, Ana Blanco, asegura que el comisario realizó “seguimientos telefónicos”, accedió a “información privada” e “intentó interferir en la investigación policial” a López Madrid que se había abierto consecuencia de las reiteradas denuncias de la mujer contra el empresario. Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, López Madrid llamó en 135 ocasiones a tres números de teléfono de Villarejo.
Respecto a las grabaciones de Villarejo, el escrito de la acusación particular reproduce, entre otros, este extracto: “Yo, cuando termine todo, cuando meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ponme un poquito de pasta porque me ha metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.
La abogada de Pinto no se detiene en José Manuel Villarejo. “También cabe significar la estrecha relación mantenida por Javier López Madrid con otros policías que mantuvieron un llamativo y estrecho contacto con él mientras duró la investigación de los hechos denunciados por Elisa Pinto sobre el acoso de Javier López Madrid. Así, menciona, entre otros, al policía que asumió la investigación por orden de la brigada política, el hoy comisario del distrito Centro, Alberto Carba. Este comisario aparece en unos mensajes incautados por la Guardia Civil a López Madrid dando ánimos al empresario investigado y trasladándole detalles de la investigación. ”Este partido lo vamos a ganar“, le llega a decir.
La doctora Pinto pide igualmente dos años de cárcel para Rafael Redondo, socio de Villarejo, y que declaren como testigos los policías citados, así como el procesado en el caso Villarejo y la Operación Kitchen, Andrés Gómez Gordo, el policía que fue asesor de María Dolores de Cospedal. También pretende que preste declaración Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica que, como refleja el sumario de este hecho, recibió en un mensaje de López Madrid la dirección exacta de la doctora Pinto. López Madrid ha recurrido el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez García Castellón en julio.