“Hay que evitar que el fiscal general se convierta en un Rey Sol”

Fue el fiscal del caso Prestige en el que evitó acusar al Gobierno de Aznar siguiendo la tesis de que el daño sobre la costa estaba causado tras el primer vertido de miles de toneladas de petróleo en el viejo buque. Como fiscal jefe de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) lleva más de una década persiguiendo el origen de los fuegos en la comunidad donde más arde el monte.

Durante los últimos dos años ocupa además la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales, donde ahora trata de hacer frente a otro incendio gigantesco, el que se ha desatado en el ministerio público con la llegada de José Manuel Maza al puesto de fiscal general y su decisión de colocar a Manuel Moix como jefe de Anticorrupción.

El presidente de la UPF, a unos días de que expire su mandato, asegura que está en juego no solo la dirección de un caso, sino el mismo modelo de la Fiscalía española. Alerta de que se pretende ir hacia un modelo más jerárquico y él defiende todo lo contrario: un cambio en el Estatuto de la carrera para que los representantes del ministerio público ganen autonomía. Y avisa: “Hay que evitar que José Manuel Maza se convierta en el Rey Sol de la Fiscalía”.

El ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción han sido reprobados por el Congreso de los Diputados. No parece el mejor momento para confiar en la Justicia ni en la labor de la Fiscalía.

Deberíamos distinguir muy claramente el trabajo de la plantilla de la carrera fiscal de la imagen que la Fiscalía da en determinados acontecimientos. Una institución no debería perder todo lo que es por el hecho de que las personas que están al frente de las mismas no estén a la altura de la circunstancias en un determinado momento.

Mucha gente habrá interpretado del caso Lezo y de otros sumarios que los fiscales están ahí para obedecer y que si no, se les aparta. ¿Cómo convencerles para que confíen en su independencia?

Si no hubiera fiscales que trabajaron con las fuerzas de seguridad y los jueces de instrucción, ni siquiera sería posible tener esas discusiones. Si no hubiesen trabajado los fiscales, ni siquiera estaríamos planteando esto. Si hay debate es porque los fiscales han hecho su trabajo. Luego lo discutimos y vemos si hay injerencias o no y hasta qué punto son las influencias pero el trabajo está ahí.

¿Desliza que lo que falla son las jefaturas?

Falla, quizás, la concepción de lo que debe ser una jefatura. Es lícito que nosotros estemos en una institución donde se deben tomar decisiones. Cómo se toman, quién las toma y en qué momento es lo que debemos discutir. Confundimos unidad de actuación, que es el criterio que debe regir y ser el mismo en toda España y en cada momento, con la existencia de una jerarquía absoluta donde una sola persona, el fiscal general del Estado [José Manuel Maza] tenga la capacidad de ordenar de una manera casi discrecional o dar cualquier orden a cualquier fiscal de este país. Son dos cosas diferentes.

¿Es eso lo que está en juego?

Sí, está en juego un modelo de organización de la fiscalía sin ningún tipo de duda. El Estatuto orgánico permite que la Fiscalía General sea una especie de Rey Sol que la gobierne. Eso no está vedado porque en el Estatuto el fiscal general tiene muy pocos contrapesos o insuficientes. Pero tampoco dice que debe ser así. Hay un margen, llevamos mucho tiempo trabajando y no necesariamente ha sido siempre un ordeno y mando. Hay muchas formas de ejercer la jefatura de la Fiscalía. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que no queremos es llegar a ese modelo autárquico donde solo la voluntad de una persona, sin ser transparente ni estar motivadas sus resoluciones, pueda desacreditar el trabajo personal de la plantilla de fiscales de la que hablábamos al principio.

¿Es Maza el que quiere erigirse en esa especie de Rey Sol?

Lo tendremos que ver, de momento parece que vamos camino de ello. Tenemos que interrumpir ese camino. A la UPF lo que le corresponde es luchar para no llegar a ese modelo. Queremos que valga tanto la opinión de un fiscal como la de un jefe y después se puede imponer excepcionalmente la del jefe, pero en un primer momento vale tanto la de un profesional como la otra.

¿Influye en el trabajo diario tener a la cúpula de la institución reprobada por el Congreso?

El clima de trabajo de la fiscalía es de desánimo, de desolación.

Además de eso se han rebelado por la situación de dos fiscales de Cataluña que han sido apartados del caso 3% la práctica totalidad de los fiscales de Anticorrupción a través de una carta de protesta. ¿Es sostenible que el jefe, Manuel Moix, tenga a todos sus fiscales en contra?caso 3%

No sé si podemos decir que se han rebelado, tal vez no sea el término exacto, pero la forma en que Moix ha llegado a ejercer en sus primeros días no reflejan a una persona que haya ejercido con prudencia su cargo. Los temas de Anticorrupcion son muy sensibles, delicados, complicados y exigen que el mensaje a la ciudadanía sea inequívoco por parte de la Fiscalía, que la unidad de actuación sea estricta y sobre todo, exige confiar en los profesionales que llevan años estudiando estos asuntos y conociendo el trasfondo de los que acaban en los tribunales.

Habría que ser muy cauto para no llegar a un sitio donde hay gente trabajando desde hace muchos años y entrar de manera poco prudente al imponer tus criterios. Ahí si que se puede hacer una crítica de una falta de prudencia que ha aumentado la falta de credibilidad de la fiscalía y provocado que se cuestione de una forma tan seria nuestro trabajo.

No habrá rebeldía pero hay una carta de casi todo el equipo de Anticorrupción y dos fiscales del caso Lezo que invocaron el articulo 27 para que todos sus compañeros voten contra una orden del jefe, Manuel Moix, con la que no están de acuerdo. No es tan frecuente que se llegue a la situación de invocar el artículo 27 del Estatuto Fiscal.

No lo es. Nosotros solemos resolver nuestras discrepancias de otra manera. No esta mal que se invoque, ojalá se normalizase su uso. Las órdenes mas peligrosas para los fiscales son las que no hay que dar, cuando damos por supuesto algo porque entendemos que si no, no va a ser aceptado. Por lo tanto es bueno que haya ese artículo y que se invoque, lo que ocurre es que de esta forma tan convulsa... Es un articulo que nunca se había usado con anterioridad en la época de Salinas [el anterior fiscal jefe de Anticorrupción]. Eso quiere decir que había una sintonía entre quienes trabajaban y quien ejercía esa jefatura, y es como debe ser porque todos trabajaban en Anticorrupción. Esas asintonías nada mas llegar a una jefatura deberían haberse solucionado. Y que un fiscal de plantilla se atreva a invocar un articulo 27 ante un jefe recién llegado del que va a depender su futuro profesional quiere decir mucho.

Antes de que Moix sea nombrado, usted y otros miembros de la UPF avisaron al fiscal general de que tenían sospechas de que el candidato mejor colocado para Anticorrupción aparecía citado por un imputado en unas escuchas de un sumario. ¿Cómo se enteran de eso y cómo lo comunican a Maza?

Nos llega por tres sitios distintos y a varios miembros del consejo fiscal y del secretariado de la UPF desde algunos puntos de España. Eso nos da una idea de que la carrera conoce que hay unas escuchas donde sale malparado el nombre de Manuel Moix. Era un rumor y eso no quiere decir que conozcamos ni las escuchas ni nada que tenga que ver con la investigación. Es inaceptable que se haya tratado de trasladar la sospecha hacia nosotros.

Lo que hicimos fue recoger este rumor y no nos resultó nada fácil trasladárselo al fiscal general pero pensamos que eso podia favorecer a la Fiscalía. Dejamos la responsabilidad al fiscal general para que comprobase si era cierto y que pudiese tomar la decisión que considerase mejor valorando todos los elementos. Sabíamos que cuando se conociese que nosotros habíamos trasladado ese rumor la persona no iba a hacerse nuestro mejor amigo porque estábamos cuestionándolo e incluso podría pensar que lo hacíamos de manera insidiosa porque pudiera ser un rumor falso. Y sin embargo lo hicimos, asumimos ese riesgo por la institución, no teníamos interés asociativo por vetar a nadie.

Por eso cuando escuchamos esas criticas y que se haya cuestionado o dicho que conocemos filtraciones... Nosotros no conocemos nada, somos fiscales y velamos por que vaya bien nuestra carrera. No es una filtración, es un dato que sale de unas escuchas, nosotros no bajamos a ver las transcripciones, estaríamos locos si nos comportásemos así, por eso nos parece que se intenta dar la vuelta a la buena fe que tuvimos. Le trasladamos esto en una reunión institucional con el fiscal general tres miembros del Consejo Fiscal y el presidente de la UPF que soy yo. Se lo trasladamos con todas las preocupaciones, fue meditado, nos costó mucho y le trasladamos esta información. La gestión que hace el fiscal general él la ha explicado, no somos nosotros quienes debemos juzgarla.

Cuando le trasladan esas sospechas, ¿cómo reacciona?

Con sorpresa, lo hemos explicado mas de una vez, se sorprendió.

Pero ustedes ahora saben que Maza ya conocia la existencia de esas escuchas.

Sí. Ya lo sospechábamos, esto no es un juego de pillos, pero yo quiero pensar que quien es responsable de esas escuchas habrá informado al fiscal general del contenido de esas escuchas. Lo normal es que el fiscal general ya lo conociera.

Y que lo conociese Moix.

No sé si se lo transmite o no el fiscal general a Moix. Habría que preguntárselo a él. Hay alguna información que dice que se lo transmitió, pero yo no la tengo contrastada. Cuando habla con nosotros Maza muestra su sorpresa y mi impresión es que esta disimulando. Pero nos dice que es importante, nos agradece la lealtad institucional y nos dice qulo tendrá en cuenta.

Les agradece la lealtad institucional, luego nombra a Moix y por último les critica por hacer declaraciones publicas sobre lo que sospechaban.

Claro pero es que nosotros no desvelamos nada a los medios, se lo contamos a nuestro fiscal general, a quien se lo debemos contar y donde se lo debemos contar, como es nuestra obligación. El marco es importante y a quien se lo contamos, también: entre los fiscales hay una absoluta confianza para revelar entre nosotros datos de naturaleza reservada, sean los que sean. Los fiscales entre nosotros nos fiamos, por lo tanto se lo dijimos a quien debía saberlo. Y eso es encomiable, el que vea en esto algo reprochable es que no ha entendido nada de lo que ha ocurrido o que no lo ha querido entender.

¿Por qué, pese a esos antecedentes, se acaba nombrando a Moix?

Eso es algo que debe explicar el fiscal general. Es sorprendente porque se le nombra sabiendo que las escuchas existen, hubiera sido prudente sacrificar el nombramiento de una persona valiosa -y Moix lo es, es un buen profesional- por la imagen de la Fiscalía. Podía haberlo hecho, pero aun nombrándolo, podría haber dicho que en esta operación en la que él sale en las escuchas no debe ocuparse Moix. El propio Moix podría haber evitado participar en este caso porque la verdad es que si se ocupa, luego haga lo que haga o diga lo que diga, va a resultar quemado. Y sin embargo no se dieron esos mínimos de prudencia.

El nombramiento es una decisión discrecional del fiscal general, aunque es cierto que había fiscales más adecuados para Anticorrupción. Tiene la imprudencia de nombrarlo sabiendo de las repercusiones que podía tener porque se lo dijimos: 'Cuando esto salga a la luz, la credibilidad que es lo que nos importa a la fiscalía se va a ver en entredicho'. Porque es evidente que iba a acabar saliendo. Pero también es cuestionable que después el fiscal general no le diga que no se ocupe de esto y que el propio Moix no decida apartarse de este caso. Entonces la sombra de duda podría irse deshaciendo. Pero es que todo lo que se hace es discutible, a la luz de lo que vamos conociendo, solo se puede ver de una manera.

Moix no solo no se aparta sino que adquiere un gran protagonismo en el caso y se muestra muy intervencionista con los fiscales que llevan el sumario Lezo.

Sí. Se trata de un intervencionismo que no había ocurrido nunca en la Fiscalía Anticorrupción. Esos serian los términos exactos para explicarlo. Mis compañeros de Anticorrupción no están acostumbrados y no había sucedido que un jefe impusiese sus órdenes así, cuando lo razonable es que esa fiscalía especial tenga un funcionamiento basado en la confianza absoluta en los profesionales. Antes se hablaba, se discutía, se visaba, pero no se imponían así las decisiones. Y ahora sí.

Estamos hablando de algo más que de unas decisiones polémicas en el caso Lezo. ¿Se trata de imponer una Fiscalía más jerarquizada?

Bueno, si uno lee el proyecto de Fiscalía de Manuel Moix que está publicado y que defiende, legítimamente porque él cree debe hacerlo, él propone un modelo mucho mas jerárquico y de orden. Nosotros lo criticamos, creemos que ese no es el camino, por eso es criticable no solo el nombramiento, también el desarrollo de su actuación posterior.

Hay una permanente reclamación de que los fiscales asuman la instrucción de los casos ahora en manos de los jueces igual que sucede en otros modelos de Justicia. Visto lo de las últimas semanas, habrá quien diga ahora que casi mejor que investiguen los jueces, si los fiscales no van a tener independencia.

Es que esto lo ha contaminado todo. Y lo ha hecho de tal manera que no podemos ver un modelo futuro con los ojos con los que estamos viendo lo de ahora. Y frente a ese modelo futuro, si llega a formularse, esto nos ha alertado de los riesgos, nos ha hecho ver que con este estatuto no será posible, hacen falta mas garantías para los fiscales. Asumir la instrucción tal y como estamos ahora es inviable. Pero de otro modo sí podríamos y esto debe servir para cambiar el modelo.

¿Hacia donde deben ir los cambios en el Estatuto que rige el funcionamiento de la Fiscalía?

La Constitución dice que el fiscal general lo nombra el Ejecutivo y es difícil cambiar la Constitución, pero todo el resto del funcionamiento jerárquico en que se organiza ahora la Fiscalía lo rige una ley ordinaria, no se precisa más que mayoría para cambiarla. El fiscal general que nombra el Ejecutivo tiene una dirección genérica de la política criminal pero a partir de ahí hay una estructura de una carrera profesional que es el contrapeso a las decisiones del fiscal general que no tiene por qué mandar en todo. Ahora sí, puede hacer lo que quiera, interviniendo en cualquier procedimiento. Puede nombrar a quien quiera, cumpliendo una serie de requisitos con una antigüedad mínima de 10, 15 años, tiene unas facultades extraordinarias. Debemos ir a que la mayoría de facultades correspondan a la carrera o establecer otro tipo de contrapesos, El poder absoluto necesita equilibrios y es necesario instaurarlos en la Fiscalía. Nos encontramos con que tenemos toda una estructura democrática de organización de poderes salvo la Fiscalía y eso no lo podemos tolerar.

¿Maza ha aceptado que se le impusiesen fiscales para puestos clave que no quiso permitir su antecesora, Consuelo Madrigal?

No lo sé, pero esta claro que Maza llega a la carrera fiscal sin conocer la carrera fiscal. Alguien le habrá susurrado qué nombres sí y qué nombres no.

¿Alguien es el Gobierno?

No sé si el Gobierno o su círculo de amigos. Él no tenia criterio, y lo digo en el sentido propio del término, para decir quién sí y quién no porque no conocía la carrera ni los problemas de la carrera. Y eso lo manifiesta él mismo a los pocos días de ser nombrado. Él no era una persona ni implicada ni conocedora de la carrera fiscal cuando era juez del Supremo.

¿El nombramiento de Moix se lo propuso el Gobierno a Madrigal?

No lo se, tendría que ser ella quien diga sí o no.

Tres miembros del Consejo Fiscal adscritos a la UPF pidieron remover a Moix e incluso la dimisión del fiscal general y la mayoría del Consejo votó en contra. Desde entonces se han sucedido las criticas a la UPF incluso desde dirigentes del PP: les acusan de actuar por intereses corporativos o de ser el altavoz del PSOE.

A mí me gustaría saber qué ha hecho mal la UPF, no hemos hablado de economía, ni de paro, ni de organización del Estado. Hemos hablado de la Fiscalía, de lo que conocemos y sabemos. ¿Que esto tiene repercusiones políticas? Naturalmente. ¿Que lo que nosotros decimos luego ha sido utilizado en el Parlamento? Pues naturalmente. Nuestra queja puede ser utilizada, lo que no tiene sentido es criticar a la asociación por hacer su trabajo. Tampoco se entiende muy bien por qué el ministro de Justicia o el partido en el Gobierno deben alinearse con determinadas decisiones que se supone que son autónomas. Que asuma la responsabilidad quien las ha tomado, que no vaya todo el mundo en masa a defenderlas si son decisiones autónomas.

¿Quién es el responsable de que Moix y Maza sigan en sus puestos tras ser reprobados por el Congreso?

Yo creo que ellos mismos. El fiscal general sí puede remover al jefe de Anticorrupción, puede hacerlo, pero yo creo que cada uno en su análisis personal de lo que una promoción personal significa para sí mismo y de las consecuencias que eso tiene para la carrera, habrá hecho su balance y habrá tomado su decisión. Moix ha pensado que para la carrera fiscal y para él mismo es mejor seguir en el puesto. Otros tal vez hubiéramos pensado otras cosas.

El fiscal general ha dicho que ser reprobado por el Congreso es un síntoma de independencia.

Yo creo que eso es una tesis muy difícil de sostener. En la elección del fiscal general interviene el Parlamento, que tiene que oír al fiscal general del Estado y se le hacen preguntas. Él compareció en una comisión parlamentaria y él hizo alarde de que se iba a someter al Parlamento. Lo dijo al ser nombrado y ahora el Parlamento le ha dicho otra cosa. Reprobar a alguien es una crítica muy dura y debería obligar al reprobado a pensar mucho si lo está haciendo bien o mal y sobre todo en lo que significa para la Fiscalía.

Antes de que estallase todo esto, la institución tenia problemas que siguen ahí. La Justicia sin papel no funciona y la reforma del articulo 324 para acortar los plazos de la instrucción de los sumarios a seis meses ha sido un fiasco, que ha obligado a calificar la mayoría de las causas como complejas para seguir investigándolas.

Ahora parece que la reforma del artículo 324 no es importante o que la gestión de toda la documentación en los juzgados son aspectos menores pero forma parte de nuestro día a día. La gestión digital de la documentación es muy relevante porque los procedimientos crecen y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición disminuyen. Si yo tengo que sacar 100 procedimientos y tengo uno importante, verdaderamente relevante, puedo acabar priorizando los pequeños casos, la delincuencia bagatela. Y en el fondo los procedimientos que importan a la sociedad corren el riesgo de ser apartados porque la vorágine de papel que nos invade nos impide gestionar racionalmente todo eso.

La reforma del articulo 324 es una dispersión, y el pretendido papel cero es un desconocimiento absoluto de cómo funciona una fiscalía y de cómo se mueve la información en el siglo XXI. La idea del ministerio es digitalizar, hacer un pdf de 1.000 paginas que se consulte en el ordenador, no un expediente digital electrónico que traslade la información y no papeles uno encima del otro. El papel es del siglo XIX lo pongas en digital o lo pongas en otro sitio y la información circula de otra manera en cualquiera de los dispositivos que tenemos.

La reforma del articulo 324 tenía como objetivo acortar los plazos de la instrucción para que no superasen los seis meses y su fracaso derivó en que al final en el último minuto hubo que declarar miles de causas complejas para impedir que se cerrasen todas esas investigaciones por los plazos.

Y se veía venir porque la redacción del articulo 324 es una chapuza. Todavía no nos ponemos de acuerdo nadie en lo que quiere decir ese artículo. Y además genera unas obligaciones inauditas para nosotros, los fiscales, y parece que le retira parte de las responsabilidades al juez de instrucción. Aunque ninguna de las dos cosas sea verdad porque toda la estructura de la política criminal sigue intacta. Tenemos una mala concepción, una ley mal hecha y una mala interpretación por parte de la Fiscalía General en la circular que remitió.

¿Cómo se sale de ese atolladero? Que nadie se crea que el problema acabó el 6 de junio [cuando venció el primero de los plazos]. Al revés, cada seis meses hay que controlar la causa para que no caduque. Y sin una compatibilidad absoluta entre el juzgado y la Fiscalía, el fiscal no es dueño del procedimiento, así que no es posible. Y el que diga que es posible no ha estado nunca en la Fiscalía. Entonces o cambia el modelo y el fiscal es el responsable del procedimiento y se le pueden exigir plazos o con el modelo que hay no se puede exigir plazos y vamos a estar haciendo chapuzas hasta que nos dejen o hasta que alguien derogue el articulo 324 o diga que ese plazo de seis meses es impropio y que no se puede cumplir, que no pasaría nada porque no tiene consecuencias procesales.

O hasta que caduque algún procedimiento que genere alarma social y haya una reacción política.

De hecho ya está habiendo archivos, lo que pasa es que no trascienden a la opinión publica normalmente. Hay un goteo de archivos que quizá de otra manera pudieran dar lugar a un proceso penal. El hecho de que aquí solo manejemos determinadas estadísticas puntuales no invalida la percepción que tenemos los profesionales de que el transcurso del plazo hace daño al resultado de la investigación y del proceso.

Sería muy grave que hechos que merecen reproche penal no vayan a juicio por una serie de problemas de burocracia.

Claro, la prioridad debería ser siempre el fin legítimo del proceso: ir a un juicio donde las pruebas sean suficientes para enjuiciar a una persona y en su caso condenarla. Si tú no puedes llegar a juicio con esas pruebas es mejor que no vayas y si todo esto se produce porque alguien ha tenido una mala idea procesal como es el caso, el responsable es esa persona, por muchas chapuzas que intentemos hacer los demás para intentar arreglarlo. Se solucionará un caso, dos, o cien, pero no podremos arreglarlos todos y siempre vamos a cometer injusticias para las víctimas o para los perjudicados, porque es inabarcable ese control.