El bloqueo impuesto por el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que arrancó con Pablo Casado y se consagró con Alberto Núñez Feijóo, va camino de perpetuar una década inédita de mayoría conservadora. El candidato del Partido Popular, que en campaña prometió una reforma que blindaría las mayorías conservadoras en este organismo, se refirió a este asunto en los últimos días de carrera electoral para denunciar algo inexistente: un supuesto “control” del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre un organismo que arrastra un lustro en funciones con una mayoría de vocales nombrados a propuesta del PP cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta. Un sector conservador 'bunkerizado' en el organismo y constituyendo una extensión del propio PP que, aunque no tenga opciones de gobernar, sigue teniendo en su mano perpetuar el bloqueo.
La historia sobre el bloqueo del CGPJ arrancó con Pablo Casado y lo hizo, precisamente, con una conjugación del verbo “controlar”. A finales de 2018 el mandato del actual Consejo, nombrado en 2013 con una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, tocaba a su fin y PP y PSOE intentaban alcanzar un acuerdo para la renovación. Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y cara visible del juicio al procés, era claro candidato a presidente pero todo se truncó cuando trascendieron las felicitaciones internas del PP sobre el trato: “Controlando la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido una jugada estupenda”, presumía Ignacio Cosidó, entonces portavoz del partido en el Senado, a través de un mensaje de wasap que envió en un grupo de senadores.
El acuerdo saltó por los aires y el PP, que hoy denuncia un “control” inexistente e imposible del Gobierno sobre el CGPJ, se lanzó a un bloqueo que Casado mantuvo hasta su último día como presidente del partido y que prolongó Feijóo una vez defenestrado su predecesor. Primero, al exigir que sean los jueces los que elijan directamente a una parte del CGPJ y, después, añadiendo que una reforma en este sentido se haga antes de cualquier renovación, al contrario de lo que pide Europa. Entre medias, el PP cortó las negociaciones esgrimiendo como excusa la derogación del delito de sedición.
El resultado son cinco años de mayoría conservadora y casi cinco más de bonus gracias al bloqueo del PP que, en contra de lo que afirmó Feijóo delante de decenas de fieles en Alicante, no da margen a ningún “control” o ascendencia del ejecutivo actual sobre el CGPJ. Al contrario, en el último año una porción del sector conservador del Consejo se ha convertido en correa de transmisión de la oposición política del PP, exprimiendo al máximo su poder para oponerse activamente a reformas legales, difundir datos incompletos de las rebajas de condenas de violadores o, incluso, bloquear durante tres meses la renovación de parte del Tribunal Constitucional.
Nombramientos e informes
En Alicante, Feijóo se hizo una pregunta con el verbo controlar: “Si controlas el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo va a actuar el Consejo con independencia para dictar sentencias conforme a las leyes que se aprueban en las cámaras?”. Dejando a un lado que el CGPJ no dicta sentencias ni celebra juicios, el órgano de gobierno de los jueces sí tiene funciones esenciales: nombrar magistrados en el Tribunal Supremo y tribunales territoriales, informar sobre leyes clave del Gobierno y, entre muchas otras, renovar a dos integrantes del Tribunal Constitucional.
El actual Consejo pasó más de dos años haciendo nombramientos en funciones hasta que el ejecutivo se lo impidió por ley. Para entonces habían designado a 74 magistrados en las altas instancias judiciales del país, 21 de ellos en el Tribunal Supremo que pueden seguir en el puesto hasta que cumplan los 72 años y se jubilen. Una parte de ese sector conservador también decidió ir más allá de sus funciones y rechazar que Dolores Delgado pudiera ser fiscal general o criticando que su sucesor, Álvaro García Ortiz, participara en una mesa redonda sobre sostenibilidad en 2019 organizada por una fundación del PSOE siendo fiscal delegado de medio ambiente. Varios de esos vocales acaban de participar en la elaboración de un libro del grupo del PP en el Parlamento Europeo sobre independencia judicial.
Dirigirse por escrito a Europa para quejarse de las reformas del Gobierno, reunirse con representantes del Parlamento Europeo a espaldas del resto de vocales para criticar leyes o poner en marcha un recuento para actualizar la cifra de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, son algunas de las acciones de un Consejo que, según Feijóo, está bajo el “control” del actual ejecutivo. Actualizaciones estas últimas que siguen a pesar de que la última añadió 28 revisiones y dos excarcelaciones con respecto a la anterior.
El “control” del Constitucional
A lo largo de su discurso, Feijóo también se refirió al Tribunal Constitucional. “Si controlas el Tribunal Constitucional, ¿Cómo va a controlar la constitucionalidad de las leyes?”. Pasando por alto una dialéctica de doble cara en la que los partidos progresistas renuevan tribunales para controlarlos y los partidos conservadores lo hacen de forma inocente, la pregunta de Alberto Núñez Feijóo se podía contestar con un rápido vistazo a la hemeroteca reciente. El mismo sector del CGPJ que sirve de correa de transmisión de la oposición política del PP bloqueó durante tres meses la renovación parcial del Constitucional que instauró una mayoría progresista después de más de una década de dominio conservador.
Vocales conservadores, cuyo mandato había sido prolongado por el bloqueo del PP, prolongaban a su vez la mayoría conservadora del Constitucional con un bloqueo subsidiario. Había llegado el turno de renovar a un tercio del tribunal de garantías, con dos nombramientos a cargo del Gobierno y otros dos por cuenta del CGPJ. Los vocales conservadores solo cumplieron con su obligación con varios meses de retraso cuando consiguieron que los progresistas cambiaran de candidato: de José Manuel Bandrés a María Luisa Segoviano.
Por el camino, y mientras ese “control” que ahora atribuye al Gobierno fuera, con ese razonamiento, atribuible al PP con una mayoría conservadora, quedaron algunos de los episodios menos edificantes de la historia interna del tribunal de garantías: sobre todo la crisis sobre su propia reforma en la que la mayoría conservadora del Constitucional amordazó al Parlamento e impidió, de forma inédita, votar su propia reforma.
Fueron varias presidencias conservadoras las que olvidaron en un cajón durante más de una década el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 que, finalmente ya este año, ha sido rechazado. O las que dieron la razón sistemáticamente a Vox en sus demandas contra los sucesivos estados de alarma del ejecutivo central.
Las reformas judiciales de Feijóo
El “control” de organismos judiciales o relacionados con la Justicia es, por tanto, un verbo que el PP solo conjuga en público para acusar a otros partidos incluso después de un lustro de bloqueo por su parte a renovar el CGPJ. Y la “despolitización” de la Justicia, que con estos mimbres Alberto Núñez Feijóo también atribuye al ejecutivo central, formaba parte de sus promesas electorales de cara al 23 de julio.
Que los jueces “elijan a los jueces” es una frase que se repite muy a menudo a la hora de debatir el modelo de renovación del CGPJ y parte de una premisa errónea. Los jueces, en todo caso, elegirán a los vocales que formarán parte de un Consejo que, compuesto por magistrados y otros juristas, eligen a la cúpula de una judicatura que accede al puesto por oposición. Permitir que “los jueces elijan a los jueces” en toda su extensión implicaría convertir la judicatura en un compartimento estanco sin acceso por oposición y sin más intervención que los propios jueces.
En su programa, el partido de Alberto Núñez Feijóo volvía a acusar al ejecutivo central de un “control” sobre la Justicia que no detalla, propone librar a los jueces de unas “injerencias” que tampoco especifica y que los jueces no reconocen: el 99%, según una encuesta de 2020, afirma que es “totalmente independiente” a la hora de tomar decisiones. El PP promete reformar la normativa del CGPJ: para que pueda volver a hacer nombramientos estando en funciones y para que 12 vocales de procedencia judicial sean nombrados por “jueces y magistrados”.
En la actualidad, los 20 vocales que componen el pleno del CGPJ son nombrados a propuesta del Congreso y el Senado: 12 de ellos son jueces y el resto juristas de “reconocida competencia”. Pero el primer filtro para elegir a esos 12 magistrados no son los partidos políticos sino las asociaciones y la judicatura en general: la terna que llega a las cámaras viene con candidatos avalados por las asociaciones o por “miembros en activo de la carrera judicial”.
La asociación mayoritaria y conservadora es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que aglutina a un 25% de la carrera judicial, por delante del casi 16% que corresponde a la Asociación Francisco de Vitoria. Y un vistazo a los nombres de la última renovación de hace una década confirma que tanto los propuestos por la APM como los avalados por la carrera sin asociar responden a los perfiles encumbrados por el PP al Consejo en la última renovación: de los siete vocales de procedencia judicial nombrados a propuesta del partido que entonces presidía Mariano Rajoy, una llegó con los avales de la asociación conservadora y el resto de miembros no asociados de la carrera.
Un tercio del Supremo por renovar
Un modelo con más protagonismo de la judicatura, sin que por el momento se haya especificado qué papel cumplirían las asociaciones, no pondría en peligro la llegada de vocales bien vistos por el PP. Mientras tanto, devolver la capacidad de hacer nombramientos al Consejo actual, con una mayoría conservadora acentuada tras la salida de una de las vocales progresistas, implicaría dejar más de 20 puestos en el Tribunal Supremo en sus manos, más de un 30% de la plantilla del alto tribunal según los últimos cálculos disponibles.
Esta reforma prometida por el PP cumple a medias con lo exigido desde hace meses por el Consejo de Europa. En diversas visitas y alocuciones, el comisario europeo de Justicia ha pedido que el CGPJ sea inmediatamente renovado y que, una vez puesto en marcha el nuevo mandato con el sistema actual, se proceda a una reforma que otorgue más peso a los miembros de la judicatura para elegir a los vocales. No al revés como propone el partido de Feijóo.
Las denuncias de “control” hacia la situación actual de la Justicia actual y de su órgano de gobierno, por tanto, no se corresponde con una realidad y sí encaja más con la ascendencia de los sectores conservadores procedentes, en última instancia, de vocales aupados por el propio PP. Un hipotético gobierno del partido de Feijóo y la posibilidad de imponer su mayoría en la próxima renovación del CGPJ pondrá a prueba sus intenciones: es una reforma que el Congreso ya tumbó dos veces y que, además, ya fue prometida en falso en el pasado por el partido de Núñez Feijóo.
Lo hizo en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con una mayoría absoluta que le daba total libertad para legislar sin tirar de ninguna aritmética parlamentaria o geometría variable. “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”, dijo entonces su programa. Esa modificación nunca se produjo.
En estos momentos los resultados electorales hacen posible pero muy improbable una posible investidura exitosa de Alberto Núñez Feijóo, pero si Pedro Sánchez revalida la presidencia tampoco queda garantizado el final del bloqueo a la renovación del Consejo. Los números seguirían sin darle al ejecutivo para renovar el organismo sin el apoyo del Partido Popular. Si el ejecutivo de coalición se mantiene en la Moncloa, por tanto, Feijóo seguirá teniendo en su mano mantener el bloqueo después de casi cinco años con el mandato caducado.
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