Los graves ataques de esta semana a Irene Montero fueron el último episodio, pero la historia viene de mucho más atrás. Todo parte del diagnóstico que la derecha política y mediática hicieron de la coalición de izquierdas desde el mismo día en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron su acuerdo en diciembre de 2019: se trataba de un gobierno ilegítimo, por el apoyo que las fuerzas independentistas dieron en la sesión de investidura. A partir de ese diagnóstico, tanto el Partido Popular como Vox trazaron una estrategia coherente: no dar ni agua al Ejecutivo de coalición ni en las peores circunstancias posibles –primero una pandemia y luego la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania y la guerra– y combatir a lo que llaman “el sanchismo” desde todos los flancos posibles. Ni pactos de Estado, ni renovación de las instituciones, ni nada que pueda revestir de credibilidad a un Gobierno que, paradójicamente, aprueba leyes y Presupuestos con las mayorías más holgadas de los últimos 15 años, que ni Mariano Rajoy ni José Luis Rodríguez Zapatero llegaron a soñar.
A esa estrategia de no reconocer al Gobierno, se une la entrada de la extrema derecha en las instituciones. El decoro parlamentario desapareció del todo con la llegada de Vox al Congreso. El partido de Santiago Abascal dejó claro al entrar en el hemiciclo su propósito de enfangar la política, también desde dentro de las instituciones. La sesión de constitución de las Cortes en mayo de 2019 marcó el rumbo de lo que han sido los tres años de ruido, descalificaciones personales y ataques varios que han sumido la política española en un clima irrespirable.
El debate de los Presupuestos, con los graves insultos machistas a la ministra de Igualdad deja una conclusión en las bancadas que sustentan al Gobierno: se han cruzado todas las líneas rojas. Y señalan a dos culpables: Vox, que es el que en esta ocasión ha proferido los agravios, pero también el PP, por haber avalado ese caldo de cultivo con discursos que compiten por el mismo electorado. Los socios de la coalición comparten el temor a que ese ambiente se traslade a la calle. “Uno puede pensar que va a venir un loco y a atacar a alguno de nosotros”, reflexiona un dirigente socialista, que se declara espeluznado no solo por el ataque a la titular de Igualdad sino también por el discurso y la actitud desafiantes que protagonizó al día siguiente el diputado Víctor Sánchez del Real, que mantuvo un mensaje incendiario en el cierre de la discusión presupuestaria.
“No podemos achantarnos aquí porque sabemos lo que pasa a nuestra gente fuera”, expresaba el jueves un parlamentario del grupo confederal en el Congreso, que vivió con cierto temor cómo desde los escaños increpaban a Montero durante el debate presupuestario de la sección correspondiente al Ministerio de Igualdad. Fue la propia ministra la que pidió la palabra para denunciar la “violencia política” que sufren ella y otras compañeras en el Parlamento. Lejos de disculparse o mostrar arrepentimiento, el partido de Santiago Abascal se ha reafirmado y ha acusado al Gobierno de tener “la piel fina”. “Carla Toscano no lloró porque tiene más hombría y valentía que toda la Mesa del Congreso y todos los diputados 'zurdos'”, dijo el parlamentario ultraderechista Sánchez del Real la víspera del día contra la violencia machista.
En los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno hay malestar con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que reclaman que actúe para frenar a la extrema derecha. “Insto a la Mesa a que se haga valer. Aquí hay agresores y hay agredidos, sobre todo agredidas. Ya basta”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Su homólogo del PNV, Aitor Esteban, se pronunció en términos similares al exigirle que haga “su trabajo”. Incluso algunos socialistas admiten, en privado, que la situación “se ha ido de las manos”. Del otro lado, sin embargo, se defienden recordando que Unidas Podemos definió los escraches como “jarabe democrático”.
Pataleos y golpes en la composición de las Cortes
De nada han servido los llamamientos que Batet ha hecho en público y en privado a los portavoces para rebajar el tono a lo largo de la legislatura. Y ese es otro de los reproches que llegan de las bancadas progresistas, que se equiparen los ataques de la extrema derecha e incluso del PP con la actitud del resto de grupos.
Los diputados de Vox entraron por primera vez en el Congreso dispuestos a dar la nota en mayo de 2019, cuando en la sesión de constitución de las Cortes ya ocuparon el espacio que tradicionalmente corresponde al PSOE, y después se dedicaron a patalear y dar golpes en los escaños cada vez que había un acatamiento de la Constitución en un idioma distinto al castellano.
El insulto como arma política
La repetición de las elecciones generales llevó a la extrema derecha a duplicar su presencia en el hemiciclo. Y Pablo Casado decidió intentar contrarrestar ese auge arrastrando a su partido a posiciones extremistas. Un hito fue el Pleno de investidura en enero de 2020 en el que el entonces líder del PP llamó “sociópata” a Sánchez. No era la primera vez que insultaba a su oponente. En una mañana de febrero, en 2019, Casado había llamado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” y “okupa”.
El ruido fue abrumador en aquella sesión de investidura, la que las bancadas de la derecha profirieron gritos de “asesinos” y “fuera” durante la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Fue solo una muestra de lo que sería el resto de la legislatura. Las agresiones verbales no se limitan solo a los partidos del Gobierno sino también a las fuerzas aliadas, especialmente ERC, a las que habitualmente se tachan de “golpistas”.
Desde el inicio, tanto PP como Vox han cuestionado la legitimidad del Gobierno de coalición y, a la peor pandemia mundial en un siglo, añadieron crispación política. Además de oponerse a las prórrogas del estado de alarma, promovieron manifestaciones contra el Gobierno, al que culpaban de las muertes por coronavirus que estaban asolando al mundo entero y también de ocultar las cifras.
El partido de Santiago Abascal llegó a presentar una moción de censura en octubre de 2020, cuando ni siquiera había comenzado la vacunación, contra el bipartito bajo el pretexto de que era “un Gobierno ilegítimo”. “Son el fraude y la ruina”, decía la extrema derecha. Ese debate lo intentó usar Casado para escenificar una ruptura imposible con Abascal (que sustentaba a gobiernos del PP en Murcia, Andalucía y Madrid), y al tiempo el entonces jefe de la oposición también había acusado al Ejecutivo de tener una “deriva dictatorial” en línea con el líder de Vox, que había hablado de “dictadura delegada”.
La crispación se eleva habitualmente cuando la coalición logra hitos importantes, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En 2020, el PP dijo que estaban “manchados de sangre”. Esta semana el bulo utilizado ha sido el de la supuesta salida de la Guardia Civil de Navarra después de que se haya pactado la transferencia de la competencia de tráfico al Gobierno foral, algo que ya estaba negociado y que había sido un compromiso de José María Aznar en el año 2000.
Un momento clave en el que la derecha puso toda la carne en el asador contra el Gobierno fue la aprobación de la reforma laboral. La votación se salvó por el error del diputado conservador Alberto Casero, pero pretendían tumbarla gracias a los parlamentarios tránsfugas de UPN. El plan frustrado llevó a Casado a llamar “prevaricadora” a Batet por impedir que Casero votara de nuevo. Fuentes del PP reconocieron a elDiario.es meses más tarde que se trataba de una operación para hacer caer el Gobierno, puesto que disponían de información de lo que iban a hacer los tránsfugas y la certeza de que Yolanda Díaz dimitiría si no sacaba adelante su principal compromiso de la legislatura. El error del diputado del PP, que su partido trató de pelear en los tribunales, salvó al Ejecutivo de Sánchez, después de un clamoroso fallo de cálculo de los negociadores.
Los insultos han sido la tónica en las bancadas de la derecha estos años. Uno de los principales objetivos fue el exvicepresidente Pablo Iglesias, a quien la conservadora Cayetana Álvarez de Toledo llamó “hijo de terrorista”, entre la larga lista de descalificaciones e insultos que le dedicaba la bancada popular.
Las mujeres han estado especialmente en la diana, como se vio esta semana con el ataque a la ministra de Igualdad cuando una diputada de Vox dijo que su “único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. A pesar de que el PP lo criticó, otras dirigentes de ese partido habían atacado previamente a la dirigente de Unidas Podemos por su vida personal: “¿De mujer a mujer, señora ministra, siente vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa?”, le preguntó una senadora en una sesión de control.
Montero no es la única. “Bruja”, fue el insulto que recibió la diputada socialista Laura Berja al defender la reforma del aborto de boca del parlamentario de Vox José María Sánchez García, que acabó expulsado del Pleno en medio de una enorme bronca. Aquel día se vivió otro episodio inédito cuando la entonces secretaria general de ese grupo parlamentario, Macarena Olona se encaró con una periodista que le preguntó por lo sucedido. “¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso llamándome fascista, a esta distancia, con riesgo de agresión?”, le espetó, para a continuación insistir: “Quiero una respuesta: ¿sí o no?”.
La XIV Legislatura quedará en los diarios de sesiones como una de las más broncas de la democracia y en la que se sobrepasaron todos los límites del decoro parlamentario. Mientras tanto, el Gobierno pisa el acelerador para culminar la agenda legislativa que le permita presentarse a las elecciones con una completa hoja de servicios y con el convencimiento de que los ataques de la derecha son pegamento para la coalición.
Coherente con el diagnóstico del gobierno ilegítimo, el Partido Popular ha decidido bloquear las instituciones: desde el Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y antes el Defensor del Pueblo y TVE. Tras la voladura de las negociaciones con la excusa de la reforma del delito de sedición, el órgano de gobierno de los jueces seguirá en funciones, una situación en la que lleva casi cuatro años por el bloqueo, primero, de Casado, y después de Feijóo, sometido a la presión de la derecha mediática y también dentro de su propio partido mientras Ciudadanos y Vox empujan hacia otra moción de censura que él rehúye. Como la foto de Colón, donde empezó todo en 2019, y que los de Abascal tratan de reeditar este domingo, ya sin dirigentes del PP en el escenario. Y con Ciudadanos fuera de combate.