No ha pasado en casi ningún otro país europeo durante la peor pandemia del último siglo. En el año en el que fallecieron más de 50.000 españoles por culpa de la COVID-19, las derechas de Partido Popular y Vox decidieron hacer política con las víctimas del coronavirus y azuzaron la crispación política como principal estrategia de oposición al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Todo en medio de una lucha feroz por el electorado más a la derecha. Las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal, que en 2019 llegaron a acuerdos para gobernar comunidades y ayuntamientos, a la vez mantienen una despiadada batalla por un mismo electorado que tratan de persuadir con ataques sin tregua al Gobierno, al que llaman “social comunista”, “filoetarra” y acusan de pactar unos “presupuestos manchados de sangre”.
La emergencia sanitaria agravó esa deriva de PP y Vox, que desde el primer momento tachó de ilegítimo al Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. La extrema derecha llegó a presentar en octubre una moción de censura en mitad de la crisis sanitaria contra el presidente del Gobierno, al que lanzaron todo tipo de insultos y descalificaciones utilizando incluso al rey como pretexto. La iniciativa fracasó, Abascal se quedó solo en el hemiciclo con los votos de 52 diputados y no solo no contó con la abstención del PP, sino que recibió una durísima tunda dialéctica de Pablo Casado, en lo que el líder del PP trató de vender como su ruptura con la extrema derecha, con la que sin embargo mantiene pactos en Madrid, Murcia y Andalucía.
Casado y los suyos no apoyaron la moción pero tampoco quisieron colaborar en la gestión de la pandemia del Ejecutivo, negándose a respaldar cuatro prórrogas del estado de alarma, incluida la última, solicitada por el Gobierno en octubre y por un periodo de seis meses.
Entre sus argumentos para evitar apoyarlas, el PP alegó un supuesto autoritarismo del Gobierno, habló de “deriva dictatorial” y el propio Casado, parafraseando al exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, llegó a asegurar en el Congreso que el Ejecutivo buscaba instaurar una “dictadura constitucional”. Recientemente, Casado se equiparó a los líderes opositores de países como Venezuela o Cuba. “Tenemos que defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España”, dijo, a principios de diciembre.
Toda esa supuesta merma de libertades encontraba explicación en el PP en la declaración del estado de alarma, similar al que rigió en otros países europeos. Casado dijo tener un plan jurídico para combatir el virus sin medidas de excepción. Cuando llegó al Congreso no recibió un solo voto que no fuera del PP y fue durísimamente criticado incluso por Vox y Ciudadanos. De aquella estrategia alternativa al estado de alarma que los populares calificaban de dictatorial nunca más se supo.
Los populares insistieron pese a ello en denunciar los supuestos “ataques” perpetrados desde Moncloa, contra el rey, la Constitución o el Poder Judicial, que los propios populares mantienen bloqueado desde hace dos años. Esa es otra de las tácticas de oposición del PP: bloquear las instituciones mientras acusa al Gobierno de intentar tomarlas por la fuerza. Además del Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde 2018, también el Tribunal Constitucional está en situación de interinidad. En ambas instituciones se mantienen las proporciones derivadas de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011.
La estrategia seguida por PP y Vox en los últimos doce meses es muy similar a la que mantuvieron la derecha, la extrema derecha, la Conferencia Episcopal y las terminales mediáticas de todos ellos durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Las derechas han vuelto a salir a las calles a reclamar la dimisión del Gobierno respaldado por una mayoría parlamentaria que se ha ido ensanchando a lo largo del año, que se reforzó con la aprobación de los Presupuestos –esos que según el diputado del PP José Ángel Alonso “están manchados de sangre”, por el apoyo de EH Bildu– y que se vio aún más fortalecida en el último Pleno del año, con la aprobación de la Ley de Eutanasia, un hito histórico que reguló la muerte digna por primera vez en España, con el voto en contra solo de PP, Vox y UPN.
En contra de la eutanasia, de la nueva ley educativa, de las restricciones de la pandemia e incluso, recientemente, ante el plan de vacunación de la COVID-19, las derechas han recurrido a la descalificación y al insulto contra una izquierda que consideran “incapaz” de gobernar el país.
La patrimonialización de los símbolos
PP y Vox llenaron de crispación las sesiones plenarias del Congreso, en las que sus diputados gritaron y trataron de interrumpir cada una de las intervenciones de los miembros del Ejecutivo, y se parapetaron –la palabra que más ha repetido Casado en los últimos meses para denunciar la “irresponsabilidad” de Sánchez– para ello en símbolos supuestamente comunes, tratando de apropiarse así de la bandera española que agitan en cada movilización o piden sacar a los balcones para mostrar el rechazo al Gobierno, la Constitución y hasta el rey, que optó por guardar silencio ante el intento de las derechas de patrimonializar su figura mientras la opinión pública conocía las supuestas corruptelas de su padre, Juan Carlos I, sobre las que también calló en su única intervención pública ante el país, en la pasada Nochebuena.
Nada más comenzar el 2020, el 3 de enero, el PP ya dijo que el Gobierno que se proponía a formar Sánchez tras ganar sus segundas generales consecutivas, el 10 de noviembre de 2019, iba a ser un Ejecutivo “contra la Constitución”. Así lo aseguró la entonces portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que, meses después, en agosto, iba a ser cesada de su cargo por Casado con el fin de aparentar un giro a la moderación que nunca se trasladó a la práctica ni en los argumentarios ni en los mensajes del PP. Ahora Álvarez de Toledo ejerce como un elemento de oposición interna a Casado, criticando a su máximo líder desde su propio canal de Youtube.
Una de las razones por las que fue apartada Álvarez de Toledo también tuvo que ver con la estrategia de la crispación mantenida por los populares, y de la que ella fue una de sus máximas exponentes: a finales de mayo, la también diputada por Barcelona utilizó una interpelación al vicepresidente Pablo Iglesias para llamarle “hijo de un terrorista”. La acusación fue demasiado para Casado, que la cesó tres meses después, tras negarse a pagar las costas del recurso que interpuso ella ante el Tribunal Constitucional para que la acusación se incorporara al diario de sesiones, frente a la decisión de retirarla de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
A pesar de ello, Casado tampoco escatimó en descalificativos contra miembros del Ejecutivo durante el 2020. En el debate de la investidura de Sánchez, el 4 de enero, el líder del PP tildaba a Sánchez de “sociópata” o “presidente 'fake'”. “Su trayectoria política es un grotesco reflejo, con una opinión distinta dependiendo de un sociópata interés personal”, le dijo, antes de advertirle de que el Ejecutivo progresista “será su epitafio político. No le saldrá gratis. Ha perdido la dignidad de liderar un partido constitucionalista y la decencia de no mentir”, añadió.
ETA, Venezuela, un supuesto “anticlericalismo” y, sobre todo, el insistente 'España se rompe' fueron algunos de los mantras habituales de las derechas que fueron azuzados por los líderes de PP y Vox contra la izquierda desde aquella primera sesión del debate de investidura –en la que confiaron en una suerte de 'tamayazo' que desbaratara los planes de la izquierda– y hasta el final de año. En la batalla por quién pronunciaba el discurso más radical y extremista, Casado y Abascal perfilaron así una legislatura que se enfrenta ahora a su segundo año, que será bronca y en la que no pretenden dar tregua al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
El 'lawfare' contra el Gobierno
Entre sus amenazas está mantener su estrategia de judicialización –que en el mundo anglosajón se conoce como 'lawfare'– de la política, advirtiendo al nuevo Gobierno de que seguirán acudiendo a los tribunales a recurrir todas aquellas leyes o medidas que no les gusten. Ya lo han anunciado para la nueva ley educativa recién aprobada en el Congreso que el PP ha prometido derogar si llega alguna vez a la Moncloa, al igual que los de Abascal. A lo largo del año también recurrieron los juramentos de la Constitución de los diputados independentistas o la entrada de Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En 2020 el PP también ensayó sin éxito su plan para reunificar a las derechas, una de las principales obsesiones de Casado desde su triunfo en las primarias de 2018, y que tan solo tuvo éxito a la hora de formar gobiernos en comunidades y ayuntamientos con Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox. Su mandato se ha visto condicionado por la división en tres del espectro conservador –PP, Vox y Ciudadanos– que hasta ahora se aglutinaba en su partido y esa es la única explicación, según la dirección de los populares, de que el PP se hundiera en las urnas en los distintos procesos electorales de 2019 y siga sin despegar en las encuestas.
En febrero, Casado logró un acuerdo para iniciar esa “reconstrucción del centro derecha” pactando con Ciudadanos –que a lo largo del año se ha ido descolgando de la foto de unidad de las derechas que representó la concentración de la Plaza de Colón de Madrid de febrero de 2019, abriéndose a pactar con el Gobierno y llegando a acuerdos en materia presupuestaria o para gestionar la pandemia– presentar listas conjuntas en las elecciones vascas. Como parte del proceso el líder del PP derribó una de las piezas que le incomodaban internamente: el exlíder del PP vasco Alfonso Alonso, uno de los mayores exponentes del sector moderado, contrario a la contemporización con Vox alentada por Casado.
El líder nacional de los populares destituyó a Alonso a finales de febrero, justo cuando la pandemia empezaba a mostrar sus primeros síntomas en España, y situó como candidato de la coalición PP+Cs a la lehendakaritza a Carlos Iturgaiz, afín al sector duro del partido, que sin embargo hundió al partido en las elecciones vascas de julio, al perder tres de los nueve diputados autonómicos que había logrado Alonso en 2016, cuando el PP concurrió en solitario.
Frente a la gran apuesta de Casado de esa jornada electoral que también se celebró en Galicia quien salió reforzado fue otro barón considerado del sector moderado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que amplió la mayoría absoluta, la cuarta consecutiva, lo que forzó al líder del PP a simular el giro al centro que supuso la destitución de Álvarez de Toledo y la elección de la exministra –y uno de los principales activos del PP gallego– Ana Pastor, y la actual portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como las caras visibles del partido durante la pandemia.
La oposición durante la pandemia
Al día siguiente de las movilizaciones del 8 de marzo, en las que también participaron dirigentes del PP como la propia Gamarra, Casado comenzó con sus ataques al Gobierno por la gestión de la pandemia, que iba a agravarse esa misma semana con la declaración del estado de alarma. Tanto los populares como Vox, que ese 8M celebró un acto multitudinario en el Palacio de Vistalegre de Madrid, culparon después a las marchas feministas de esa jornada de los contagios por coronavirus. Casado y Abascal llegaron a decir que el Gobierno había llamado a las mujeres a manifestarse a sabiendas de que podían infectarse. “Gritar 'viva el 8M' es como gritar 'viva la enfermedad y la muerte'”, aseguró en junio Abascal, en el Congreso.
El PP apoyó inicialmente el estado de alarma aunque acusó al Gobierno de “graves negligencias”. Luego se sumó a Vox, que desde el inicio de la crisis pidió la dimisión en bloque del Ejecutivo y no apoyó las prórrogas de la alarma. A finales de marzo Casado empezó a asegurar que el Gobierno estaba dando “datos falsos” sobre la pandemia y en el peor momento de la misma, cuando se registraban mil fallecidos al día, el líder del PP dijo por primera eso del “Gobierno de la mentira” que volvió a repetir en su última comparecencia del año, el 29 de diciembre. Desde el primer minuto de la emergencia sanitaria, el líder de los populares siempre sostuvo que lo que debía hacer el Ejecutivo para paliar las consecuencias de la crisis era bajar impuestos y acusó a Sánchez de “parapetarse en la ciencia” en su gestión del virus.
Casado no quiso reeditar unos Pactos de la Moncloa como los que planteó el Gobierno para reconstruir la economía tras la pandemia, pero se apuntó como un triunfo personal que Sánchez aceptara crear una Comisión para la Reconstrucción en el Congreso en la que Ejecutivo y PP tan solo lograron un acuerdo de mínimos, y exclusivamente para el área sanitaria y sobre la Unión Europea. Abascal ni siquiera cogió el teléfono a Sánchez en la ronda contactos que el presidente realizó con los líderes políticos para valorar esos posibles acuerdos. “De este Gobierno solo esperamos su dimisión, pero que antes pague a todos los españoles a los que impide trabajar”, señaló el presidente de Vox.
La formación de extrema derecha insistió durante los últimos meses en acusar al Gobierno de facilitar el resto de partidos “información errónea y manipulada” sobre la crisis sanitaria y de haber “cambiado unilateralmente las condiciones del estado de alarma –cuyos dos primeros decretos sí apoyó Vox– para hacerlo al gusto de lo que le pedían separatistas y extrema izquierda”.
La competición por la dureza de los mensajes entre PP y Vox se trasladó a casi todas las sesiones plenarias del Congreso. “Señor Sánchez, los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. Merecen un Gobierno que les diga siempre la verdad”, aseguró Casado en abril, parafraseando al exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. En la escalada de descalificaciones, Abascal consideró, por su parte, que Sánchez “es el responsable de la peor gestión del mundo” frente al coronavirus y habló de un “Gobierno incontrolado que pretende tener todo el control” . “No hay un plan para sacar a España de la tragedia. No les ha dado la gana de renunciar al chavismo dentro del Gobierno que afecta a la libertad y a la soberanía de esta cámara”, añadió Abascal, llegando a hablar de “los delirios totalitarios” del vicepresidente Pablo Iglesias.
El “punto de inflexión” de la moción de Vox
En octubre, Abascal defendió su moción de censura contra Sánchez tildando a la coalición de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de “mafia” y asegurando que el Ejecutivo es peor que los gabinetes de la dictadura de Francisco Franco. “Es el peor Gobierno que ha habido en 80 años”, dijo. “Es el Gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia del coronavirus. No son ustedes un Gobierno, en realidad son ustedes un frente popular social-comunista en alianza con los separatistas y con terroristas. Una mafia. Son un Gobierno contra la nación, contra el Estado y contra el rey”, añadió.
Solo los diputados de Vox votaron a favor de la moción, en un Pleno que reflejó la soledad de la extrema derecha, ya que el PP votó en contra. La dirección de Casado trató de vender esa ruptura con los de Abascal como un “punto de inflexión” y un enésimo intento por girar al centro, una reclamación de algunos de los principales barones populares desde 2018. El líder del PP pronunció, de hecho, un discurso durísimo contra el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno. “No queremos ser como usted”, le dijo, tratando de marcar distancias con la extrema derecha. Casado mantuvo en cambio los acuerdos con la extrema derecha que permitieron al PP lograr gobiernos autonómicos y, a medida que se acercó el final del año, su discurso fue subiendo en decibelios contra el Gobierno, por lo que en la práctica se mantuvo la contemporización con la estrategia de Abascal, con quien comparten mensajes en asuntos como la inmigración, el aborto o la eutanasia.
El mensaje con el que martillean desde hace más de un año las derechas de Vox, el PP –y hasta hace muy poco Ciudadanos– es que el Gobierno es ilegítimo porque Pedro Sánchez ha pactado con los partidos independentistas catalanes y con EH Bildu. Al tiempo que el Gobierno sumaba apoyos entre equilibrios imposibles –como pactar las prórrogas del estado de alarma con Ciudadanos y los Presupuestos con ERC y EH Bildu– y el bloque de la derecha se disolvía y votaba separado –no solo en la moción de censura de Vox, también en otras importantes votaciones como plan jurídico del PP para hacer frente a la pandemia sin estado de alarma– los decibelios de la campaña contra el Gobierno siguieron creciendo en medio de una competición de improperios.
En pleno supuesto giro al centro, Casado le dijo a Sánchez en el Congreso que el voto de EH Bildu a los Presupuestos es como si Macron pactase con los terroristas de Bataclan o Biden con Al Qaeda. “Ha pactado con los de Hipercor”, dijo el líder del PP, ajeno a las advertencias de distintas víctimas del terrorismo que piden no ser utilizadas contra el Gobierno.
En ese contexto, caldeado además desde las terminales mediáticas de la derecha, hace apenas un mes emergieron los comportamientos de otros partidarios de derribar al “Gobierno ilegítimo”, como los viejos mandos del Ejército ya retirados que calificaron al Gobierno en cartas que trataron de involucrar al rey Felipe VI de “socialcomunista y filoetarra”. A principios de diciembre se conoció, además, la publicación por parte de infoLibre de un chat de WhatsApp en el que otros altos mandos militares retirados vertieron amenazas de muerte y expresaron anhelos de golpes de Estado contra el Ejecutivo.
Ese ruido de sables llegó a colarse en el Pleno del Congreso. El diputado socialista Odón Elorza preguntó al líder de Vox, Santiago Abascal, si él estaba implicado en la carta de los militares retirados que calca los postulados de la extrema derecha, o si tenía algo que ver en las arengas contenidas en el citado grupo de WhatsApp. “¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta según un general de División, habría que fusilar? Díganlo. Ustedes son los que están encendiendo el odio con estos comentarios. Son su gente, los de Vox, la ultraderecha”, apuntó Elorza.
La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, pidió entonces la palabra para contestar a Elorza y, aunque aseguró que no tenía nada que ver con ese chat, a renglón seguido añadió: “Por supuesto que son nuestra gente”. Casado tardó varios días en rechazar los contenidos de esos mensajes de antiguos militares.
PP y Vox finalizaron el año como empezaron, con durísimas acusaciones contra el Gobierno. Casado, en su rueda de prensa de balance que tuvo lugar en medio de una nueva campaña de ataque al Ejecutivo por su plan de vacunación, equiparó a España con una “república bananera” y aseguró que el Gobierno se ha caracterizado por “la mentira”, la “arrogancia” y la “incompetencia”, además de acusarle de “blanquear a Bildu” o de “avalar el régimen asesino y dictatorial de Venezuela”. “Sánchez ha hecho de la mentira y de la traición su forma de gobierno”, añadió en la misma línea Abascal, en un tuit, el 29 de diciembre.