Solo dejó pasar cuatro días desde que el mal trago del Congreso –cuando avaló por la mínima y gracias al error de un diputado del PP la reforma laboral– y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a sentarse con patronal y sindicatos para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022, otro de los compromisos que venía repitiendo desde el inicio de la legislatura. El asunto había quedado aparcado en el diálogo social precisamente para priorizar el acuerdo en la nueva normativa laboral, pero nada más superarse el trámite parlamentario en el rocambolesco pleno del pasado jueves se ha asumido ese incremento sin el concurso de los empresarios que esta vez no posaron para la foto. En buena medida se trataba de pasar página cuanto antes a la victoria agridulce que finalmente ha sido para el Gobierno la aprobación de la medida estrella de la coalición y que había entrado en vigor cuando el Gobierno aprobó el decreto.
El Ejecutivo estaba determinado a subir el SMI a 1.000 euros mensuales sin la patronal. En esto las dos alas de la coalición no tenían discrepancias y estaba pactado que no se podía abordar en plena negociación de la reforma laboral. Los empresarios eran necesarios dentro del acuerdo para convencer a Bruselas, de cuyo visto bueno a la nueva legislación dependen 10.000 millones de euros. Una vez que el Congreso ha dado luz verde al decreto ley y que la decisión no entorpece nada relevante en el seno del diálogo social, el Ejecutivo ha dado ese paso que se encamina a situar los salarios más bajos en el 60% del sueldo medio en 2023, que es el compromiso de legislatura que tienen PSOE y Unidas Podemos en línea con lo que establece la Carta Europea de Derechos Sociales.
Con la decisión ganan, por acción u omisión, todos los agentes involucrados. El Gobierno logra cambiar el marco y pasar página de la reforma laboral, cuya aprobación no ha salido como había querido –y mucho menos en el caso de Unidas Podemos, que tuvo que tragarse el sapo de Ciudadanos ante la negativa de ERC y PNV de asumir un texto al que no podían hacer ninguna aportación–. También los sindicatos mayoritarios se anotan un tanto tras las críticas que implícitamente han recibido, especialmente de las fuerzas progresistas, por haber asumido un acuerdo con muchas limitaciones que no toca, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. Y Antonio Garamendi, presionado en sus propias filas y desde el PP, marca distancias tras haber alcanzado un acuerdo tripartito que no convencía a parte de la patronal y que le ha alejado aún más de la derecha política, aunque públicamente Pablo Casado sellara una tregua.
Pero sobre todo es un balón de oxígeno para Yolanda Díaz tras aprobar su ley estrella con Ciudadanos y no con los aliados progresistas, como fue su intención desde el principio, y que estuvo a punto de encallar por la traición de los dos diputados de UPN, lo que seguramente habría tenido consecuencias impredecibles en su carrera política y también en la propia coalición. En el programa Salvados de este domingo, dejó en el aire la pregunta de si hubiera presentado su dimisión en caso de que su reforma se hubiera estrellado en el Congreso.
Díaz ha usado el SMI para pasar de pantalla y dejar atrás la reforma laboral, la víspera de entrar en campaña en Castilla y León, donde su equipo ha programado un único acto de apoyo a Unidas Podemos, que por primera vez concurre en coalición a esas elecciones regionales. Aunque no es habitual, la vicepresidenta había acudido el lunes a la reunión con los agentes sociales en la que se hizo la primera aproximación, aunque no se quedó hasta el final. “He querido presidir la mesa de diálogo social (...), he querido hacerlo para mandar un mensaje fuerte a nuestro país: el diálogo social continúa, es la mejor herramienta para construir país, para superar las dificultades y para conseguir que salgamos de la crisis con la mayor igualdad posible”, dijo en la rueda de prensa posterior en la que tampoco es corriente que salga la ministra. Pero Díaz quería dejar claro que se había repuesto del mal rato que, según ella misma ha admitido, pasó en el convulso Pleno del Congreso: “Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy pronto el viernes y hoy sigo trabajando. Seguimos avanzando para cambiar nuestro país”.
48 horas después se ha escenificado el acuerdo de una decisión que estaba tomada antes de sentar a los representantes de los empresarios y los trabajadores: la subida del SMI a 1.000 euros con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, otra pelea que Díaz había dado en el seno de la coalición. “Es la propuesta y es la ambición del Gobierno”, aseguraba también este martes Pedro Sánchez en una entrevista en elDiario.es. El Ministerio de Trabajo le ha dado a la firma del entendimiento bipartito el boato de los grandes pactos. “Hemos querido propiciar una nueva mesa de diálogo social para intentar concitar un acuerdo para la subida del SMI este año”, ha expresado Díaz al arrancar su intervención en la que ha recordado que “legalmente” no es obligatorio hacerlo más allá de la consulta previa.
“Siempre les digo que lo importante es el diálogo social y en este caso hemos logrado un acuerdo bipartito. Tenemos una gran satisfacción y una gran alegría”, ha dicho la vicepresidenta, que ha dejado clara su sintonía con los sindicatos: “El Gobierno y los agentes sociales aquí presentes están comprometidos con un modelo de sociedad, empresa y trabajo no basado en bajos salarios”. “El Gobierno cumple con su país. Lejos de lo dicho, escrito y teorizado, subir el SMI ha sido muy positivo para nuestro país y para la economía: una distinta política de rentas nos hace estar mejor. La mejor herramienta para combatir la pobreza laboral es el SMI”, ha zanjado la titular de Trabajo.
El líder de CCOO, Unai Sordo, ha aprovechado para reivindicar el trabajo de los sindicatos ante las críticas que han recibido últimamente. “Este acuerdo salarial entre sindicatos y Gobierno es una muestra evidente diría de hasta la obcecación que estamos teniendo las organizaciones sindicales de que la orientación del diálogo social, de la reforma laboral y las medidas que estamos pactando estén dirigidas a mejorar la vida del precariado, de la gente que peor está”, ha afirmado.
El secretario general del UGT, Pepe Álvarez, por su parte, ha echado un capote al Ejecutivo. “Quisiera tener unas palabras de agradecimiento para el Gobierno. Este es un Gobierno que cumple en contra de lo que algunos están empeñados en decir cada día”, ha aseverado nada más empezar. “Os comprometisteis a que íbamos a tener los mil euros, hoy los mil euros es una realidad con carácter retroactivo a 1 de enero y eso me parece muy importante”, ha dicho dirigiéndose a Díaz.
Nuevo frente en la coalición: la reforma fiscal
Una vez sorteado el terremoto de la votación de la reforma laboral y con las réplicas aún produciéndose –queda por ver el recorrido judicial que tienen los recursos que han anunciado PP y Vox–, Podemos ha abierto un nuevo frente que no ha sentado bien en las filas socialistas. En la recta final de la campaña electoral, el partido que dirige Ione Belarra ha intensificado los actos sobre su propuesta de reforma fiscal. En uno de ellos participaron representantes de ERC y EH Bildu en un momento en el que Moncloa asegura que no se ha resentido la relación con los socios habituales por la reforma laboral y que da por hecho que seguirán siendo aliados prioritarios lo que queda de legislatura.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado molesta por la actuación de Podemos y ha asegurado en TVE que es “inoportuna” dado que el Gobierno está a la espera de las conclusiones del comité de expertos designado para abordar esa reforma. “Somos un Gobierno de coalición, los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales”, se ha reivindicado Belarra. En Moncloa enmarcan su propuesta en el ámbito de los partidos mientras que “el Consejo de Ministros se reúne y toma decisiones”. Díaz, por su parte, reconoció que “PSOE y Unidas Podemos tienen propuestas diferentes en materia fiscal” aunque no ha mostrado mucho entusiasmo en abordar esta cuestión precisamente ahora. “Nuestra posición es clara”, dijo quitándose la chaqueta de vicepresidenta al defender el criterio del socio minoritario, aunque se la puso después para asegurar que van a “respetar los trabajos que se están formalizando y que lidera María Jesús Montero con el equipo de expertos y expertas” y sentenciar: “El Gobierno de España hablará a través del Ministerio de Hacienda”.