La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha relevado al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.
Castro cesa a Bal por pérdida de confianza y detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés, después de que la Abogacía optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar por rebelión a los líderes del proceso soberanista.
El de abogado del Estado jefe de lo Penal es un cargo de confianza dependiente de la abogada general y en este caso se ha producido una quiebra de esa confianza, según las fuentes. Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación
La Abogacía del Estado presentó el pasado 2 de noviembre su escrito de acusación en el Tribunal Supremo. En el reclama hasta 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya en contra del criterio del Tribunal Constitucional.
El delito de sedición castiga a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” con el objetivo de “impedir” por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones.
El órgano que defiende los intereses del Estado se distanció así de la Fiscalía y descartó el delito más grave, el de rebelión, y que establece de forma muy clara que ese alzamiento debe ser público y, por tanto, notorio y manifiesto; y también violento, es decir, ir acompañado del ejercicio de la fuerza física o de algún tipo de amedrentamiento.